OSHA, SCOTUS y COVID-19

Cada semana surgen nuevas evidencias de que las instituciones capitalistas estadounidenses gestionan mal la sociedad y sabotean cualquier acción que pueda ayudar al pueblo trabajador, que es quien crea toda la riqueza de la sociedad.

Enfermeras Nacionales Unidas

A mediados de enero, el Tribunal Supremo reafirmó su papel histórico como servidor de los monopolios especuladores, un papel que ha desempeñado desde que asumió la posición de árbitro de la Constitución cuando Estados Unidos era todavía una esclavocracia. Nombrados de por vida, los miembros del SCOTUS no responden directamente a ninguna institución popular. El SCOTUS ha conservado la propiedad de los ricos, ya sean éstos esclavizadores de seres humanos o centibillonarios de la tecnología de la información.

El Tribunal Supremo no sólo es una institución pro-propiedad, sino que actualmente está dominado por individuos ultrarreaccionarios. Su mayoría de derechas incluye a quienes se ganan la repulsa de todos los trabajadores y oprimidos de Estados Unidos con cada decisión que toman.

Con su decisión del 13 de enero, el SCOTUS impidió que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo aplicara un mandato a los grandes empleadores destinado a proteger a los trabajadores del COVID-19. La OSHA había dicho previamente a estas grandes empresas que debían garantizar que sus empleados que trabajaban junto a otros trabajadores o al público estaban vacunados o se sometían a pruebas periódicas.

La OSHA se fundó en 1970 como una concesión a los trabajadores, con el objetivo declarado de evitar muertes, lesiones y enfermedades en el trabajo. Forma parte de la burocracia gubernamental capitalista. Sin embargo, la OSHA ofrece una oportunidad a los trabajadores, sindicalizados o no, de resistirse a la negligencia de los empresarios en cuanto a las medidas de seguridad en su inexorable afán por maximizar los beneficios.

Aunque hay muchos peligros en el trabajo, el peligro actual más importante es el de la pandemia del COVID-19. Las empresas estadounidenses, en su afán por producir los máximos beneficios para sus accionistas, se han apresurado a reincorporar a sus trabajadores al trabajo sin apenas tener en cuenta su seguridad.

La existencia de las corporaciones como instituciones lucrativas depende de su voluntad de sacrificar a sus trabajadores. El hecho de que esta elección sea inevitable y legal en el capitalismo no la convierte en un crimen menor contra la clase trabajadora. Los que toman la decisión deben enfrentarse al juicio de los trabajadores cuyas vidas amenazan.

Ni la última administración, que saboteó la salud pública, ni la actual han mostrado competencia en la lucha contra el COVID-19. Sin embargo, al imponer un mandato de seguridad a través de la OSHA, la administración Biden intentó presionar a todas las grandes corporaciones para que actuaran juntas para aumentar la seguridad de los trabajadores. Muchos jefes se negaron a sacrificar los beneficios y demandaron para detener el mandato.

En cuanto a la COVID-19, lo que hizo la decisión del Tribunal Supremo fue ayudar a estos propietarios saboteando el intento de la OSHA de proteger la seguridad de los trabajadores. El SCOTUS bloqueó la capacidad de la OSHA para realizar las tareas que le corresponden. La decisión del 13 de enero no sólo ayuda a la propagación de la COVID-19, sino que también podría extenderse para debilitar o desmantelar otras directivas de la OSHA para proteger la seguridad de los trabajadores.

El mensaje del SCOTUS a la clase trabajadora de EEUU es claro:

O forman sindicatos que puedan imponer directamente requisitos de seguridad a los empresarios y corporaciones, bajo el control de los trabajadores, o sacrifican su salud y vida.

Movilízate para eliminar el Tribunal Supremo inherentemente antiobrero.

Organízate a largo plazo para sustituir el sistema capitalista -que no sólo explota a los trabajadores sino que los mata- por un sistema que anteponga la seguridad humana a los beneficios: el socialismo.