Cuando el encarcelamiento es política de vivienda
un comentario de WW

En 1987, el notorio racista Frank Rizzo intentaba volver a la alcaldía de Filadelfia. Había perdido su reelección como alcalde siete años antes. El programa electoral de Rizzo podría haber sido redactado por el Ku Klux Klan, grupo que había apoyado al policía tirano 10 años antes.

¿Cuál era el tema estrella de su campaña? Arrestar a todos los sin techo de la ciudad por vagabundeo. “Gente de ventilación”, los llamó. “No pueden tomar sus propias decisiones”.

En ese momento había 15.000 personas sin vivienda en Filadelfia. Las desastrosas políticas de austeridad neoliberal del entonces presidente Ronald Reagan habían contribuido a dejar sin trabajo a casi 7 millones de personas en todo el país. Filadelfia era una de las muchas ciudades destruidas por la desindustrialización. El desempleo, la pobreza y la ira eran visibles en las calles.

“Es un acto humano sacarlos de las calles”, dijo Rizzo a la estacion radial, Radio KYW ese año. “No podemos tenerlos tirados en la calle”.

Pocos se creyeron la sangrienta táctica de Rizzo de impulsar los encierros masivos. Su candidatura a la reelección fracasó y murió pocos años después, tras sufrir un infarto masivo después de caminar por uno de los distritos históricamente negros de Filadelfia. Pero sus recetas políticas le sobrevivieron.

Sólo en 1987, más de 100.000 personas estaban encerradas en prisiones y cárceles del condado en todo el estado de Pensilvania. Según las propias estadísticas del estado en aquella época, en promedio una persona detenida allí permanecía bajo llave durante 443 días, más de un año.

Treinta años después, policías y sheriffs desde Filadelfia hasta Los Ángeles están cometiendo la crueldad policial de Rizzo, al llevar a cabo las llamadas “redadas de indigentes”. Incluso los defensores de mentalidad liberal de este traslado forzoso de los miembros más pobres de nuestra clase afirman que las detenciones se realizan por compasión, así como por seguridad pública. Pero esa retórica humanitaria de doble cara no cambia la inhumanidad de la política.

Y ningún defensor de este enfoque de la crisis de la vivienda, al estilo de Rizzo, puede responder a esta sencilla pregunta de los desalojados: “¿Dónde se supone que vamos a ir?”

Sabemos que las cárceles de todo el país están llenas de personas en espera de juicio, cuyo único delito es no poder pagar la fianza. El ingreso medio anual de las personas que se encuentran en las cárceles de Filadelfia es de $4.500, según un podcast de Citations Needed.

El encarcelamiento no es la solución a la falta de vivienda. Es una de las causas.

Cuando una persona va a la cárcel, aunque sea por una noche, corre inmediatamente el riesgo de perder su trabajo y su casa.

En California, en 2018, había casi 92.000 personas que no tenían ningún tipo de refugio o vivienda; el 70% de ellas -casi 65.000 trabajadores pobres- habían sido encarcelados en algún momento de sus vidas. Se estima que más de 25.000 personas que han salido de la cárcel en el año anterior estaban viviendo en la calle. (California Health Policy Strategies, 2018)

Podemos extrapolar esta cifra a la totalidad de EE.UU. En todo el país, las personas excarceladas tienen 10 veces más probabilidades de quedarse sin hogar que el resto de la clase trabajadora. Unos 5 millones de personas pasan por las prisiones, cárceles y centros de detención de Estados Unidos cada año. La Alianza Nacional para Acabar con el Sinhogarismo calcula que hay más de medio millón -582.000 personas- de trabajadores sin hogar y sin vivienda en Estados Unidos en todo momento dado.

Rebecca Jackson, directora de Cameo House, un programa de alojamiento con sentencia alternativa para mujeres en la zona de la bahía de San Francisco, declaró a Los Angeles Times: “Somos pobres, somos negras y tenemos antecedentes penales”, dijo. “Apiladas contra apiladas”. 

Las mujeres y las personas no conformes con el género tienen muchas más probabilidades de quedarse sin hogar debido al encarcelamiento que los hombres; todas las personas negras y latinas tienen más probabilidades de quedarse sin alojamiento que sus homólogos blancos. (prisonpolicy.org)

Según el diario Los Angeles Times del 2 de agosto, “los inquilinos suelen estar a merced de los propietarios privados que realizan comprobaciones de antecedentes penales. Las normas restringen el acceso a las viviendas subvencionadas por el gobierno federal a las personas que han sido condenadas por determinados delitos, incluidos los de drogas y los sexuales”.

Por lo tanto, podemos estar seguros de que dos cosas son ciertas en Estados Unidos: que el encarcelamiento se correlaciona con la falta de vivienda en el futuro, y que la falta de vivienda es un delito por el que se puede ser arrestado. Esto no es sólo una paradoja. Es una política.