Panamá: Los trabajadores se declaran en huelga y consiguen una reducción de precios

La autora estaba en Ciudad de Panamá, Panamá, de viaje de estudios con su hija, cuando comenzó la huelga nacional para reducir los precios el 1 de julio. Combina sus observaciones con la investigación para contar esta historia.

El pueblo panameño ha ganado una importante batalla. Están en las calles desde el 1 de julio exigiendo a su gobierno que reduzca el coste de la vida y de los bienes necesarios, cuyos precios repercuten en el día a día de los panameños. También exigen que el gobierno abandone la protección de las normas neoliberales que protegen a la élite del poder del país. 

El día que comenzó la huelga, desde la cima del cerro Ancón, en Ciudad de Panamá, se podía escuchar un cántico lejano que sonaba a protesta. Es difícil ignorar las marcadas diferencias entre los barrios desarrollados y los subdesarrollados. 

En Ciudad de Panamá, cerca de la Plaza de la Independencia hubo una manifestación “Alto a la gentrificación”. Las diferencias en las condiciones de vida de una manzana a otra eran muy marcadas. En una manzana había bares, restaurantes y tiendas para turistas. A dos manzanas había viviendas precarias con sábanas a modo de puertas y ventanas.

Dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de la capital, Ciudad de Panamá; de la Asociación Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO), de Veraguas; y de las organizaciones indígenas de la comarca Ngäbe Buglé organizaron y convocaron el paro nacional. 

El pueblo exigió al gobierno del presidente Laurentino Cortizo la congelación de los precios de los combustibles, las medicinas y otros productos básicos; la solución al desabastecimiento de medicinas; la mejora de las condiciones en el sector de la salud y la educación; el aumento de los salarios y las pensiones; la reparación de las infraestructuras públicas del país; el compromiso de acabar con la corrupción; el rechazo a las bases militares estadounidenses; la retirada de sus planes de recortar el 10% de la plantilla del sector público; y la implantación de un programa de jubilación voluntaria para los empleados del sector público, entre sus 30 demandas. 

Es evidente que las necesidades básicas del pueblo han sido ignoradas por el gobierno neoliberal, lo que ha provocado que millones de panameños se acuesten con hambre. El pueblo ha sufrido la pandemia del COVID-19 y los efectos de las sanciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia. 

La huelga nacional cerró las carreteras e interrumpió los servicios, ya que los piquetes bloquearon el acceso a los edificios públicos. Los organizadores persistieron a pesar de la represión del gobierno, los ataques de los medios de comunicación y las agresiones de las fuerzas de la derecha, que las fuerzas de seguridad ignoran descaradamente. 

Tras tres semanas de negociaciones, el 24 de julio el régimen aceptó una disminución del 30% en los precios de más de 72 productos esenciales. El gobierno aceptó apoyar los topes de precios y las subvenciones a las marcas nacionales y reforzar el organismo encargado de regular los precios y la calidad de los servicios: la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). 

Los dirigentes del paro nacional son persistentes y señalan que siguen negociando la reducción y congelación de precios de los combustibles y la electricidad, el costo y la falta de medicamentos, la asignación del 6% del PIB para el presupuesto de la educación pública, entre otras demandas.

Las demandas del pueblo son justas y dignas. Demuestran que el pueblo exige el fin de las políticas neoliberales y represivas; y a pesar de la represión, seguirá luchando hasta alcanzar la victoria.