¡Basta ya!

¡Saquen los pañuelos!

Los jueces ultraderechistas no elegidos y nombrados para toda la vida del Tribunal Supremo de Estados Unidos corren el riesgo de ver heridos sus sentimientos, –esta vez por justos manifestantes decididos a proteger su derecho a decidir por sí mismos si llevar o no a un niño a término. 

Según un informe filtrado el 2 de mayo, los jueces Samuel Alito, Amy Coney-Barrett, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y posiblemente el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tienen la intención de quitarles ese derecho tan básico.

Prepárense para otra actuación lacrimógena de Kavanaugh, que recordará el testimonio de su audiencia de confirmación en el Senado en 2018, después de que la doctora Christine Blasey Ford hiciera pública la agresión sexual del futuro juez contra ella cuando tenía 15 años.

Ahora este odiador de mujeres y su familia, junto con todos los jueces y sus familias, tendrán seguridad reforzada a costa de los contribuyentes. En una repugnante muestra de “bipartidismo”, los 100 senadores de EE.UU. firmaron un proyecto de ley -haciendo innecesaria una votación formal- para permitir la protección adicional después de que se produjeran protestas pacíficas frente a las casas de algunos jueces.

No sólo los conservadores, sino también los políticos “liberales” y los medios de comunicación declaran que las protestas son ilegales y erróneas. “Simplemente no es apropiado, ni es legal hacerlo en la residencia de los jueces”, dijo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin. (Washington Post, 12 de mayo) “El Presidente puede optar por calificar las protestas, los disturbios y las incitaciones a la violencia como mera pasión”, dijo el senador de Iowa Chuck Grassley. “Pero estos intentos de influir e intimidar a los miembros del poder judicial federal son una afrenta a la independencia judicial”. (CNN, 12 de mayo) Grassley y Youngkin son ambos republicanos. 

Para no ser menos, el senador demócrata de Illinois Dick Durbin calificó las manifestaciones de “reprobables”. (New York Times, 12 de mayo)

El gobierno del presidente Joe Biden ha sido atacado por no denunciar las protestas directamente, limitándose a pedir que sigan siendo pacíficas. Hasta ahora las protestas han consistido en vigilias con velas y piquetes con pancartas, sin que nadie haya puesto un pie en la propiedad de los jueces. No son actos amenazantes.

Estamos de acuerdo con la manifestante Lacie Wooten-Holway, que ha estado frente a la casa de su vecino Kavanaugh: “Podemos ser incívicos”, si el tribunal decide lo que las mujeres y las personas embarazadas pueden hacer “con el único hogar literal que tendremos por el resto de nuestras vidas, que es nuestro cuerpo”.

Incluso si los miembros del tribunal tuvieran una razón para sentirse inseguros, ¿qué es eso comparado con el terror vital de volver a hacer ilegal el aborto? ¿Y qué ha hecho la Corte Suprema para detener décadas de terror neofascista llevado a cabo por los “pro-vida”: los asesinatos de médicos y acompañantes de clínicas, los atentados, las amenazas violentas al personal y a los pacientes?

Mientras tanto, el mismo Senado que acordó por unanimidad “proteger” a los jueces de la Corte Suprema ha negado la protección de los derechos sanitarios básicos a las mujeres y a las personas no conformes con el género que pueden tener hijos. El 11 de mayo, los senadores votaron por 51 a 49 para eliminar la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres, que habría dado protección federal a los proveedores de servicios de aborto, un derecho apoyado por la mayoría de la población de Estados Unidos.

Las mujeres y las personas con problemas de género tienen derecho a exigir justicia reproductiva por cualquier medio necesario: legal, pacífico, civil o de otro tipo. Estos “justicieros” tienen que rendir cuentas por sus acciones, que provocarán innumerables muertes.

Nuestros derechos están por encima de las falsas preocupaciones de seguridad de un alto tribunal dominado por alimañas misóginas, racistas, intolerantes y despreciables.