Comentario: Necesitamos la abolición de las prisiones, no la reforma

Casi 2,3 millones de personas encarceladas cada día en prisiones, cárceles y centros de detención de Estados Unidos, se enfrentan a posibles condenas de muerte mientras están encerradas durante una pandemia respiratoria mortal. A pesar de enfrentarse a condiciones inhumanas e insalubres, han mostrado una gran solidaridad entre ellos y resistencia a su brutal opresión.

Desde el comienzo de la pandemia, las prisiones y los centros de detención del ICE en todo Estados Unidos han informado de al menos 460.918 casos totales acumulados entre las personas encarceladas y 2.933 muertes totales acumuladas, según el proyecto de datos Behind Bars de UCLA Law COVID. 

Este proyecto se asegura de señalar que los verdaderos recuentos de casos y de mortalidad son probablemente más altos, y pueden ser significativamente más altos, que los reportados. Este recuento insuficiente se debe a que los datos disponibles son autodeclarados por los organismos penitenciarios, que pueden estar ocultando los casos notificados debido a las malas prácticas de análisis de muchos organismos, pero el recuento insuficiente también se debe a que muchos organismos penitenciarios han dejado de notificar los datos de COVID-19. (uclacovidbehindbars.org/)

Algunos de los datos más alentadores recogidos sobre los miembros de nuestra clase entre rejas proceden de proyectos como Perilous Chronicle, (PC), que ha mantenido una lista actualizada con fuentes de noticias que detallan los levantamientos, huelgas de hambre, fugas y otros diversos actos de resistencia disponibles para el público.

PC ha estado siguiendo estos actos de resistencia por parte de personas encarceladas en Estados Unidos y Canadá desde finales de 2010. Dado que la pandemia ha exacerbado las ya nefastas condiciones en el interior, el número de actos de resistencia registrados ha aumentado. (perilouschronicle.com)

En 2021 se registraron al menos 112 actos de negativa a aceptar las condiciones de muerte. Se trata de una disminución con respecto a los al menos 180 actos de resistencia registrados en 2020 en las prisiones, cárceles y centros de detención de Estados Unidos, que aumentaron notablemente con respecto a los años anteriores. 

La pandemia agrava el sufrimiento

La crisis del COVID-19 entre rejas ha suscitado una serie de respuestas deslucidas y peligrosas por parte de los distintos organismos carcelarios a nivel federal, estatal y local. 

El aislamiento, ya de por sí extremo mientras se está encarcelado, se agrava cuando la respuesta a la rápida propagación del virus es el encierro de las personas encarceladas en sus celdas, con un acceso mínimo, si es que lo hay, a la higiene básica, como las duchas diarias, por no hablar de los niveles de recreación básicos necesarios para mantener la salud corporal.

Muchas instalaciones suspendieron las visitas en persona con sus seres queridos, que para muchos son uno de los pocos lugares de conexión humana con sus comunidades más amplias de las que fueron secuestrados.

La atención médica de calidad entre rejas ya es difícil de conseguir, si es que las personas encarceladas pueden acceder a ella. La atención a la salud mental es en gran medida inexistente en un entorno que a menudo ha llevado a las personas a quitarse la vida porque las condiciones son muy brutales.

Los suicidios en las cárceles y prisiones de Estados Unidos aumentaron considerablemente entre 2000 y 2019, según un estudio publicado en octubre de 2021 por la Oficina de Estadísticas de Justicia. (The San Diego Union-Tribune, 7 de octubre de 2021)

Varios sistemas federales, estatales y locales de prisiones, cárceles, centros de detención de menores y migrantes están descentralizados. Una cosa que muchos de esos sistemas tienen en común es la propagación del virus a través de los traslados de personas encarceladas, desde instalaciones de procesamiento y otras unidades, realizados durante una pandemia altamente contagiosa, sin pruebas y/o protocolos de cuarentena.

Construir hacia la revolución

Incluso antes de la pandemia, las prisiones, cárceles y centros de detención eran una crisis de salud pública. Encarcelar a tantas personas -la mayoría de las cuales están histórica y desproporcionadamente oprimidas en este país por motivos de raza, género, discapacidad y clase, entre otros- es hacerlas vulnerables a una muerte prematura, debido a la violencia organizada y al abandono organizado por el estado capitalista.

La violencia organizada de los policías, los tribunales y las jaulas -en tierras indígenas robadas- y el cierre sistemático de hospitales, la falta de vivienda en masa y el racismo medioambiental son algunos ejemplos que ejemplifican la desigualdad. Y estas condiciones estructurales son la causa de la desigualdad a largo plazo en este continente desde que llegaron los colonizadores.

Los colonizadores han impuesto la guerra de clases desde sus posiciones dominantes desde el desembarco del otro lado del Océano Atlántico, con diversos medios de trabajo forzado y explotado para el beneficio de unos pocos, especialmente la esclavitud. Las prisiones, las cárceles y los centros de detención son una de las herramientas más eficaces que tiene la clase dominante para imponer el control social y hacer bajar los salarios de toda la clase trabajadora.

Desde un movimiento de abolicionistas siempre presente y en constante crecimiento en Texas, que rechaza la guerra contra los migrantes a través de la Operación Lonestar del gobernador Greg Abbott, hasta todos y cada uno de los 38 países a los que se ha exportado el modelo represivo de prisiones y policía de Estados Unidos, estamos luchando por la abolición como si nuestras vidas dependieran de ello. Porque así es.

El imperio estadounidense tiene una violenta historia de institucionalización y codificación de la supremacía blanca. Las prisiones, en su forma y función, son monumentos a la supremacía blanca. Son campos de concentración para los pobres, las nacionalidades oprimidas y los disidentes.

Esto se ejemplifica en este momento de pandemia global, donde las muertes aceleradas y completamente evitables de personas dentro y fuera de las prisiones son un acto de genocidio. Esto no viene como una revelación sino como una llamada a la acción.

No estamos construyendo hacia la reforma de ninguna de estas instituciones. Las prisiones, las cárceles y los centros de detención son en sí mismos una forma de esclavitud y de encomiendas (las concesiones de tierras de la Corona española a los colonos españoles que conferían derechos de tributo y trabajo forzado a los habitantes indígenas). La reforma nos da más de lo que ya tenemos: estructuras de violencia incesante que siguen manteniendo la acumulación de riqueza para los traficantes de personas y los perpetradores de genocidio.

Estamos construyendo hacia la abolición, hacia la revolución. Apoyamos la diversidad de tácticas y el derecho de los oprimidos a la autodefensa y la autodeterminación por cualquier medio. Luchamos por reorientar los recursos robados hacia las necesidades humanas, como la atención sanitaria, la vivienda, el agua potable y los alimentos, y por transformar las causas profundas del sufrimiento y la violencia.

Lo que construyamos juntos, tras derribar los muros de las jaulas capitalistas, para proteger a los miembros vulnerables de nuestra clase, así como a nosotros mismos, marcará la diferencia.

 

Mirinda Crissman es copresidenta del Comité de Solidaridad con los Presos de Workers World Party/Partido Mundo Obrero.