Texas: ‘¡Alto a ataques a los derechos reproductivos! No, a la Ley 8 del Senado’ 

El gobernador Greg Abbott dijo a los medios de comunicación el 19 de mayo: “Nuestro creador nos dotó del derecho a la vida”, mientras firmaba el proyecto de ley antiaborto más restrictivo del país en Austin, Texas. En ocho horas, aprobó el linchamiento legal racista de Quintin Jones en la cámara de la muerte de Huntsville, demostrando que el “derecho a la vida” no se aplica a todos los vivos.

Casi una docena de otros estados han aprobado proyectos de ley draconianos como el de Texas, que limitan los abortos después de seis a ocho semanas de embarazo, sin excepciones para las víctimas de violación o incesto. La ley de Texas añade restricciones aún más brutales. El gobierno estatal no hará cumplir esta ley, pero cualquier persona en cualquier estado de Estados Unidos puede demandar a quien no sólo practique un aborto en Texas después de las seis semanas de embarazo, sino a cualquiera que esté involucrado. ¡Y ni siquiera tienen que conocerlos!

Se pueden presentar cargos penales contra cualquier persona que trabaje en una clínica, desde los médicos hasta las recepcionistas: las personas que lleven a sus amigas a una clínica; un consejero de crisis por violación que explique las opciones a las víctimas de violación que quieran interrumpir un embarazo; cualquiera que done o sea voluntario en una organización que financie abortos, o incluso aquellos que digan a una amiga el nombre de un proveedor de abortos.

Los expertos jurídicos comentan que se trata de una ley inteligente, porque los proveedores de abortos no pueden demandar al fiscal general del estado ni a otros funcionarios porque no tienen ninguna función en la aplicación de la ley. Los operadores de las clínicas, en cambio, sí pueden ser demandados.

Rápida oposición a la Ley 8 del Senado 

En una manifestación celebrada en Austin el 29 de mayo, 500 personas condenaron la nueva ley y al gobernador por haberla firmado. Una pancarta decía: “Estás a favor de la vida hasta que el bebé es pobre, transgénero, negro, gay, mexicano, indígena, discapacitado, enfermo, etc.”. En otro se leía: “Protege a los fetos: ‘Prohíbe el fracking’ y ‘Evita la contaminación’”.

Entre los aplausos de sus compañeros de clase y del personal, Paxton Smith, la mejor estudiante del instituto Lake Highlands, cerca de Dallas, rompió desafiantemente su discurso de despedida aprobado de antemano en su ceremonia de graduación el 3 de junio. Denunció con valentía esta ley draconiana y subrayó: “¡No podemos quedarnos callados!”.

Amy Hagstrom Miller, directora general de Whole Woman’s Health, operadora de clínicas en Texas, dijo: “Están decididos a legislar el aborto para que deje de existir. Vemos de primera mano que las comunidades negras y morenas son las más afectadas por estas leyes opresivas, y sabemos que estas leyes no reflejan los valores que tienen los tejanos.” (reproductiverights.org, 19 de mayo)

Frontera Health, con sede en el Valle del Río Grande, fronterizo con México, respondió: “Este proyecto de ley es perjudicial para todo Texas y especialmente para nuestra comunidad fronteriza. Atendemos a un número de individuos con barreras de documentación. Este proyecto de ley destruye cualquier vía para que reciban la atención que merecen. Nuestro papel como fondo para el aborto es ayudar a la gente a navegar y superar las extensas e innecesarias restricciones que Texas ya tiene en vigor.” (abortionfunds.org, 5 de mayo)

Además, “pensar que nosotros y cualquiera que ayude a alguien a abortar en Texas puede ser demandado por cualquier persona en los Estados Unidos es incomprensible. Esto es un ataque directo a nosotros y a la comunidad a la que servimos”.

Elisabeth Smith, asesora principal del Centro de Derechos Reproductivos, dice que los defensores de la salud reproductiva están elaborando una estrategia legal para oponerse a esta medida extrema, cuya promulgación está prevista para el 1 de septiembre. Según ella, “la ley será impugnada con el objetivo de impedir que entre en vigor”. (The Guardian, 19 de mayo)

Diana Gómez, de Progress Texas, dijo: “Permítanme ser clara: el aborto es una atención sanitaria, y sigue siendo legal en Texas. Esta prohibición del aborto de seis semanas es inconstitucional, y otras como ésta han sido anuladas por los tribunales federales de todo el país”.

“Roe v. Wade sigue siendo la ley del país; e independientemente de cualquier proyecto de ley que firme el gobernador [Greg] Abbott, ninguna ley impedirá que se produzcan abortos. Es lamentable que los políticos antiabortistas estuvieran más centrados en restringir el acceso a la atención médica esencial en esta sesión que en proporcionar alivio al COVID y en abordar nuestra fallida red eléctrica.” (kxan.com, 19 de mayo)

Mientras que la nueva ley de Texas será combatida en los tribunales, los activistas de la justicia reproductiva deben estar atentos a la audiencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre un caso de Mississippi en otoño. Este será el primer caso de aborto que el máximo tribunal verá con su mayoría conservadora de 6-3. El tribunal sopesará la constitucionalidad de una ley de Misisipi de 2018 que prohíbe el aborto después de la 15ª semana de embarazo. Podría socavar la sentencia Roe v. Wade de 1973 que legalizó el derecho a elegir el aborto.

Al igual que las mujeres, las personas de otros géneros y sus aliados lucharon para que el aborto fuera legal, seguirán luchando contra las restricciones a este derecho básico. Ningún gobierno debe interferir nunca en la atención sanitaria. Abortar es una decisión personal sobre el cuidado de la salud. Todas las personas que puedan quedarse embarazadas deben exigir el derecho a controlar su propio cuerpo. Y punto.