En abril de 2014, la ciudad de Flint, en Michigan, tomó la fatal decisión de cambiar su suministro de agua del Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit al río Flint, fuertemente contaminado. Los habitantes de Flint han esperado casi siete años para que los responsables -en particular el exgobernador Rick Snyder- se enfrenten a cargos penales.
Esa espera ha llegado a su fin. Sin embargo, los residentes de Flint están enfadados y decepcionados por los cargos reales presentados por la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, contra Snyder: sólo dos cargos de negligencia intencionada del deber. Los funcionarios actuales y anteriores de menor rango se enfrentan a cargos más graves, como perjurio, mala conducta en el cargo y homicidio involuntario. Nueve personas han sido acusadas.
“Snyder recibió un tirón de orejas, y Flint recibió una bofetada en la cara”, dijo la ex alcaldesa de Flint Karen Weaver. “No sólo la gente perdió la vida a causa de la [enfermedad] del legionario, sino que conocemos a mujeres que parieron a sus bebes ya muertos/as s y otras que tuvieron abortos espontaneos”.
Como dijo la activista comunitaria de la crisis del agua de Flint, Melissa Mays, “el hecho de que aquí, si eres un hombre blanco y rico, no es realmente un crimen envenenar los cuerpos de los negros y los morenos y que puedes salirte con la tuya”. (NBC 25, 14 de enero)
Las quejas de los consumidores de agua de Flint comenzaron poco después de que la ciudad se desconectara del DWSD. Entre ellas figuraban un agua de color marrón, con mal olor y mal sabor; sarpullidos en la piel; y niños que mostraban signos de envenenamiento por plomo. Los altos niveles de plomo se encontraron en el agua debido a la decisión de recorte de costos de no añadir productos químicos anticorrosivos al agua del río.
Sin embargo, el gobernador Snyder no “declaró el estado de emergencia y/o desastre cuando tuvo conocimiento de una amenaza de desastre y/o emergencia en la ciudad de Flint”, según la acusación, esperando hasta enero de 2016 para emitir la declaración. Tampoco “investigó el desempeño, la condición y la administración de las oficinas y funcionarios públicos que nombró y que debía supervisar.” Snyder se enfrenta a un máximo de un año de prisión y a una multa de 1.000 dólares.
Los cargos de homicidio involuntario se derivan del brote de legionelosis que enfermó a más de 90 personas y mató a 12.
La racista ‘ley del dictador’ y el envenenamiento del agua de Flint.
A partir de 1990, la legislatura de Michigan aprobó una serie de proyectos de ley que permitían al gobernador imponer un “gestor financiero de emergencia” -rebautizado como “gestor de emergencia” con poderes más amplios en 2011- sobre una ciudad, condado o distrito escolar que se considerara en dificultades financieras. Los sucesivos proyectos de ley se dirigieron principalmente a ciudades de mayoría negra, como Detroit, Flint y Benton Harbor. Dieron al ME amplios poderes dictatoriales para romper los contratos sindicales, vender o privatizar los activos de la comunidad y anular los consejos municipales elegidos, los alcaldes y las juntas escolares.
Había una estipulación: Los pagos de capital e intereses a los bancos y a los propietarios de bonos deben ser pagados.
Los activistas de base lanzaron una campaña de petición masiva, poniendo la odiada Ley Pública 4 en la boleta electoral en 2012. Los votantes derribaron lo que se había apodado “la ley del dictador”. Pero en lugar de respetar la voluntad democrática del pueblo, los legisladores de Michigan aprobaron un nuevo proyecto de ley de EM, PA 436, con pequeñas variaciones.
La decisión de cambiar el suministro de agua de Flint fue tomada por el EM Darnell Earley y continuada por su sucesor, Gerald Ambrose. Ambos se enfrentan a cargos de delito grave con hasta cinco años de prisión. Pero el gobernador que los nombró y mantuvo -y que más tarde asignó a Earley la supervisión de las escuelas públicas de Detroit, donde el envenenamiento por plomo también ha sido un problema- ¡sólo está acusado de delitos menores!
En cambio, el ex alcalde de Detroit, Kwame Kilpatrick, está cumpliendo una condena de 28 años derivada de un escándalo de corrupción que no enfermó ni mató a nadie. Snyder es blanco y Kilpatrick es negro. Se trata de un racismo flagrante, el mismo racismo que está detrás de la ley de EM que, en el momento de la crisis del agua de Flint, tenía al 50% de los residentes negros de Michigan bajo gestión de emergencia en comparación con el 2% de los blancos de Michigan.
Los cargos de la investigación realizada por el anterior fiscal general republicano, Bill Schuette, ni siquiera incluían a Snyder. Después de que Nessel -demócrata y lesbiana declarada elegida junto con la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer en 2018- asumiera el cargo, desechó la investigación de Schuette y comenzó de nuevo. Si bien la acusación de Snyder en esta ocasión debería haberse producido hace mucho tiempo; como funcionario de más alto rango vinculado al sufrimiento de Flint, en realidad debería enfrentarse a los cargos más graves.
Otras partes responsables no fueron acusadas en absoluto, incluyendo la dirección del Departamento de Calidad Ambiental de Michigan nombrada por el gobernador. Desde abril de 2014 hasta octubre de 2015, el MDEQ insistió en que el agua de Flint era potable.
Los criminales corporativos se libran de los cargos.
Hay otras partes responsables, además de los funcionarios elegidos y designados, en la tragedia que se produjo en Flint. Aunque sus decisiones enviaron agua tóxica a los hogares de las familias de la ciudad, la pregunta sigue siendo: ¿Por qué el río Flint estaba tan contaminado?
Durante más de un siglo, las corporaciones vertieron residuos industriales en el río -en particular, una corporación ha estado más estrechamente asociada con Flint: General Motors. La ciudad se ha contaminado con arsénico, cromo, mercurio, plomo, disolventes y otras toxinas que tardarán siglos en disolverse. Mientras los niños de Flint se enfermaban, GM pudo cambiar tranquilamente su proveedor de agua a un suburbio cercano, cuando la empresa se dio cuenta de que las piezas del motor se estaban corroyendo.
Esta misma empresa, que ha cerrado 9 de las 10 plantas que antes dominaban el paisaje de la ciudad, ha erosionado la base fiscal de Flint, impulsando las medidas de reducción de costos que finalmente resultaron mortales. En el momento de la crisis del agua, Flint tenía el mayor índice de pobreza de todas las ciudades de Michigan.
Otro culpable es la enorme multinacional Veolia/Transdev, que ha participado en la privatización de los departamentos de agua y transporte desde mediados del siglo XIX. Esta empresa, notoriamente rompedora de sindicatos, ha sido culpada de socavar la calidad del agua en municipios de todo el mundo.
En 2015, el gestor de emergencias de Flint autorizó un estudio de 40.000 dólares sobre los problemas de calidad del agua de Flint que debía realizar Veolia. El estudio de la empresa no mencionó el riesgo de intoxicación por plomo y legionella y no recomendó el cambio a otra fuente de agua, como el DWSD. Una demanda estatal contra Veolia sigue sin resolverse, incluso después de que otras partes demandadas acordaran un acuerdo de 600 millones de dólares para ayudar a Flint a hacer segura su infraestructura de agua.
La verdadera justicia significará la cárcel para todos los políticos y jefes de empresas responsables de envenenar una ciudad empobrecida de mayoría negra. La justicia real significa una reparación completa para el pueblo de Flint.
Ver la amplia cobertura de la crisis del agua de Flint de 2015-2016: workers.org/tag/flint/.
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