3 de junio – El 30 de mayo empezó en Honduras un paro nacional en protesta de una serie de reformas anunciadas por el gobierno en los sectores de salud y educación.
Las manifestaciones, que siguieron el viernes, sufrieron represiones brutales por parte de la policía. Es un escenario que se ha visto repetidamente durante el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH).
El paro nacional y las manifestaciones se han convocado en respuesta a una serie de decretos firmados por el presidente el día 28 de mayo que buscan reestructurar los sectores de salud y educación.
Según los maestros y médicos que convocaron el paro, dicha reestructuración resultaría en despidos masivos y la privatización de estos servicios esenciales.
En 2010, el gasto del gobierno central en educación era 32,9 por ciento del presupuesto total, hoy es solo 19,9. En salud pública, las cifras son 14,3 por ciento en 2010 y 9,7 por ciento hoy. (Prensa Latina, 31 mayo)
Pese a la fuerte represión policial de los manifestantes, el presidente fue obligado a declarar que no habían ni despidos masivos ni privatización, y se logró que los decretos presidenciales no fueran ratificados por el Congreso Nacional de la República. Sin embargo, los organizadores de las acciones han indicado que seguirán en protesta hasta que las reformas se descartan completamente.
Además de los manifestantes heridos por la policía hondureña, se reporta la quema de varios edificios gubernamentales y policiales. También se reporta que un grupo quemó neumáticos en la entrada de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
No se conoce quien provocó el incendio, y las reacciones de los grupos progresivos han sido varias. Algunos afirman que la acción es justificada, debido a las injerencias recientes del imperialismo norteamericano en el país. Por su parte el expresidente Manuel Zelaya calificó de falso positivo los hechos.
Las organizaciones de maestros y médicos han afirmado que el paro continuará con manifestaciones planeadas para el lunes y martes.
Del golpe de estado en 2009 a la dictadura de JOH
Manuel Zelaya fue presidente de 2006 a 2009, cuando fue víctima de un golpe de estado después de proponer un referendo para medir el interés público en una reforma constitucional.
Aunque el ejército, que secuestró a Zelaya y lo mandó a Costa Rica, argumentaba que Zelaya buscaba un segundo término (que violaría la constitución), la verdadera razón por el golpe fue la política exterior progresista del gobierno de Zelaya.
En 2008, Zelaya expresó el deseo de unirse a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una organización regional promovida por los gobiernos de Venezuela y Cuba para combatir la influencia del imperialismo norteamericano.
Esto representaba un paso inaceptable para la oligarquía hondureña, que ya se oponía al gobierno progresista. Cuando encontraron la oportunidad, usaron el control que tenían sobre los medios de comunicación para fabricar una crisis constitucional y llevar a cabo el golpe.
Públicamente, el gobierno estadounidense de Barack Obama condenó el golpe, pero dejo que se llevara a cabo el golpe. Los correos electrónicos de Hillary Clinton, que en aquel momento era Secretaria de Estado, revelan que el gobierno norteamericano negociaba con los líderes del golpe, que muchos de los cuales fueron entrenados en la Escuela de las Américas y tenían relaciones personales con el Pentágono.
Los Estados Unidos reconoció los resultados de las elecciones presidenciales en Noviembre de ese año aunque se celebraron bajo una junta militar. El nuevo presidente conservador, Porfirio Lobo Sosa, recibió grandes alabanzas del gobierno de Obama por sus esfuerzos hacia la “reconciliación” pese a que durante su mandato empezaron a desaparecer periodistas que apoyaban a Zelaya o se oponían al golpe.
El actual presidente llegó al poder en 2014 y ha sido criticado por su corrupción y el aumento de la represión estatal contra sus rivales. Aunque la derecha había acusado a Zelaya de buscar otro término presidencial como pretexto para el golpe de 2009, JOH se presentó a la reelección sin problemas judiciales.
La elección de 2017 fue caracterizado por un fraude descarado por parte del partido de JOH. La cuenta de votos se suspendió varias veces, en una instancia durante tres días, y al reanudar había desaparecido misteriosamente la ventaja de casi 5 por ciento de los votos del candidato opositor.
La manipulación de la cuenta fue tan obvia que incluso la Organización de Estados Americanos, que normalmente sirve para sellar los decretos imperiales de EE.UU., condenó el fraude. Washington reconoció inmediatamente los resultados.
El pueblo hondureño tomó las calles para protestar el robo de la presidencia, cosa que provocó la represión policial con gases lacrimógenos y un toque de queda de diez días. Desde entonces no ha cesado la lucha intensa para restaurar la democracia en el país centroamericano.
La ofensiva neoliberal de JOH
Cuando la derecha asumió el poder en Honduras en 2009, inmediatamente empezó a implementar el típico programa neoliberal. El objetivo de estos élites, en servicio del imperialismo, es destruir los servicios sociales y abrir el país a los deseos de las transnacionales.
El ataque actual contra la salud y la educación pública sería el golpe final contra estos servicios que llevan una década asediado por la derecha.
Los salarios escolares fueron congelados de 2010 a 2016, y desde entonces solo han tenido incrementos pequeños. Se ha terminado casi por completo la inversión en infraestructura escolar.
En los hospitales faltan todo tipo de insumos, pero se sigue cortando el presupuesto, haciendo que suban los precios para las familias que necesitan los servicios médicos.
El robo de tierras indígenas no ha cesado desde que llegaron los conquistadores españoles, pero bajo JOH ha intensificado. El asesinato de Berta Cáceres por fuerzas estatales entrenados por EEUU es solo el ejemplo más famoso del uso de la violencia estatal para silenciar a los pueblos originarios ejerciendo sus derechos a sus tierras ancestrales.
Si la desinversión en servicios públicos, el despojo de los territorios indígenas, y la represión estatal no fuera suficiente, el imperialismo ahora busca crear “Zonas de empleo y desarrollo económico.” (ZEDE)
Estas “ciudades modelo” serían ciudades orientadas a la inversión extranjera, controlados por una comisión escogido directamente por el presidente. Estas ciudades tendrán su propio sistema judicial, económico, y administrativo.
La oligarquía en su propia propaganda sobre estas ciudades admite que usan como modelo a Hong Kong, que se fundó como colonia británica para controlar a China después de la Guerra del Opio. (tinyurl.com/y5rb3g65)
Estas ZEDEs implican una vuelta al colonialismo directo de siglos pasados, ya que están diseñados para servir como punto de entrada para transnacionales y capital extranjera. Su sistema nominalmente “autónomo” en realidad los convertiría en colonias de las empresas norteamericanas y europeas que quieren operar en la América Central.
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