31 de marzo – Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en desacato y autoproclamado presidente interino de Venezuela, ha sido inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante 15 años. La inhabilitación es resultado de la aplicación de la Ley contra la Corrupción, y se aplicó debido a que Guaidó no declaró una serie de gastos en viajes y alojamientos.
El gasto total en viajes al extranjero, principalmente a Panamá, fue de más de 310 millones de bolívares (100 mil dólares), según el contralor general de la república bolivariana. Estos gastos, especialmente combinados con los gastos de alojamiento, sobrepasa lo razonable para el sueldo de un diputado de la Asamblea Nacional. Guaidó se ha negado a presentar su declaración jurada de patrimonio, por lo que se sospecha que ha recibido ilegalmente fondos de gobiernos extranjeros. (tinyurl.com/yxwku2ef)
Esta es la segunda acción directa que ha tomado el estado venezolano contra Juan Guaidó en relación con su participación en un golpe de estado. La primera fue prohibir la salida del país, orden que Guaidó desacató cuando entró a Colombia días antes del 23 de febrero.
Ese día los golpistas de derecha intentaron quebrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y entrar camiones norteamericanas desde Colombia, pero fracasaron. Ahora, se están terminando las investigaciones abiertas cuando inició el intento de golpe de estado a finales de enero, y se están aplicando las penas constitucionalmente apropiadas a los golpistas.
La resistencia del pueblo venezolano y la unión cívico-militar ha podido frustrar los planes del imperialismo hasta ahora, por lo que los Estados Unidos ha recurrido a estrategias de sabotaje y bloqueo económico. El mes de marzo se registraron múltiples ataques cibernéticos, físicos, y de alta tecnología contra el sistema eléctrico del país, resultando en varios apagones.
¿Cual es la verdadera dictadura?
Uno de los ataques principales del imperialismo contra la revolución bolivariana ha sido el ataque comunicacional. Mediante medios de comunicación fieles al imperialismo, como CNN, New York Times, Fox, y otros, fabricaron la narrativa dominante en los países imperialistas. Según ellos Venezuela es una dictadura represiva y corrupta.
Estos medios de comunicación están intentando caracterizar la acciones contra Juan Guaidó como otro abuso dictatorial. Pero en realidad el gobierno venezolano ha actuado con el máximo respeto a los derechos democráticos y constitucionales de los ciudadanos venezolanos cómplices con el golpe de estado.
Primero hay que revisar los hechos, porque es fácil perderlos cuando la narrativa imperialista nos viene de todos lados. Juan Guaidó era, constitucionalmente, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esa Asamblea Nacional está en desacato del Tribunal Supremo de Justicia desde el 29 de marzo 2017.
El día 23 de enero, Juan Guaidó se auto juramentó como “presidente interino” de Venezuela en una plaza pública. El presidente estadounidense Donald Trump lo reconoció como jefe de estado casi inmediatamente. Luego, el autoproclamado presidente, declaró sus intenciones de ingresar camiones de una agencia del estado norteamericano sin el permiso de ninguna institución legítima del gobierno venezolano.
El famoso día 23 de febrero, Guaidó y otros legisladores opositores dirigieron una serie de ataques violentos desde Colombia contra la frontera venezolana. Al otro lado estaban las fuerzas armadas del estado venezolano y los colectivos, que son organizaciones comunitarias progubernamentales. Terminaron, como semanas después tuvo que admitir el New York Times, quemando sus propios camiones para intentar culpar a las fuerzas bolivarianas.
¿Cómo debería responder un gobierno democrático y soberano ante un intento tan abierto y descarado de derrocar el gobierno? Son actos de traición, y además no sólo son para el beneficio propio, sino que para entregar el país al imperio norteamericano.
La respuesta de la justicia venezolana ha sido una serie de investigaciones por delitos concretos y con pruebas recolectadas durante meses. La constitución venezolana garantiza los derechos de todos los ciudadanos, incluso cuando están llevando a cabo un golpe de estado.
En los países “democráticos,” según el imperialismo, de américa latina que forman el Grupo de Lima se asesinan a los líderes sociales sólo por oponerse a las políticas neoliberales. En Colombia, por ejemplo, se registraron 120 muertes de líderes sociales en los primeros 100 días de la presidencia del actual mandatario Ivan Duque (tinyurl.com/ya6mqs5q).
En todo 2018 fueron asesinados 172 líderes en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. LA Defensoría también indicó que la cifra había subido desde que se firmaron los acuerdos de paz (tinyurl.com/y3ar8csp).
En Estados Unidos, detienen a niños en campos de concentración porque sus madres cruzaron la frontera y han criminalizado a las comunidades negras.
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