Desde principios de la década de 1980, las corporaciones se han beneficiado de las inversiones a gran escala en lo que se conoce como el “complejo industrial de prisiones”. Este impulso para aumentar los márgenes a cuesta de las/os trabajadores pobres y oprimidos, desproporcionadamente personas de color, se ha convertido en un elemento clave en el crecimiento del encarcelamiento masivo. Las condiciones en la mayoría de las prisiones parecen esclavitud moderna.
Desde 1983, cuando se otorgó a CoreCivic el primer contrato para privatizar los establecimientos penitenciarios, la población carcelaria de EUA se ha multiplicado por cinco, de 500.000 a más de 2,2 millones. En 1987, WCC, ahora GEO, recibió su primer contrato de prisión. Para el 2017, estos dos gigantes de prisiones privadas tenían ganancias anuales combinadas de $4 mil millones.
No están solos. Un informe del Proyecto de Responsabilidad de Correcciones del Centro de Justicia Urbana, publicado a principios de este año, encontró que más de 3.100 compañías han obtenido miles de millones de ganancias anuales por contratos con alrededor de 130 centros penitenciarios. Estas corporaciones privadas ahora administran casi todos los aspectos de las prisiones, incluida la administración de casos, construcción, equipamiento, servicios de alimentos, atención médica, operaciones y telecomunicaciones.
Varios contratos corporativos de prisiones garantizan pagos por cama para el almacenamiento de trabajadoras/es indocumentados y sus familias. En agosto de 2018, el Departamento de Corrección de Pennsylvania firmó un contrato de $15 millones con Smart Communications, con sede en Florida, para procesar el correo personal de las/os prisioneros.
Beneficios amenazados por reformas populares
La publicación en 2010 de “The New Jim Crow” por Michelle Alexander destacó el papel que el racismo ha jugado en el dramático crecimiento de las poblaciones penales, y ayudó a lanzar un amplio movimiento en contra de los aspectos de la encarcelación en masa. Esto ha llevado a cambios en la condena de jóvenes a cadenas perpetuas, a los límites de la pena capital y al inicio de las reformas de la fianza.
Sin embargo, como advierte Alexander en su artículo de opinión “The Newest Jim Crow”, ” las recientes reformas de la justicia penal contienen las semillas de un sistema aterrador de e-carcelación.” (New York Times, 8 de noviembre) Alexander define el uso creciente de monitores de tobillo en lugar de la fianza en efectivo como “e- carcelación”.
Ante las crecientes demandas de reformas penitenciarias, las corporaciones penitenciarias con fines de lucro han encontrado nuevas formas de reforzar sus ganancias. El Grupo GEO y otras tres grandes corporaciones ahora tienen el monopolio de los contratos para proporcionar monitoreo electrónico de personas en libertad condicional en más de 30 estados. Sus ingresos combinados por monitoreo electrónico superan los $200 millones.
Alexander abrió su artículo de opinión reconociendo las victorias electorales de medio término para legalizar la marihuana (Michigan), restablecer los derechos de voto a 1,4 millones de personas con condenas por delitos graves (Florida) y dictar veredictos unánimes de jurado en juicios por delitos graves (Louisiana).
Sin embargo, señala que aunque la “práctica de la fianza en efectivo finalmente está llegando a su fin”, las nuevas políticas en varios estados se basan en “algoritmos de evaluación de riesgos para recomendar a las/os jueces si una persona que ha sido arrestada debe ser liberada” sin restricciones o encadenada con un dispositivo de monitoreo GPS.
‘E- carcelación’
Alexander cuestiona el uso de e-carcelación basado en modelos matemáticos supuestamente “ciegos”. Ella cita a la científica de datos Cathy O’Neil, quien llamó a estos modelos “armas de destrucción matemática” que “no solo están altamente correlacionados con la raza y la clase, sino que también están significativamente influenciados por el sesgo generalizado en el sistema de justicia penal”. O’Neil llama estos algoritmos basados en computadora “opiniones integradas en matemáticas”.
A pesar de que la opción de usar un monitor en lugar de pagar una fianza en efectivo puede parecer una “salida de la cárcel”, los dispositivos de monitoreo GPS vienen con una etiqueta de precio considerable: alrededor de $300 mensuales que debe pagar el usuario.
Los dispositivos limitan la capacidad de ir más allá de un área controlada, lo que dificulta la obtención o el mantenimiento de un trabajo, el cuidado de sus seres queridos o la visita de familiares que no se encuentran en el área designada. Como explica Alexander, “estás efectivamente sentenciado a una prisión digital al aire libre. Un paso en falso traerá policías a tu puerta”.
Los estados también utilizan ampliamente los monitores de tobillo para monitorear a las/os individuos en libertad condicional. En lugar de liberar a las personas después de haber cumplido su condena, el uso de dispositivos de monitoreo de tobillo se ha convertido en la última condición de supervisión impuesta a las personas en libertad condicional.
El estudio realizado en julio de 2018 por el Centro para la Justicia en los Medios encontró que las condiciones de supervisión de libertad condicional se han vuelto más estrictas, incluyendo pruebas regulares de drogas, prohibiciones a las personas con las que se puede asociar y un amplio conjunto de tarifas y multas. En Wisconsin, por ejemplo, las personas en libertad condicional pueden enfrentar más de 70 condiciones para la libertad condicional.
El estudio del CJM observó la asombrosa cantidad de personas afectadas. Desde 1980 hasta 2015, el número de individuos a nivel nacional en libertad condicional aumentó de 1,1 millones a 4,3 millones. Las filas de individuos en libertad condicional, el enfoque de su informe, casi se cuadruplicaron de 220.400 a 826.100.
Cuando a Debbie Africa, miembro de MOVE 9, se le concedió la libertad condicional en junio de 2018, después de haber sido encarcelada injustamente durante casi 40 años, se le exigió que llevara un monitor de tobillo, y su movimiento limitado al Condado de Delaware, en las afueras de Filadelfia. La naturaleza arbitraria de esta imposición se hizo evidente cuando su esposo, Mike Africa Sr., fue liberado en octubre y no enfrentó la misma restricción.
Tasas de reincidencia en aumento
Como resultado de estas condiciones draconianas, las tasas de reincidencia están en aumento. En 1980, el 17 por ciento de las personas liberadas fueron enviadas de regreso a prisión debido a “violaciones” de libertad condicional. Esto aumentó a un tercio de las admisiones en prisión en 1999, y las cifras siguen aumentando.
El monitoreo electrónico es esencialmente una extensión del encarcelamiento en masa que limita en gran medida la libertad de las personas en libertad condicional y su capacidad para evitar el re encarcelamiento. El crear una condición prolongada de arresto domiciliario, también puede utilizarse para apoyar el aburguesamiento al evitar que las/os prisioneros pasen a los barrios seleccionados por los inversionistas de bienes raíces.
Alexander finaliza su artículo de opinión citando la voz cautelar del Reverendo Dr. Martin Luther King Jr: “Cuando las máquinas y las computadoras, los motivos de lucro y los derechos de propiedad se consideran más importantes que las personas, los trillizos gigantes de racismo, materialismo extremo y militarismo no pueden ser conquistados”. Ella agrega: “No prestamos atención a su advertencia en ese entonces. ¿Haremos hoy una elección diferente?”
Los llamados para reformar el encarcelamiento en masa seguirán siendo limitados y, en algunos casos, se convertirán en obstáculos a menos que logremos confrontar el sistema del capitalismo con fines de lucro que sigue tratando a los seres humanos como poco más que productos básicos.
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