El Nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico es ‘un cruel proceso de austeridad’

“El pueblo de Puerto Rico necesita y merece muchos trabajos buenos, una economía dinámica y próspera, electricidad asequible y confiable, y un sector público eficiente y receptivo…” Así comienza, como un cuento de hadas, el resumen del borrador del Nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico de la Junta de Control Fiscal. Este, titulado “Restaurando el Crecimiento y Prosperidad” con fecha del 23 de octubre del corriente año fue publicado en la página de la Junta, juntasupervision.pr.gov.

Pero este cuento, concebido por ejércitos de consultores y bufetes de abogados, la mayoría precedentes de los Estados Unidos, y quienes le cobran sumas millonarias a ese pueblo que “merece una buena economía”, lo que revela es un cruel proceso de austeridad que intenta destruir el mismo futuro de ese pueblo boricua.

Estos consultores, encerrados en oficinas con aire acondicionado, suman y restan el futuro de un pueblo contenido en gráficas multicolores cuya representación – equivaliendo vidas humanas – son reducidos a simples números que tienen que ajustarse a sus maquiavélicas proyecciones.

Es así como determinan que por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, UPR, la única entidad de educación superior pública, sea descuartizada,  inutilizada y finalmente destruida como institución que prepara el futuro del archipiélago. Sólo para ahorrar dinero que eventualmente utilizarán para pagar a los bonistas de la enorme deuda pública de $74 mil millones.

Fundada en el 1903, la UPR tiene un gran prestigio a nivel internacional. Ha sido el sostén intelectual y científico que aportó a los avances logrados en la colonia, a pesar de las trabas del coloniaje. Es ahí donde agencias del mismo Estados Unidos como la NASA, van a reclutar científicos para sus proyectos; una forma más de robo al pueblo quien subsidia sus estudios con la esperanza de lograr un futuro más prometedor.

La UPR y justicia social

La UPR, no solo prepara profesionales para el desarrollo del país, sino que es una importantísima fuente de pensamiento crítico y de resistencia ante las políticas neoliberales que ya por varias décadas el gobierno criollo a instancias de su amo colonizador, ha tratado de ejecutar en PR. Ha sido también un agente nivelador de justicia social, donde las y los estudiantes más pobres pueden lograr sus sueños de estudios universitarios sin la pesada deuda que llevan sus pares en los EUA.

Pero ahora, eso cambiará si la Junta de Control Fiscal se sale con la suya. Parte de sus planes son el aumento de la matrícula. En el próximo año académico, se pagará el crédito del bachillerato $115, un aumento de $57. Para las/os estudiantes que apenas pueden pagar ahora sus estudios y que se benefician de proyectos  autogestionarios como lo son los Comedores Sociales, este aumento significará la imposibilidad de proseguir estudios.

Los Comedores Sociales surgieron como una iniciativa voluntaria de estudiantes al ver que muchas/os de sus pares no tenían suficiente dinero para mantener una nutrición adecuada. En ellos, las/os estudiantes pagan lo que pueden y así tienen al menos una comida caliente asegurada al día.

Además del aumento en el costo por crédito, la medida de austeridad para la UPR contempla la disminución en la nómina de empleadas/os tanto docentes como no docentes, la disminución de sus pensiones, la eliminación del bono de navidad, un ajuste en las liquidaciones por días de enfermedad y el recorte de la aportación de la universidad al plan médico. Medidas que equivalen a la pauperización de la clase trabajadora de la UPR y su profesorado, conduciéndoles a una vejez pobre e insegura.

Pero no contentos con estos planes devastadores, la Junta dictatorial contempla la eliminación de puestos de trabajo, del estudiantado y de recintos universitarios.

Actualmente, la UPR consta de 11 recintos distribuidos por la isla, incluyendo el de Ciencias Médicas. La propuesta reestructuración, contempla además la conglomeración, para el 2023, de los 11 recintos en tres grupos más el recinto de Ciencias Médicas. Dentro de este plan, estaría también la eliminación anárquica de asignaturas y especialidades.

Esta reorganización, al igual que todas las medidas propuestas por la Junta, han sido tomadas sin tener en cuenta las necesidades del pueblo, sin vistas públicas e ignorando las propuestas de ahorro de especialistas boricuas. La única consideración ha sido la eliminación de servicios para economizar y poder pagar a los bonistas.

Todas estas medidas tendrán el efecto de impedir el acceso del pueblo a estudios superiores, los que serán solo aprovechados por la clase más pudiente. Habrá una profundización de la pobreza a todos los niveles.

Y si añadimos los efectos causados por el cierre atropellado de escuelas públicas -generalmente las que servían a los sectores más pobres y de la montaña – el resultado es el de un pueblo sin posibilidad de educación a ningún nivel, pobre y desesperado que buscará la huida como refugiadas/os a los EUA. Aumentando el exilio y la despoblación de PR.

Aún no se han puesto en funciones todos estos planes y ya el Departamento de Educación, en manos de la secretaria-mercenaria estadounidense Julia Keleher, tiene las manos ensangrentadas. Hace unos días, una maestra se suicidó resultado del hostigamiento y las reformas “educativas” anárquicas impuestas por ese departamento.

Tribunal sobre los crímenes coloniales de EUA contra Puerto Rico

Este Tribunal, celebrado en la Ciudad de Nueva York el pasado 27 de octubre, tuvo una sección donde se oyeron testimonios de boricuas sobre el aspecto económico.

Sobre la Junta es interesante mencionar lo que el héroe nacional Rafael Cancel Miranda dijo destacando su función dictatorial. Luego de mencionar algunos de los dictadores impuestos por los EUA en la Republica Dominicana, Chile y otros países latinoamericanos, concluyó que en PR, se ha impuesto no un dictador, sino una junta compuesta por 7 miembros.

La economista Dra. Martha Quiñones Domínguez quien además es profesora de la UPR y Presidenta de las Mujeres Economistas, presentó una magnífica exposición del poder colonial de EUA en PR expresado en las leyes sucesivas que han consolidado el marco legal para el dominio sobre el pueblo, desde el dominio por militares, la usurpación de terrenos, la imposición de decisiones ajenas al bienestar del pueblo, hasta la quiebra forzada actual.  La última de esas leyes siendo PROMESA, aprobada en 2016 por el Congreso estadounidense bajo la administración del presidente Barack Obama. Esta es la ley que impuso la Junta dictatorial. La Dra. Quiñones mostró cómo durante los años 70, cuando hubo un resurgimiento independentista, EUA creó una dependencia por medio de las “ayudas” federales, para derrotar la resistencia anticolonial.

El Licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, experto en la Ley PROMESA y autor del libro del mismo nombre, testificó sobre el por qué de su imposición, la cual dada la condición colonial de PR, es una que cumple las funciones de la extracción de riqueza, razón de ser del coloniaje por los EUA. Explicó cómo quebró Puerto Rico: éste “no puede cumplir con los niveles de endeudamiento que tuvo que incurrir para sufragar la inversión externa directa de los inversionistas norteamericanos.

Puerto Rico le construyó carreteras, le preparó los ingenieros, los empleados, le dio subsidios, le dio exenciones contributivas a base de endeudamiento y estas compañías extraen ganancias del orden de los $34 mil millones anuales que se llevan de PR  sin pagar contribuciones y por ende ese desbalance donde el gobierno tiene que tomar prestado para invertir en carreteras, en servicios para este tipo de inversión… Ese desbalance ha ocasionado que la colonia haya colapsado y se haya nombrado está Junta; pero el problema de esta junta no es solamente que viene a imponer unas medidas de austeridad para pagarle a los acreedores de los bonos sino que también destruyó el poco ámbito de gobierno local delegado por el Congreso que tenía PR a base de la ley 600 del Congreso federal del ’52 que permitió que PR hiciera una constitución…

Por su parte, el Licenciado José Nicolás Medina Fuentes, experto en la deuda odiosa y autor del libro sobre ésta, testificó sobre cómo el “problema de la deuda pública odiosa colonial territorial que se le pretende imponer al pueblo de Puerto Rico es de naturaleza política”.

Deuda odiosa

“Deuda odiosa es una figura jurídica reconocida… es una deuda o un contrato de préstamo que ocurre en una serie de situaciones de gran injusticia para las poblaciones afectadas…. un ejemplo emblemático de deuda odiosa es la deuda pública cubana con España. En el Tratado de París en sus deliberaciones que aparecen en este libro rojo, documentos presentados a las Cortes en 1898; aquí se resumen las deliberaciones de las comisiones española y la comisión de EUA previas a la firma del Tratado de París.  Uno de los juicios más controversiales durante esas negociaciones fue el tema de la deuda colonial cubana.

“Por un lado, los comisionados españoles reclamaban que si iban a ceder unas posesiones, iban a renunciar a la soberanía sobre Cuba, pues la deuda pública territorial de Cuba debía ser asumida por EUA o por el pueblo cubano. Y los comisionados de EUA fueron enfáticos al decir que esa deuda no era una deuda del tesoro territorial cubano, sino que era una deuda del tesoro español…. En una relación colonial, la deuda pública es responsabilidad de la potencia colonial.

Esa fue la solución de la deuda pública cubana en el Tratado de París”.

Por ende, la deuda de PR es responsabilidad de la potencia colonial EUA.

El veredicto del Tribunal, respecto a la economía, concluyó los siguientes puntos:

Que esta imposición colonial, a través de la llamada Junta de Control Fiscal, es directamente responsable de las condiciones desastrosas que aún existen en Puerto Rico más de un año después del huracán María, en el cual las corporaciones y los bancos de los Estados Unidos, bajo el pretexto de ayudar con la reconstrucción, han expropiado miles de millones de dólares del erario, creando una crisis humanitaria.

Que esta imposición colonial ha utilizado el huracán como pretexto para promover las arraigadas políticas neoliberales y derechistas del gobierno de los Estados Unidos para privatizar los servicios sociales fundamentales y destruir los movimientos sindicales, especialmente en los campos de la educación y la electricidad.

Y que el gobierno de los Estados Unidos impuso protocolos que permitían y alentaban el saqueo corporativo de los recursos naturales y la riqueza de Puerto Rico y la explotación de la mano de obra puertorriqueña, dando al traste con el mito y la leyenda de que Puerto Rico le debe algo al gobierno de los Estados  Unidos; De hecho, el gobierno de los EUA y las corporaciones estadounidenses le deben una deuda extraordinaria al pueblo de Puerto Rico.

Las exigencias del Tribunal al gobierno de los EUA fueron tres:

1. El gobierno de los Estados Unidos reconozca y se disculpe por los delitos antes mencionados contra el pueblo puertorriqueño.
2. Los Estados Unidos entreguen toda la propiedad y el poder tomados por la fuerza del pueblo puertorriqueño.
3. Los Estados Unidos paguen reparaciones a las víctimas del crimen de coloniaje.