Carteles de ‘SE BUSCA’ apuntan a ‘mercenarios’ de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico

Filadelfia — Los huracanes Irma y María devastaron a Puerto Rico en septiembre del 2017. Pero un año antes, en junio del 2016, el presidente Barack Obama desató la devastación económica en la isla/archipiélago cuando promulgó la ley PROMESA: la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La legislación desencadenó una nueva fase en la lucha de clases en Puerto Rico y eliminó cualquier duda de que Puerto Rico es una colonia de los EUA.

Básicamente, PROMESA es una agencia de cobro para servir a los grandes accionistas de Wall Street. Para ese propósito, creó una Junta de Control Fiscal dictatorial denominada la “Junta” por las/os puertorriqueños. La JCF está dirigida por el corredor de seguros José Carrión III. Los miembros de la junta incluyen a Andrew G. Biggs, del American Enterprise Institute en Washington; el financiero Carlos M. García y el banquero José R. González, ambos con conexiones al Banco de Santander; Arthur J. González, juez jubilado del Tribunal de Quiebras de EUA para el Distrito Sur de Nueva York; y David A. Skeel, Jr., profesor de derecho corporativo en la Universidad de Pennsylvania.

Skeel, quien enseña leyes de bancarrota, vive y trabaja en Filadelfia. Julia Keleher, originaria de Filadelfia, fue contratada por la JCF para servir como “Secretaria de Educación” de PR a pesar de su falta de experiencia educativa. Ambos han sido blanco de una campaña de carteles “SE BUSCA” en Filadelfia que expone su servicio a los ricos accionistas de Wall Street.

En el verano del 2018, comenzaron a aparecer los carteles en el campo de la Universidad de Pennsylvania, incluyendo uno publicado en la puerta de la oficina de Skeel. Se llevaron a cabo manifestaciones para llamar la atención sobre los papeles jugados por Skeel y Keleher en el robo de los recursos de Puerto Rico.

Skeel respondió en un artículo de opinión del 13 de septiembre en el diario Wall Street Journal y señaló que los carteles lo acusaban de ser “mercenario” que “exige que la sangre de los puertorriqueños pague a los accionistas de Wall Street”.

¿La defensa de Skeel? Simplemente que “PROMESA instruyó a la junta de supervisión para ayudar a ‘lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital’”.

Pero la historia de Skeel, un especialista en leyes de bancarrota, muestra por qué los carteles lo describen como un” mercenario “. En un artículo publicado en el diario  Wall Street Journal en el 2014, este argumentó que la gestión de la crisis de la deuda en PR podría ser un caso de prueba para atacar los derechos de las/os trabajadores. Citó paralelos con los estados de EUA que enfrentan dificultades similares, como Illinois, Nueva Jersey, Pensilvania y ciudades como Filadelfia.

En el artículo, Skeel señaló que, a diferencia de los funcionarios locales reacios a hacer recortes drásticos porque están sujetos a reelecciones, una junta nombrada por mandato del Congreso podría salirse con la suya atacando a los sindicatos de empleados públicos y recortando programas, empleos y beneficios.

Él escribió: “Puede haber un lado positivo en estas nubes financieras”.

Guerra de clases contra trabajadoras/es y pobres

Entonces, ¿quién puede llenar sus bolsillos con esa plata, obtenida a través de la “reestructuración” de la deuda de Puerto Rico? Los miembros de la JCF, nombrados por el presidente de EUA y elegidos por líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, recibieron amplios poderes para servir los intereses de los accionistas, sin rendir cuentas al pueblo de PR.

Los poderes de la JCF incluye instituir la congelación automática de las contrataciones y reducir el salario mínimo de las/os trabajadores menores de 25 años de $7,25 a $4,25.

Los despidos, los recortes en los servicios básicos y los aumentos en el costo de la vida agravaron el hambre y la pobreza, empeorando después de que el huracán María golpeara. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas y recuperaciones de automóviles se generalizaron.

Bajo el pretexto de “estimular la economía”, la Ley de Transformación y Flexibilización Laboral, aprobada en el 2017, despojó a las/os trabajadores de las ganancias ganadas con esfuerzo, incluida la jornada de ocho horas, mientras se recortaban los salarios, las vacaciones y los días de enfermedad, se reducían los bonos y se extendían períodos de prueba de las/os trabajadores.

La aprobación de la Ley de Un Empleador afectó a las/os trabajadores del sector público al establecer al gobierno como un empleador único que podía trasladar a las/os trabajadores de una agencia a otra, incluso al sector privado. Las/os trabajadores que se mudan enfrentan la pérdida de protecciones ganadas en virtud de acuerdos de negociación colectiva, incluida la antigüedad.

Además de los ataques draconianos contra los derechos de las/os trabajadores, la JCF también impuso más impuestos y aumentos de multas y peajes en general, al tiempo que recortaba los subsidios municipales y las asignaciones para programas de arte, cultura y deportes y programas que protegen a las mujeres.

PROMESA abrió el camino para la venta de propiedades públicas rentables para que el capital privado pudiera obtener ganancias imprevistas en millones. Las posesiones públicas rentables se llevaron a la bancarrota y se vendieron “a precio de baratillo”.

En el frente ambiental, PROMESA propuso la “transferencia” de la responsabilidad de la limpieza de la contaminación masiva de Vieques del Departamento del Interior de EUA al gobierno de Puerto Rico. La contaminación en ese municipio insular provino de 60 años de prácticas de bombardeo de la Marina de los EUA. Este plan limitaría el gobierno de PR, el municipio y las/os individuos de reclamar los daños resultantes de la contaminación de las operaciones de la Marina.

Otros recortes de la JCF incluyeron $1 mil millones de dólares de la atención médica, una reducción del 10 por ciento en las pensiones, un recorte de más de $600 millones en el presupuesto de la Universidad de PR y el cierre de cientos de escuelas bajo el mandato de Keleher, una consultora con salario de $250.000 para trabajar como secretaria de educación.

En su cartel “se busca”, se describe a Julia Keleher como una “mercenaria despiadada contratada para matar la educación pública; Se demostró que era completamente ignorante acerca de los valores, la cultura, la historia, la literatura y el idioma de las/os niños puertorriqueños bajo su tutela”.

Uso de desastres para desmantelar la educación pública

Contratada en enero de 2017, Keleher introdujo una estrategia impopular para cerrar las escuelas públicas. El presupuesto del Departamento de Educación local se redujo en 500 millones de dólares. En el 2018, la Junta exigió $200 millones adicionales en recortes, incluidos $80 millones de la educación especial.

Después del huracán María, madres, padres y maestras/os se reunieron para reparar escuelas y hacer malabares con los salones de clases debido a que muchas familias se fueron a EUA. Las cosas volvían lentamente a la normalidad hasta que Keleher golpeó.

Las/os maestros fueron despedidos, cientos de escuelas cerradas, y las/os niños, incluyendo aquellas/os con necesidades especiales, fueron apiñados en los salones de clases. Cuando protestaron por estas “reformas” en manifestaciones callejeras, maestras/os y estudiantes fueron brutalmente atacados por la policía.

Un mes después del huracán María, Keleher tuiteó una recomendación de que “los isleños usaran las consecuencias del huracán Katrina ‘como un punto de referencia’ y una ‘oportunidad para crear nuevas y mejores escuelas’”. Después de Katrina, Nueva Orleans despidió a la mayoría de las/os maestros, cerró casi todas las escuelas públicas y las reemplazó con charters.

En una entrevista de octubre de 2017 con ‘Education Week’, Keleher aprobó la propuesta de la Secretaria de Educación de EUA, Betsy DeVos, de que el Congreso renuncie a los requisitos de financiar la educación para adultos y la especial en los distritos que se recuperan de desastres naturales. DeVos acababa de publicar pautas de reducción de fondos para estados y regiones, incluido Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EUA. (tinyurl.com/ycpwq2j7)

Los 120 años de ocupación de Puerto Rico por EUA serán enjuiciados en el Tribunal Internacional de Crímenes Coloniales de los Estados Unidos en Puerto Rico el 27 de octubre en la ciudad de Nueva York. PROMESA definitivamente estará en la lista de actos delictivos acusados. Se oirán testimonios de activistas que luchan contra los mercenarios del capitalismo como Skeel y Keleher.

Las/os activistas comunitarios, estudiantes y trabajadoras/es en los estados que citó Skeel deben tomar nota de lo que él y otros miembros de la JCF han diseñado en PR y aprender de las protestas llevadas a cabo desde desde junio del 2016. Cuando la JCF celebró su primera conferencia el 31 de agosto de 2016, las organizaciones juveniles, laborales y sociales se manifestaron contra PROMESA y bloquearon el acceso a la conferencia hasta que la policía tuvo que despejar el camino.