Detener ataques a pueblos indígenas Bangsamoro instigados por régimen Duterte/EUA

El siguiente testimonio fue presentado en el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre delitos económicos, políticos y sociales contra el pueblo filipino. El tribunal se llevó a cabo del 18 al 19 de septiembre en Bruselas, Bélgica. Para leer sobre el tribunal, vaya a tinyurl.com/y9jn8mxq/.

Soy Pya Macliing Malayao, miembro del consejo de líderes de SANDUGO, el Movimiento de los Pueblos Moro e Indígenas para la Autodeterminación. También soy secretaria general de Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, o Katribu. Katribu es la alianza nacional de organizaciones de pueblos indígenas en Filipinas. Fue fundada en 1987 en respuesta a la escalada en violaciones de nuestros derechos colectivos a nuestras tierras ancestrales y a nuestra autodeterminación.

Soy una Igorot de la tribu Bontok en Mt Province. Bajo el régimen de los EUA y Duterte, fui víctima de un intento de asesinato y arresto ilegal durante la violenta dispersión de una acción de protesta de los pueblos indígenas y Moro frente a la Embajada de los EUA en Manila exigiendo una política exterior independiente.

Solo para dar una breve introducción sobre los pueblos indígenas y moro en Filipinas: los pueblos indígenas representan aproximadamente el 15 por ciento de la población total del país. Están compuestos por más de 100 grupos principales, la mayoría de los cuales se encuentran en Mindanao, denominados colectivamente Lumad; el resto están en diferentes partes de Luzón y las Visayas. Los moros son 13 grupos etnolingüísticos en Filipinas, la mayoría de los cuales abrazaron el Islam y resistieron ferozmente el colonialismo español y estadounidense. Comprenden el cinco por ciento de la población filipina y se encuentran principalmente en Mindanao Central, Basilan, Sulu y Tawi-Tawi.

Los moros y los pueblos indígenas enfrentan el problema distintivo de la opresión nacional, la negación sistemática e institucionalizada y la violación de nuestro derecho a la autodeterminación para alcanzar libremente nuestro desarrollo social, económico y cultural y determinar nuestro estatus político.

La opresión nacional instigada por el estado y las elites gobernantes incluye la denegación de nuestros derechos territoriales, la falsa representación y subversión de nuestros sistemas sociales y políticos, la discriminación institucionalizada, el chauvinismo cristiano, la islamofobia, la comercialización de la cultura, la negligencia social o la negación de servicios básicos, y ataques fascistas y militarización.

Hemos estado afirmando nuestro derecho a la autodeterminación durante décadas mediante la defensa de nuestros territorios y el desarrollo continuo de nuestros sistemas económicos, políticos y culturales. Hemos lanzado una campaña legal para la autodeterminación y la democracia nacional, y también una lucha armada. Usamos nuestros sistemas tradicionales de defensa y participamos en la resistencia armada para la autodeterminación que está librando el Partido Comunista de las Filipinas, el Frente de Liberación Islámica Moro, Frente de Liberación Nacional Moro, Movimiento de Libertad Islámica Bangsamoro e incluso grupos crecientes extremistas.

Hemos sido criminalizados y atacados por nuestra resistencia y la afirmación de nuestros derechos colectivos en contra de las políticas del estado que invaden y saquean nuestros territorios ancestrales, las políticas contrainsurgente, y la “guerra contra el terror”.

Bajo las políticas neoliberales prevalecientes, los territorios de los pueblos moro e indígenas están invadidos por las grandes transnacionales, burócratas, empresas locales, y por el mismo gobierno. Entre los territorios ancestrales que ataca el régimen EUA-Duterte están el valle Andap, las sierras de Pantaron, Daguma, Zambales, Sierra Madre, Cordillera, y el pantano Liguassan, e incluso las tierras del pueblo Bangsamoro. Esto ha llevado a la destrucción de nuestros lugares sagrados ancestrales, a la pobreza, al desplazamiento y a la pérdida de territorios ancestrales.

Para asegurar el control completo sobre estos territorios ancestrales y sus recursos, el presidente Rodrigo Duterte ha continuado implementando la guerra contra el “terror” impulsada por EUA contra los pueblos indígenas y bangsamoro. Ha expandido los programas de contrainsurgencia de las previas administraciones mediante la Operación Kapayapaan, un programa modelado en la Guía de Contrainsurgencia de EUA.

Duterte y Trump trabajan mano a mano

Siguiendo las órdenes de los imperialistas estadounidenses, el régimen Duterte se ha comprometido a apoyar la Operación “Pacific Eagle Philippines” (Águila Pacífica de las Filipinas), un programa estadounidense de contrainsurgencia que también afecta a los bangsamoro. El régimen Duterte intensificó aún más su represión de los moro y lumad con su guerra descontrolada y la ley marcial en Mindanao.

El régimen Duterte continuó la Aplicación del Programa Nacional de Seguridad Interna sobre Pueblos Indígenas y el Enfoque Centrado en Pueblos Indígenas en sus programas de contrainsurgencia. Estos se enfocan particularmente en el papel que tienen los pueblos indígenas en neutralizar la insurgencia en las zonas rurales.

Mediante la “neutralización” de nuestras comunidades, las Fuerzas Armadas de las Filipinas esperan contener la expansión y la movilidad del Nuevo Ejército Popular en las áreas remotas. Duterte usa una estrategia inter-agencial, involucrando activamente a las agencias gubernamentales en los programas de contrainsurgencia tanto a nivel regional como nacional, incluyendo las agencias de los pueblos indígenas, el seguro social, la educación, la justicia, y otras. Duterte aprovecha el sistema tradicional de cultura y defensa para aumentar las fuerzas del estado y sus operaciones de contrainsurgencia.

Las comunidades y los territorios atacados por la contrainsurgencia y los programas económicos están severamente afectadas por la militarización. Entre las estrategias que usan son el reclutamiento de pueblos indígenas a los grupos paramilitares, especialmente en las comunidades lumad de Mindanao.

Estos grupos paramilitares siembran el terror, la división y la desintegración de estructuras sociopolíticas tradicionales en nuestras comunidades. Otras manifestaciones del programa de contrainsurgencia enfocado en los pueblos indígenas son la presentación de cargos exagerados contra líderes comunitarios indígenas; destrucción de las facilidades y el sustento comunitario; el cierre forzado de escuelas lumad, que expresan nuestro derecho a la autodeterminación.

Maestras/os, madres, padres e hijas/os reciben amenazas de muerte y son acosadas/os. El 5 de septiembre de 2017, Obello Bay-ao, un joven líder manobo y estudiante del 7º grado en la escuela comunitaria Lumad Salugpongan, fue asesinado por miembros de un grupo paramilitar que fueron reclutados, armados, y entrenados por fuerzas del estado.

Cuando organizamos una manifestación exigiendo una política exterior independiente en frente de la embajada de EUA, la policía nos dispersó para no avergonzarse ante los oficiales de la embajada estadounidense.

Al igual que una unidad móvil de la policía mató a decenas de personas moro e indígenas, el régimen Duterte pisotea sin piedad los derechos de los pueblos moro e indígena.

La guerra desatada de Duterte, la guerra contra el “terror” y la imposición de la ley marcial en Mindanao han resultado en violaciones masivas de los derechos de los pueblos Moro e indígenas, tanto sus derechos como pueblo, como sus derechos bajo la ley humanitaria internacional.

Entre los casos reportados hay 67 víctimas de asesinatos extrajudiciales, 27 incidencias de bombardeos que afectaron a 353.988 personas; 58 incidencias de evacuación forzada afectando a 401.582 personas; 140 incidencias de ataques contra escuelas comunitarias lumad; el cierre forzado de 70 escuelas lumad afectando a más de 2.600 estudiantes, y cientos de víctimas de detención ilegal y cargos exageradas.

El asedio de la ciudad de Marawi ha resultado en la devastación del principal centro del pueblo moro, causando su diáspora a otras regiones y la pérdida de su patrimonio cultural.

Otras comunidades moro son consistentemente militarizadas bajo el régimen Duterte. De julio 2016 a finales de mayo 2018, por lo menos 15.757 personas se han reportado evacuadas solo en la provincia de Maguindanao.

El imperialismo estadounidense bajo Donald Trump apoya activamente al fascista Duterte, proporcionando orientación, entrenamiento, fondos, armas, e información de inteligencia a las fuerzas del estado. También proporciona intervención militar directa bajo la cobertura de tratados unilaterales con el gobierno Filipino. El gobierno estadounidense tiene extensos intereses económicos y geopolíticos en los territorios de los pueblos moro e indígenas. Estas regiones alojan bases militares de los Estados Unidos, exploraciones petroleras multinacionales en el mar Sulu y el pantano Liguasan y proyectos extranjeros de energía, minería y plantaciones.

Trump dijo durante su visita en noviembre 2017 que las Filipinas son “el más valioso inmueble desde el punto de vista militar.” El 31 de agosto, EUA afirmó su apoyo a la guerra contra el “terror,” la ley marcial y Oplan Kanayapaan diciendo que “las fuerzas de operaciones especiales de EUA continuarán asistiendo a las Fuerzas Armadas de las Filipinas (AFP) en Mindanao mediante apoyo que ayuda a los comandantes de AFP en su lucha contra los militantes”. El apoyo estadounidense es para “aumentar capacidades de inteligencia, vigilancia, y reconocimiento” de las AFP. En los últimos años las Filipinas han sido el mayor receptor de ayuda militar en la región Indo-Pacífica.

Una serie reciente de ataques aéreos y bombardeos indiscriminados por el AFP en Maguindanao, que duró 10 días, y que fue dirigido por las Fuerzas Especiales de EUA mató a un civil, hirió severamente a tres y desplazó a más de 7.000 personas moro, incluyendo 400 niños y 50 mujeres embarazadas. El 14 de septiembre, siete campesinos jóvenes Tausug Moro fueron torturados y masacrados por el ejército en Sulu. Además, la prohibición de Trump contra los musulmanes en EUA causó que nuestro co-líder, Jerome Succor Aba, fuera torturado por fuerzas estadounidenses en California.

El desplazamiento de comunidades moro e indígenas – resultado de los llamados programas de desarrollo y los ataques fascistas contra nuestra lucha por los derechos colectivos a los territorios ancestrales y la autodeterminación – llevarían finalmente al etnocidio, la muerte y la extinción de nuestras vidas, cultura e identidad.

El régimen EUA-Duterte ha decidido destruir cualquier forma de resistencia.

Enfrentándose a estos ataques de etnocidio, los pueblos moro e indígenas están aún más determinados a elevar nuestra lucha por nuestros derechos colectivos y democráticos. Los crímenes contra los pueblos moro e indígenas tienen que cesar, y Duterte y el gobierno estadounidense  tiene que ser obligados a asumir responsabilidad.