Carceleros encierran presos en huelga

Filadelphia
12 de septiembre

Miles de prisioneros en toda Pensilvania han sido confinados en sus celdas desde el 29 de agosto. Fue entonces cuando el secretario del Departamento de Correcciones del estado, John Wetzel, declaró un cierre indefinido de todas las instalaciones bajo su jurisdicción.

El encierro, que comenzó pocos días después de la Huelga Nacional de Prisioneros (del 21 de agosto al 9 de septiembre), es el más evidente de una serie de tácticas represivas a las que el estado ha recurrido en respuesta a la huelga. Fue programado para adelantarse a algunas de las principales acciones de huelga planificadas por los prisioneros.

Atacado al derecho a un abogado

Una semana después del cierre, Wetzel apareció junto al gobernador de Pensilvania Tom Wolf, quien anunció una serie de nuevas políticas que constituyen una represión sin precedentes sobre los derechos de los prisioneros. Entre las muchas políticas mezquinas y punitivas, como prohibir que los prisioneros tomen fotos con sus visitantes, también hay nuevas medidas que sistemáticamente niegan a los prisioneros su derecho a la privacidad con un abogado.

Toda la correspondencia enviada a los prisioneros debe ahora ser transportada a una instalación de terceros en Florida, donde será abierta y fotocopiada antes de que las copias sean enviadas a las respectivas prisiones para ser entregadas a los destinatarios previstos. Dado que, al menos, en teoría, los funcionarios de prisiones no pueden abrir ningún correo que contenga correspondencia legal, excepto en presencia de su destinatario, se ha introducido un nuevo método absurdo para evitar esta protección.

Un prisionero en una facilidad estatal describió cómo se hace esto: el correo se coloca en una caja de laboratorio para el manejo de materiales peligrosos donde se abre. El sobre y el contenido se pasan luego a otro oficial de correcciones con guantes de neopreno, que los fotocopian. Las copias se entregan al prisionero, mientras que los originales se mantienen en poder de las autoridades de la prisión durante 15 días. Después de eso, las autoridades dicen que serán destruidos.

Tanto en la teoría como en la práctica, este arreglo termina el derecho restante que los prisioneros tenían a las comunicaciones privadas con un abogado. Los funcionarios de prisiones y correccionales ahora sabrán de antemano cuando un prisionero planee reunirse o se ponga en contacto con abogados, así como las estrategias legales que planean usar para ganar su caso. “Y dado que las prisiones son un ala de la fiscalía, esto constituye una violación atroz de nuestros derechos”, dice Bryant Arroyo, prisionero abogado y ambientalista de SCI Frackville que exitosamente desafió un historial de abusos del DOC.

Crisis de salud: falsa y real

El DOC afirma que varios funcionarios de prisiones han enfermado en las últimas semanas, principalmente en la región occidental del estado. Los primeros recuentos de este tipo comenzaron el 6 de agosto, pero hay escepticismo sobre los pocos detalles que se han revelado. No ha surgido un patrón claro de enfermedad. En un incidente, se le administró Narcan a un oficial, que se usa para tratar sobredosis de narcóticos, pero no está claro en qué circunstancias.

Otro caso que presuntamente contribuyó al encierro involucró a un guardia que escoltaba a un prisionero que, según afirmó, “parecía” estar bajo la influencia de una droga. Más tarde, ese guardia desarrolló una “erupción en su frente” y fue al hospital unas horas antes de ser dado de alta. El DOC está usando estos incidentes menores para sugerir que una crisis de salud generalizada y repentina entre el personal es la razón del cierre sin precedentes.

De hecho, hay una crisis de salud generalizada en las cárceles de todo el país, que es uno de los factores que incitó al paro nacional. El agua tóxica, los niveles de temperatura inseguros y la negativa de atención médica son condiciones extremadamente peligrosas que son causadas por las políticas de DOC.

Periódico WW-MO prohibido, prisioneros acosados

Este encierro es solo el último de una serie de nuevos casos de represión que los prisioneros han denunciado en los últimos meses. El mismo periódico Workers World-MO ha sido notificado de que se ha prohibido la distribución de tres números recientes en las instalaciones de Pensilvania, donde más de 300 prisioneros son suscriptores y quizás miles sean lectores. La razón dada para esta censura – el tercer incidente este año en que WW-MO se ha prohibido en las prisiones de Pensilvania – fue su reportaje sobre la huelga nacional de prisiones.

Por semanas hasta el primer día de la huelga, el escáner de iones que supuestamente realiza pruebas de sustancias tóxicas o ilegales comenzó a emitir docenas de falsos positivos en SCI Frackville. Los guardias rechazaron más de 20 visitantes por día, lo que encendió las tensiones entre internos y oficiales. Desde el cierre, los confinados en Frackville informan que se les está sirviendo comida inservible (bananas podridas, por ejemplo, y arroz aguado y frío con brócoli y coliflor) y experimentan retrasos en la entrega de alimentos de la comisaría, por los que tienen que pagar.

Este verano también ocurrió el tan esperado cierre del famoso SCI Graterford, sitio de una de las peores condiciones de agua tóxica en el estado. Los confinados fueron trasladados a una nueva instalación de $400 millones llamada SCI Phoenix, solo para ser recibidos por guardias que habían destruido sus propiedades, embarrando sus ropas con comida y tierra y triturando su correo y documentación legal mientras iba en tránsito. Varios prisioneros informaron que sus propiedades habían sido destrozadas y garabateadas con insultos raciales y dibujos de esvásticas. Al menos un recluso fue hospitalizado debido al acceso inconsistente a la medicación necesaria.

Entre los trasladados a SCI Phoenix estaba Michael Africa Sr., uno de los nueve miembros de la Organización MOVE que fue arrestado en 1978 y falsamente condenado por dispararle a un policía de Filadelfia. Es uno de los muchos miembros restantes de MOVE 9 que finalmente podrán estar en libertad condicional en los próximos meses. El encierro no solo coincide con la próxima audiencia de libertad condicional de Michael Africa, que está cerca, sino que también previno una acción de huelga. Los prisioneros tenían la intención de lanzar un boicot a las compras telefónicas y a la comisaría el 2 de septiembre.

Desde el cierre del 29 de agosto, los prisioneros han protestado gritando consignas y golpeando sus puertas al unísono durante horas enteras. Algunos bloques de celdas también han comenzado a rechazar la comida. Esa misma táctica fue implementada por prisioneros retenidos en el Centro Penitenciario Industrial de Pensilvania, quienes iniciaron una huelga de hambre a principios de este verano para protestar por un cierre.

Cuando Wetzel y Wolf anunciaron sus nuevos cambios radicales, no se hizo ningún anuncio en español ni en ningún otro idioma, a pesar de la considerable población carcelaria que no habla inglés, según Bryant Arroyo, quien es bilingüe.

La represión continúa bajo los Demócratas

El gobernador Wolf es uno de varios demócratas que asumió el cargo con una agenda supuestamente “progresista”, y desde entonces ha entrado en asociaciones de alto perfil con supremacistas blancos reaccionarios. Wolf llegó al poder junto al alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, quien eliminó los campamentos de protesta que surgían alrededor de la ciudad dándole poder a la policía para golpear a los manifestantes y destruir sus propiedades. Incluso llevó excavadoras para cavar la tierra por todo el Ayuntamiento la misma mañana que los campamentos fueron removidos.

La nueva política penitenciaria con respecto al correo legal es una gran ayuda para el fiscal en jefe Larry Krasner, cuya oficina de fiscalía ha llegado a un obvio acuerdo con la Orden Fraternal de la Policía para mantener a Mumia Abu-Jamal en prisión hasta que las condiciones lo maten. Los abogados de Mumia, que se encuentra recluido en SCI Mahanoy, están en una lucha constante con la oficina del fiscal de distrito por la divulgación de archivos que demostrarían mala conducta procesal y judicial en el caso de Mumia. La oficina de Krasner ha destruido los documentos o los está reteniendo. Eso debería demostrar lo peligroso de que todo el correo legal para los prisioneros en todo el estado esté ahora básicamente a la vista de los fiscales y funcionarios de prisiones.

WW-Mundo Obrero continuará protestando en nombre de los prisioneros cuyo derecho a leer esta publicación se niega ilegalmente. Además, el Abolitionist Law Center solicita que cualquier informe de abuso o violación de los derechos relacionados con el encierro se informe a ckeys@alcenter.org.