En la segunda semana del mes de agosto se acabó de exponer claramente al pueblo que quien gobierna en Puerto Rico directamente es el Congreso de los Estados Unidos, a través de su impuesta Junta (Dictatorial) de Control Fiscal. Quienes votaron en las pasadas elecciones boricuas pensando en que elegirían a sus dirigentes, se ha probado que fue un vano ejercicio de fantasía. La reducida participación en las últimas elecciones ya indicaba la creciente falta de confianza en su gobierno.
JCF por encima del gobierno de PR
La Jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal de Distrito de EUA por el distrito sur de Nueva York, es la encargada de presidir sobre los casos de bancarrota del gobierno de Puerto Rico. Al ser PR un territorio de EUA y no un municipio, los casos de bancarrota no pueden ser vistos por jueces de bancarrota, sino por los de distrito.
Esta última decisión contestando dos demandas del gobierno boricua, una de la Legislatura y otra del propio gobernante Ricardo Roselló, se refería al poder de la JCF sobre el gobierno insular bajo la Constitución de PR. Hay que recordar que esta constitución fue habilitada por la Ley 600 de 1952 aprobada por el Congreso EUA.
Con una oración, la jueza echa por el borde las aspiraciones de autonomía local: “El poder otorgado a la JSF por la sección 205 (b)(1)(K) de Promesa permite a la JSF hacer elecciones de política vinculantes para el gobierno central, a pesar del rechazo del gobernador a las recomendaciones bajo la sección 205”. (elnuevodia.com, 8 de agosto) La Sección 205 de la Ley Promesa se refiere a recomendaciones de política pública y es básicamente la puesta en marcha de los intereses del Congreso estadounidense: tener el control de las nóminas, de reducir gastos (pensiones, beneficios, etc.,) y privatizar agencias gubernamentales que son potencialmente barriles de ganancias.
Y aunque la jueza establece que la JCF no puede aprobar leyes, también dice que tiene “herramientas presupuestarias” y de “negociación”. (ídem) Y como se dice comúnmente, “quien paga escoge la canción”, la JCF al imponer un plan fiscal que responda a sus intereses va por encima de cualquier ley de PR. Por ejemplo, ¿Qué más da si el gobierno quiere preservar el Bono de Navidad para las/os trabajadores públicos y privados (que es obligación bajo la Ley de PR), si el Plan Fiscal de la JCF no incluye ninguna fuente de pago para éste?
Hay que puntualizar aquí que la labor de la Junta tiene realmente dos propósitos centrales: cuadrar el presupuesto y regresar a PR al mercado crediticio. Desde luego, central a esto es pagarle a los bonistas lo más que se pueda a expensas del pueblo.
Así que como resultado de esta decisión, la imposición del plan Fiscal de la Junta agravará en creces la situación del pueblo. Aparte de la reducción del bono navideño que es el estímulo anual que ayuda a las familias y a los pequeños negocios balancear su presupuesto y quedar a flote durante el resto del año, se incrementarán los despidos; se reducirán las plazas de empleo; se recortarán los planes de retiro sumiendo a la población adulta mayor a la indigencia; se recortarán y empeorarán los servicios gubernamentales tanto a nivel central como en los municipios que verán mermar aún más su presupuesto.
Implicación a educación y magisterio
En PR, las clases comienzan a principios de agosto. ¿Cuál será la repercusión de la dictadura del Congreso a través de sus siete miembros en el sistema educativo puertorriqueño?
Nunca antes había empezado un curso escolar con un proceso tan torpe, con tanta incertidumbre para maestras/os, estudiantes y sus familias, y tan desorganizado e incongruente. Sobre todo, para estudiantes de escuela elemental, y para estudiantes de educación especial.
Hay que destacar que el gobierno de “Ricky” Roselló, aunque sometió una demanda en contra de la Junta, está al compás políticamente de ésta. Y el Congreso lo ha utilizado como “tonto fácil” para lograr sus propósitos. Su administración, que quiere “imponer” la estadidad en PR (como si eso fuera posible), intenta convertir a PR en una copia de un estado de EUA. Ha seguido dócilmente las sugerencias de intereses estadounidenses en la contratación millonaria de administradores, empresas, consultores, etc. Su política ha sido la de imitar incluso lo que ha fallado en muchos estados, como las escuelas “chárter”, llamadas “alianza” en PR.
El caso más aberrante ha sido la contratación de la norteamericana Julia Keleher, oriunda de Filadelfia, para Secretaria de Educación. Keleher está en sintonía con la terrible política de Betsy DeVos, quien recientemente visitó la isla para reforzar los planes de privatización de la educación.
Como si fuera una premonición, las palabras de Roselló a la pregunta de una reportera de la revista Penn Gazette, de la Universidad de Pensilvania donde la Keleher estudió, de por qué la contrataron, fue: “Sin rodeos, pedimos que ella rompiera el sistema y lo reconstruyera otra vez”. (http://thepenngazette.com/ 23 de abril)
Y esto precisamente es lo que está haciendo. De una forma maquiavélica, la Keleher cierra y consolida escuelas a base de números y figuras. Sin visitar las escuelas, sin saber las condiciones ni del edificio ni de las comunidades adyacentes. Ha cerrado escuelas modelo, con integridad física, con salones específicos para acomodar las diferentes tareas que requieren las/os estudiantes de educación especial, que en PR sobrepasan el 40 por ciento del estudiantado.
Con la excusa de que se han ido miles de niñas/os después de María, ha cerrado cerca de 300 escuelas localizadas en los barrios más pobres, más alejados, de las montañas y regiones rurales, concentrando el estudiantado en zonas urbanas con difícil acceso por la congestión vehicular. Sin dar ninguna razón a maestras/os y familiares que preguntan. Muchas veces contestando solamente “Porque sí”, demostrando que no ha habido ningún proceso de planificación, fuera de la numérica.
Apenas a dos o tres días antes del comienzo de clases el lunes 13 de agosto, se dio a conocer que dado el hacinamiento en las escuelas donde había consolidado el estudiantado al azar, el Departamento de Educación había comprado 14 vagones para usarlos de salones de clase, por valor de $1,6 millones. Vagones que están montados en bloques de cemento, inseguros, sin electricidad ni servicios sanitarios.
Además, están dividiendo salones existentes en las escuelas consolidadas para acomodar dos clases a la vez, reduciendo peligrosamente a una sola puerta tanto la entrada como la salida. Esto pasa, mientras escuelas en excelentes condiciones permanecen con candado.
Escuelas en buen estado se han vendido. Un ejemplo vergonzoso fue la Escuela Julia de Burgos en Carolina, que se “vendió” por la cantidad de un dólar a la Iglesia Fuente de Agua Viva. Ahora es una escuela bilingüe cristiana y privada llamada ‘Fountain Christian Bilingual School’. En el proceso, destruyeron un mural del pintor José Antonio Torres Martinó del 1966. Este proceso de privatización va contra la misma constitución de PR que asegura una educación laica y pública.
El desbarajuste en el Departamento de Educación es total, e incluye la imposición de la matrícula por internet. Muchas/os niños están bajo el cuidado de sus abuelas/os quienes no manejan bien el internet, aparte de que aún sitios alejados de los centros de la ciudad carecen de señal de internet consistente. Por esto, se tuvo que aceptar a última hora que se puedan matricular en la misma escuela.
Eso en lo que toca a las/os estudiantes. El magisterio por su parte ha recibido una verdadera bofetada de la secretaria Keleher. Cambiándoles de asignaturas al azar, invalidando su experiencia y estudios. Cambiándoles de grado, enviándoles a lugares lejanos. Por ejemplo, a una maestra de 60 años de edad en Patillas, en el sur de PR, le asignaron dar clase en la isla municipio de Vieques, lo que le tomaría cuatro horas de ida y cuatro de regreso incluyendo el viaje en lancha.
¡Todo esto para crear un Puerto Rico abierto a las inversiones extranjeras! Como manda la Junta y el Congreso EUA. Un PR que como dijo Roselló al promocionar PR frente a empresarios, “es un canvas en blanco”. Un PR sin seguro para su clase trabajadora, con sirvientes criollas/os y sin regulaciones que impidan el flujo de mega ganancias.
Pero el magisterio sigue en pie de lucha, convocando a un paro el día 15 agosto, dos días después del inicio de clases.
En Filadelfia, boricuas residentes en esa ciudad han comenzado una campaña de “adornar” los alrededores de la Universidad de Pensilvania de pasquines “Se Busca” alusivos a Julia Keleher y David Skeel, este último profesor de derecho de esa universidad y miembro de la Junta.
Y el 27 de octubre, el Tribunal sobre los crímenes de EUA en PR, oirá testimonios en Nueva Yorque sobre los ataques a la educación como parte de los crímenes coloniales cometidos contra el pueblo boricua. Para más información sobre el Tribunal, visita la página PuertoRicoTribunal.org.
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