‘En Brasil recrudeció la represión y vulneración a los derechos’

Por Jorge Marchini
Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)/Rebelión

Rosa Maria Marques, es profesora titular del Departamento de Economía y del Programa de Estudios de Posgraduados en Economía Política de la Universidad Católica de Sao Paulo (PUCSP) y ex presidenta de la Sociedad Brasileña de Economía Política (SEP) y de la Asociación Brasileña de Economia de la Salud (ABrES). El fuente original del artículo es Tiempo de Crisis.
(tiempodecrisis.org)

Jorge Marchini.- ¿Cómo está la situación de Brasil luego de la prisión de Lula?

Rosa Marques.– Si observamos lo que viene sucediendo desde el golpe de 2016 con la destitución de Dilma Rousseff, la prisión del Lula constituye sólo un momento más del avance de la derecha en Brasil. Desde entonces hemos visto no sólo congelar el presupuesto del gobierno federal por veinte años, la eliminación de derechos de los trabajadores y la puesta a la venta de lo que aún quedaba de patrimonio estatal, destacándose los de empresas clave como Petrobrás y Eletrobrás, así también una escalada de la violencia y de todas las formas de intolerancia.

El asesinato de Marielle Franco (concejal del PSOL de la ciudad de Río de Janeiro, el 14 de marzo) y su chofer, Anderson Gomes, llevó a las calles a decenas miles de personas en luto y lucha. La conmoción fue de tal magnitud que las manifestaciones que siguieron a su muerte pueden ser comparadas con las del primer semestre de 2017. A pesar de ello, la violencia y las expresiones de intolerancia de todos los tipos parecen haber recrudecido. Es como si la muerte de Marielle hubiera sido un momento de clivaje, de punto sin retorno, que pusiera al descubierto los últimos velos que mantenían el odio no totalmente revelado.

Los ejemplos de este recrudecimiento no faltan: las ejecuciones que ocurren en las periferias, en las favelas y en los lugares del campo donde el conflicto por la tierra es más agudo, resultando en la muerte de trabajadores e indígenas; los ataques a la caravana de Lula, en el sur del país, que no se han restringido solo a huevos y piedras, en tanto los protofascistas hicieron uso de explosivos para bloquear su paso y dirigieron balas a sus vehículos; los actos de intolerancia manifestados en las calles, antes dirigidos a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales (LGBT) y negros, ahora son también contra inmigrantes.

Más recientemente, vimos con qué brutalidad los manifestantes de la educación infantil de Belo Horizonte fueron tratados, así como los estudiantes de la Universidad Nacional de Brasilia. Podríamos seguir la lista.

En el ejercicio de esta violencia, se encuentran grupos de individuos, milicias y fuerzas policiales regulares, haciendo más complejo el entendimiento de lo que es el aparato represivo actual del Estado en el país, de su extensión y transfiguración.

En ese marco, la prisión de Lula era necesaria y previsible. Se trata de la judicialización de la política. El gran capital, principal articulador del golpe de 2016, no promovió la retirada de Dilma para ver a Lula volver al Palacio da Alvorada (sede presidencial).

Condenado sin pruebas, está atrapado en celda aislada y no puede comunicarse con nadie, con la excepción de sus familiares y abogado. A cualquier otra persona se la ha negado la autorización de visita: incluso a personalidades como Pérez Esquivel, Leonardo Boff y la propia Dilma Rousseff, y hasta a su médico personal.

A pesar de estar incomunicado, él sigue frente a las encuestas en relación a cualquier otro carrera para la carrera hacia las elecciones presidenciales en octubre próximo. Sin embargo, no se sabe si Lula podrá ser candidato. En el escenario político, y paralelo al marco de recrudecimiento de la represión y de la vulneración a los derechos democráticos y civiles, se ensaya el lanzamiento de varios candidatos.

Nadie puede, con certeza, decir qué pasará. En el lado de la extrema derecha, Bolsonaro registra significativo apoyo y, hasta el momento no parece afirmarse una candidatura más “al centro”. La novedad, en términos de pre-candidatura, queda con el PSOL, que presenta al líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), Guillherme Boulos, y Sonia Guajajara, indígena que representa a varias etnias organizadas.

La presencia de Sonia introduce la discusión del ecosocialismo en el debate de los presidenciables, con una crítica profunda a la experiencia de los gobiernos Lula y Dilma, tanto en el trato de las tierras indígenas, como en la postura con relación a los agronegocios y al desarrollo de grandes proyectos, como la usina de Belo Monte, en el estado de Pará.

Jorge Marchini.– ¿Realmente ha comenzado la recuperación de la economía brasileña luego de años de caída?

Rosa Marques.– En las últimas semanas el mercado ha revisado hacia la baja la previsión de crecimiento de la economía brasileña en 2018. En ese momento, se prevé algo en torno al 2,7 por ciento. Necesitamos ver lo que sucederá hasta octubre, pues, al tratarse de un año electoral, puede haber mucha inestabilidad. De cualquier forma, no hay nada que indique que estamos viviendo un nuevo ciclo de expansión.

Los principales indicadores de la economía siguen presentando pésimo desempeño: bajo nivel de la inversión privada y caída continua de la inversión pública; un elevado nivel de desempleo (13,6 por ciento) y una caída del ingreso medio de los trabajadores. El crecimiento esperado, provocado especialmente por el aumento de la producción agrícola y el crecimiento de las exportaciones, es, por lo tanto, frágil y no suficiente para garantizar una recuperación.

Jorge Marchini.– Medidas drásticas, como las reformas laboral y previsional, son defendidas por buena parte del establishment como necesarias “luego de años de populismo”. ¿Qué opina?

Rosa Marques.– Para responder a esas cuestiones, hay que recordar que, en Brasil, el gran capital ya estaba libre de obstáculos y se beneficiaba de total libertad incluso antes del golpe de 2016. Esa libertad fue principalmente resultado de medidas realizadas durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso, pero que no fueron revertidas en los gobiernos de Lula y Dilma que, en algunas áreas, hasta se profundizaron, tal como ocurrió con la salud. A pesar de todo, había un mercado que no tenía, hasta entonces características adaptadas a las condiciones de la reproducción del capitalismo globalizado y “financiarizado”.

Este era el mercado de trabajo. Su legislación, que definía las condiciones de la fuerza de trabajo y los trabajadores del mercado formal, no estaba de acuerdo con aquella defendida y practicada (cuando no enfrentaba la resistencia de los movimientos organizados) por las empresas internacionalizadas. De este modo, el conjunto de leyes que garantizan los derechos de los trabajadores, llamado Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), pasó a ser considerado un obstáculo para la integración al mercado internacional.

Al analizarse desde el punto de vista del gran capital, asociado o no al capital internacional, era completamente insuficiente permitir el libre acceso a la producción y circulación de mercancías y del capital: era necesario que ello fuera acompañado por la alteración de las condiciones de su reproducción, lo que necesariamente implicaba la gestión de la fuerza de trabajo. En ese contexto, asume importancia impar la reforma laboral promovida por el gobierno Temer y su propuesta de reforma de la seguridad social.

La reforma laboral se llevó a cabo con el fin de conceder seguridad para el capital en general, pero principalmente al extranjero. Es para el capital que está interesado en comprar o participar en áreas públicas ahora puestas la venta mediante procesos de privatización o de levantamiento de prohibiciones legales existentes. Así, el sentido general de la reforma laboral es conceder garantía jurídica para que el gran capital internacional, principalmente el financiero, pero asociado al capital industrial y comercial, complete la integración de la economía brasileña a la economía mundial. De esta forma, el costo del trabajo estará controlado, de modo que el capital aquí instalado pueda competir con el de otras economías en las que es muy reducido.

Los cambios introducidos por la reforma acaban con garantías laborales. Este siempre fue un problema para los empresarios, ya que afirmaban que dificultaba la estructura de costos en la contratación de fuerza de trabajo. Ello porque, en general, la justicia acababa por imponer el cumplimiento de la ley, lo que generaba un pasivo laboral de valor muchas veces imprevisible. A partir de la reforma, el costo de la fuerza de trabajo es calculable, pudiendo ser estimado de antemano.

Y el nivel de ese costo, con la aplicación del conjunto de cambios, y sin considerar el pasivo laboral, tiende a ser menor que el actual. Este será el resultado, entre otros, de la introducción de la supremacía de lo acordado en forma particular en relación a lo legislado y de la creación de diversas modalidades de vínculos, de las cuales la más perversa es, ciertamente, la del trabajo intermitente. En términos de gestión de la fuerza de trabajo, lo que veremos es que las empresas tenderán a mantener un núcleo duro de trabajadores y, en caso de que la demanda por sus productos aumente, contratar a nuevos empleados valiéndose de las diferentes formas de contratación refrendadas por la reforma.

Otro aspecto de la reforma, que es muy importante, se ha aprobado que la tercerización pueda ocurrir en cualquier actividad, del sector privado y público, sea ella medio o fin. En el caso específico del sector público, ese cambio viene al encuentro del objetivo de reducir el Estado. En el plano de las alcaldías, ya ha ocurrido la contratación de empresas mediante licitacíón principalmente en el área de la educación.

La reforma de la seguridad social, como todo el mundo sabe, está en espera, pero seguramente entrará nuevamente en la agenda del Congreso después de las elecciones y/o en 2019. La aplicación de la propuesta inicial del gobierno tenía cuatro objetivos básicos: a) el de “armonizar” los regímenes previsionales entre los servidores públicos en los tres niveles de gobierno y el de los trabajadores del mercado formal privados sean estos rurales o urbanos; b) exigir como criterio para la jubilación la edad; c) aumentar significativamente el tiempo de contribución; y d) el reducir el valor de la jubilación.

Esa propuesta enfrentó amplio rechazo, pues rápidamente la población entendió de qué forma afectaría su condición de vida tanto en la vida activa como cuando fuera jubilado. Por eso mismo, esa propuesta fue modificada a lo largo del tiempo en que permaneció en tratamiento del Congreso. A pesar de ello, su pilar permanece en la última versión: el de introducir la edad como criterio de la jubilación y el de reducir el valor del beneficio. Es innecesario decir que la propuesta de reforma de la seguridad social es uno de los aspectos de la aplicación del nuevo régimen fiscal vigente en el país.

Jorge Marchini es profesor titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires.

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