Sindicatos puertorriqueños luchan contra colonización y privatización

Una colonia es utilizada por sus amos como ellos lo consideren conveniente para satisfacer las necesidades del amo. En un momento de decadencia capitalista, ¿cuál es el papel que Estados Unidos tiene para Puerto Rico?

A lo largo de su historia, desde la violenta invasión de los Estados Unidos al archipiélago Boricua en 1898, ese papel ha evolucionado. Estados Unidos ha pasado de la explotación agrícola del azúcar y del tabaco – destruyendo al mismo tiempo la autosuficiencia alimentaria del pueblo para fomentar la dependencia y un mercado listo para los productos estadounidenses – a las fábricas farmacéuticas y tecnológicas y refinerías de productos derivados del petróleo que resultó en ciudades fantasmas y tierras contaminadas cuando la industria se marchó en busca de mayores ganancias en otros lugares del mundo.

Y no olvidemos el uso de Puerto Rico por el Pentágono como puesto militar en el Caribe para probar armas criminales y practicar invasiones contra países vecinos. Agregue también el semillero casi ilimitado de trabajadoras/es de bajos salarios y profesionales de todas las especialidades disponibles para trabajar en los Estados Unidos, así como el reclutamiento de soldados para el ejército imperialista.

Ahora, en 2017, los Estados Unidos pretenden desmantelar completamente cualquier estructura que Puerto Rico haya establecido para beneficiar a su población, particularmente los sistemas públicos de energía y educación, y los derechos y representación de las/os trabajadores, entre muchos otros organismos y programas necesarios.

Todo esto se está haciendo para maximizar los beneficios, ya que la clase dirigente estadounidense quiere imponer un nuevo modelo de dominación colonial. Como señaló hace muchos años el nacionalista puertorriqueño Albizu Campus: “Estados Unidos quiere la jaula pero no el pájaro”.

La migración forzada de Boricuas a los Estados Unidos debido a la falta de oportunidades económicas en su hogar está vaciando a Puerto Rico de su población nativa, sustituyéndola principalmente con blancos y ricos empresarios estadounidenses como residentes. Las agencias nacionales privatizadas productoras de ingresos vendidas a precios ridículamente bajos y la población puertorriqueña trabajando como sirvientes son sólo un atisbo del futuro cercano. Es decir, a menos que esta toma de posesión sea enfrentada por el pueblo.

En Puerto Rico, la brecha se está ampliando entre dos mundos opuestos: los capitalistas, representados por el corrupto gobierno colonial puertorriqueño, con intereses directos de los Estados Unidos y la Junta Federal de Control Fiscal por un lado, y el pueblo oprimido en creciente pobreza y desesperación por el otro.

Sindicatos puertorriqueños en marcha

Hay un refrán en español: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”. Los ataques contra las/os trabajadores en Puerto Rico son devastadores. Pero a pesar de la masiva campaña de desinformación de los medios de comunicación que informa que las acciones perjudiciales del gobierno son positivas para el país, los sindicatos, las organizaciones progresistas y los medios de comunicación progresistas intentan orientar sobre la situación actual. Reuniones públicas en plazas de la ciudad, asambleas, foros educativos y otros eventos son cada vez más comunes.

El movimiento sindical ha convocado a una marcha y manifestación el 30 de agosto contra las medidas anti-obreras extremas impuestas por la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. Estas van desde la destrucción del sistema de pensiones y la llamada Ley de Flexibilidad Laboral hasta la reducción de los días de trabajo que efectivamente reducirá el ingreso de las/os trabajadores públicos alrededor del 20 por ciento.

Las/os manifestantes se reunirán en diferentes lugares de la capital de San Juan para dirigirse a la Milla de Oro donde se encuentran la mayoría de las instituciones financieras y bancarias y donde la JCF tiene su oficina. La UTIER, sindicato de trabajadoras/es de la industria energética, ha convocado a una huelga de 24 horas desde la noche anterior. Otros sindicatos también están convocando a un paro laboral, en un esfuerzo hacia la unidad en la acción del movimiento obrero, algo tan desesperadamente necesario en este momento.

Esta movilización subraya la gran amenaza de los imperialistas contra la clase obrera puertorriqueña. Ningún sector queda inmune a este ataque, pero el sector de la energía, tan crucial no sólo para la calidad de vida del pueblo, sino también para el desarrollo económico del país, está particularmente amenazado ahora.

Durante muchos años, la UTIER expuso la necesidad del mantenimiento del la infraestructura eléctrica de la isla, pero la administración nunca ha prestado atención. Según el liderazgo sindical, el plan de la gerencia ha sido dejar que la infraestructura se deteriorara lentamente y fallara, causando interrupciones eléctricas repetidas que hacen que la gente desesperada exija cualquier solución. En un estudio, se informó que entre 2010 y 2017, hubo un 402 por ciento de aumento en las interrupciones de electricidad.

Solución de la gerencia: privatización

Sin embargo, la única solución presentada por la dirección -el gobierno de PR- es la privatización, descartando las muchas y más asequibles propuestas presentadas por la UTIER a lo largo de los años.

La colonia de Puerto Rico ha estado en una crisis de deuda de $73 mil millones, incumpliendo su pago por bonos municipales ilegítimos y no tenía la posibilidad de declararse en quiebra para reestructurar sus “obligaciones”. Para “solucionar” esta gran crisis de deuda, hace un año el Congreso de los Estados Unidos impuso una agencia de cobro, la Junta de Control Fiscal, bajo la Ley PROMESA con el propósito de asegurar que el gobierno pague a los acreedores de bonos sin importar las consecuencias para el pueblo. Cada agencia gubernamental que había emitido bonos tiene su propia parte de la deuda. La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico tiene una deuda de $9 mil millones.

Para hacer frente a su deuda, la AEE subcontrató a Lisa Donahue de la firma estadounidense AlixPartners en 2014 como principal agente de reestructuración y consultora para algunos aspectos operacionales de la agencia. Después del malgasto de $45 millones en su sueldo, aumentos en las facturas de electricidad de la gente y decisiones operacionales desastrosas que condujeron a apagones, Donahue renunció en febrero – después de que ella y su firma comenzaran a ser investigadas.

Ahora, la JCF, a través de su recién contratado Coordinador de Revitalización, Noel Zamot, anunció que siete proyectos de privatización han sido presentados en un sitio web recién creado para que los desarrolladores o inversores sometan propuestas. Los siete están en el sector energético.

Si hubiese alguna duda sobre los objetivos de la JCF de privatizar la infraestructura, la siguiente cita del 24 de agosto de El Nuevo Día debería borrarla: “Para la Junta, la implementación del Título V de PROMESA es de alta prioridad, ya que la sección que, entre otras cosas, promueve la privatización de la energía eléctrica en la Isla sería el contrapeso a los efectos de recesión del plan fiscal”.

Poco después de este anuncio, la dirección de la AEE declaró que la planta de Palo Seco en la costa norte estaba en condiciones desastrosas y sería cerrada. También anunciaron que las reparaciones de esta planta, cruciales para la generación de electricidad de la isla, serían contratadas a empresas privadas.

Inmediatamente, el liderazgo de la UTIER tomó medidas, solicitando una reunión de emergencia con la administración. Como resultado, la dirección retrocedió y retiró la amenaza de un contrato a la empresa privada, mostrando los efectos de décadas de movilizaciones militantes del sindicato en beneficio de las/os trabajadores boricuas.

Sin embargo, la amenaza de la privatización continuará. La UTIER sigue movilizándose en las calles, y también ha entablado una demanda contra la JCF. El 17 de agosto, Laura Taylor Swain, jueza federal para el actual proceso especial de bancarrota para el gobierno de Puerto Rico bajo el Título II de Promesa, aceptó la demanda que cuestiona la constitucionalidad de cómo se eligen los miembros de la JCF. La demanda se basa en la separación de poderes en la Constitución de los Estados Unidos. El proceso está pendiente de la respuesta del gobierno de los Estados Unidos, esperada en 30 a 60 días.