Los retos que plantea la ofensiva de la derecha en América Latina

Esta es la segunda sección de la exposición presentada por Olmedo ­Beluche, Analista y autor marxista panameño, profesor de sociología de la Universidad de Panamá y miembro del Polo Democrático. Beluche, hizo su presentación durante un foro titulado “La situación de las Izquierdas en América Latina,” organizado por la Fundación Friedrich Ebert en la ciudad de Panamá el 25 de agosto del 2016.

Parte II

La crisis política es una lucha por el ­control del ingreso nacional:

El efecto político de esta situación en nuestro continente implica la crisis o “fin de ciclo” de los gobiernos “populistas o progresistas”, que financiaron importantes programas sociales con el “boom” de los precios de las exportaciones de materias primas. La crisis política se manifiesta como una disputa más álgida entre los partidos y las clases sociales por el control del aparato del estado.

El sistema recorta la posibilidad de gobiernos que busquen equilibrios sociales mediante programas de transferencias (subsidios). La “medicina” ordenada desde los centros de mando del capitalismo es más austeridad, por eso se impulsa con todos los medios gobiernos capaces de imponerla a los pueblos, la derecha política.

Aunque haya gobiernos “progresistas” dispuestos a aplicar, así sea parcialmente, los ajustes, como sucedió con el PT brasileño, lo cual le llevó a erosionar su base social de apoyo facilitando el golpe de estado contra Dilma Rousseff, es más eficiente para el sistema que lo hagan gobiernos descarnadamente derechistas. En términos generales, los gobiernos socialdemócratas, progresistas o populistas siempre tienen presiones de sus bases electorales e internas que dificultan la aplicación consecuente de medidas neoliberales.

Para enfrentar crisis de este tipo son más útiles al sistema capitalista gobiernos de derecha. Por lo que, desde los centros de poder económico mundial, se impulsa el vuelco hacia gobiernos de derecha o liberales, ya sea por la vía electoral o mediante golpes de estado más o menos solapados. También a lo interno de los países, las burguesías están menos dispuestas a compartir los réditos de las exportaciones y el ingreso nacional con las clases populares, por ello luchan por el control del aparato del estado para usarlo a su favor en la crisis.

Este es el fenómeno político que se está produciendo en América Latina. Su origen es la propia crisis sistémica del capitalismo.

La derrota electoral del peronismo en Argentina, la creciente inestabilidad en Venezuela y el intento de la oposición de forzar el referendo revocatorio, así como el golpe de estado parlamentario contra la presidente Dilma Rousseff, son las expresiones más claras de la crisis política y la disputa entre las clases sociales por el control de la renta nacional.

No olvidemos que a estos acontecimientos les han precedido los golpes de estado contra presidentes legítimamente electos como Aristide en Haití, Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay.

Otra víctima directa de la ofensiva de la derecha son las instituciones inter­nacionales fundadas o refundadas bajo el liderazgo de Hugo Chávez que buscaban dar un poco más de soberanía y unidad a las naciones latinoamericanas frente al control del imperialismo norteamericano, como: el ALBA, CELAC, Mercosur, etc.

Si en los diez años de buenos precios de las exportaciones, alcanzó para que la burguesía latinoamericana tomara su parte y a la vez se financiaran desde el estado los programas sociales de “transferencias”, ahora hay que cortar y alguien tiene que perder. La burguesía no está dispuesta a ceder su pedazo.

Por ello, la imposición de gobiernos de derecha va acompañada de fuertes medidas neoliberales, de recortes del gasto social y derechos económicos, como lo prueban la gestión de Macri en Argentina y Temer en Brasil.

c. ¿Cuál ha sido el carácter de los ­gobiernos progresistas o populistas?

Los gobiernos progresistas o populistas latinoamericanos han sido producto de verdaderas revoluciones populares que estallaron hacia los años 90, luego de más de una década de aplicación de duros planes de “ajuste estructural” por gobiernos oligárquicos, neoliberales y obedientes a los dictados del FMI y el Banco Mundial. La superexplotación a que sometieron a los asalariados, la miseria y desempleo a la que llevaron a millones de personas, produjo en algunos países sublevaciones populares.

El liderazgo de Hugo Chávez nació de los dramáticos acontecimientos del “Caracazo” de 1989; el de Evo Morales de la lucha de los cocaleros por defender sus cultivos y la “guerra del agua” contra las privatizaciones; el de Rafael Correa, de movimientos sociales y crisis políticas semejantes. El gobierno de los Kirchner en Argentina no se entiende sin la explosión de 2000 – 2001 producida por “el corralito”.

Los 15 años de gobiernos del PT en Brasil son producto de un ascenso más moderado pero continuado de las luchas obreras, al igual que el retorno al poder del FSLN en Nicaragua, y la victoria del FMLN en El Salvador.

El carácter de esos procesos populares fue esencialmente popular, anti­neoliberal y democrático. Han sido procesos canalizados por la vía electoral, de manera que no rebasaron, hasta ahora, los márgenes de la democracia burguesa y de la propiedad capitalista. Contrario a las revoluciones ocurridas en el siglo XX, desde la rusa hasta la cubana, que rápidamente expropiaron a la clase capi­talista, los procesos populistas latinoamericanos de inicios del siglo XXI, se han mantenido dentro de los márgenes del sistema.

El fallecido presidente Hugo Chávez, que ocupó la vanguardia de este proceso continental, tuvo el mérito de recuperar la aspiración de las masas a una socie­dad sin explotadores, el socialismo, en un momento decisivo de la historia ­humana cuando la “Caída del Muro”, la desa­parición de la URSS y el “socialismo de mercado” chino se habían transformado en una victoria política del capitalismo neoliberal.

En una década a inicios del siglo XXI, cuando las fuerzas anticapitalistas reunidas en el Foro Social Mundial de Porto Alegre apenas se atrevían a sugerir que “otro mundo es posible”, por fuera de la globalización capitalista, Hugo Chávez se paró en su tribuna y dijo claramente que ese mundo posible era el “Socialismo del Siglo XXI”. Millones de personas se sintieron referenciadas en esa consigna, que inspiró su lucha. Ese es uno de los grandes aportes de Chávez a la lucha de clases en ese cambio de siglo.

Sin embargo, el “socialismo del siglo XXI” era una fórmula algebraica en la que cada quien entendía lo que quería: unos veían una continuidad con el socialismo soviético de principios del siglo XX, otros una versión latinoamericana de la socialdemocracia, otros una crítica al estalinismo. Sea como sea, el hecho real es que siendo una buena fórmula propagandista, el proceso político venezo­lano, hasta hoy, no rebasó los límites del capi­talismo, la democracia burguesa y la propiedad privada capitalista.

El país donde las nacionalizaciones de empresas avanzaron más fue ­Venezuela, sin embargo, en ningún momento el peso de la economía estatizada llegó a superar al sector privado. Y las empresas nacionalizadas han sufrido mala administración, conflictos laborales internos e incluso, en algunos casos, corrupción en sus gestores. La banca y el comercio exterior han seguido bajo control de los grandes capitalistas importadores. En Venezuela el estado ha controlado las divisas, pero la burguesía ha tenido la habilidad de usar el control cambiario y el mercado negro del dólar para hacerse con buena parte de la renta petrolera y las reservas de la nación, fugando capitales (se estima en 300 mil millones de dólares) a países como Panamá parte de la riqueza nacional, incluso usándolo para sabotear la economía, acaparar y promover la desestabilización política [5].

Sin la nacionalización de la banca y el sistema financiero nacional, sin el control estatal del comercio exterior y sin la nacionalización de la gran indus­tria, es decir, sin elementales medidas realmente socialistas, los gobiernos latino­americanos en general están a mansalva de la burguesía, del imperialismo y del sabotaje económico, como prueba ­reiteradamente el caso de Venezuela.

Esa contradicción explica sus limitaciones y la dificultad para responder a la ofensiva de las derechas nacionales apoyadas por el imperialismo norte­americano, y alentadas por los grandes medios de comunicación. A lo que se suma la actitud reformista de muchos dirigentes de estos gobiernos progresistas que, afectados por una especie de “cretinismo parlamentario” (Marx), se someten dócilmente a los formalismos de las instituciones burguesas, quieren demostrar que son buenos gestores del capitalismo y, ante todo, temen convocar a las masas a las calles. En este sentido ha sido clara la actuación de los dirigentes del PT brasileño en el marco del golpe contra Dilma, cuyo gobierno se habría defendido mejor con una huelga general que con alegatos en un Senado corrupto.

d. Los programas sociales y algunas nacionalizaciones no son socialismo:

Algunas personas han confundido los programas sociales característicos de esta “década progresista o populista” con socialismo, pero se equivocan. Los programas sociales, las “misiones” o subsidios, no son medidas de tipo social­ista, sino medidas redistributivas de estilo neokeynesiano, que se han financiado con los números positivos de las exportaciones de materias primas, principalmente petróleo.

Los programas sociales no se han finan­ciado de la expropiación de la burguesía. Por el contrario, han sido incluso recomendados por los organismos de crédito internacional (FMI, Banco Mundial) para paliar el descontento social producido por la desigualdad impuesta por el neoliberalismo. Los organismos financieros del capitalismo les llaman “transferencias” y han sido ejecutadas incluso por gobiernos de derecha, como el de Martinelli en Panamá.

Las nacionalizaciones por sí mismas tampoco son verdadero socialismo, aunque son grandemente progresivas. Si las nacionalizaciones se convierten en un acto meramente burocrático de estado, en el marco de una economía de mercado, en especial si al final llevan a una gestión corrupta e ineficiente por parte de gerentes impuestos, en todo caso se transforman en un “capitalismo de estado”.

Para que la estatización o nacionalización de la industria adquiera un carácter socialista debe emanar de la auténtica e independiente movilización de los trabajadores, el control obrero de las fábricas y mecanismos asamblearios democráticos (sóviets). El socialismo no es una medida administrativa, sino una relación social, parafraseando a Marx.

Notas:

[5] Sutherland, Manuel. “2016: La peor de las crisis económicas, causas, medidas y crónica de una ruina anunciada”. Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO). Caracas, 16 de febrero de 2016.