Tarde en la noche del domingo 18 de abril, se dieron a conocer los resultados de la votación para un proceso de destitución contra la presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Después de aproximadamente seis horas de votación, la cámara baja del Congreso tuvo 367 votos “Sí” contra 137 “No” y 7 abstenciones, más de los dos tercios necesarios para proceder con el juicio.
Esto significa que el proceso continuará en el Senado en unas pocas semanas, donde una mayoría simple debe decidir el resultado final, y por lo tanto, el futuro de la presidencia de Rousseff. Mientras el caso se ve en el Senado, la presidente Rousseff debe ser removida de su posición y el vicepresidente, Michel Temer, asumiría la presidencia.
Ella podría apelar a la Corte Suprema, pero teniendo en cuenta que la misma Corte rechazó anteriormente anular la consideración del juicio político, no es seguro que decidiría a su favor.
Atmósfera de circo
El largo proceso de votación del domingo evocaba la atmósfera de un circo o un evento deportivo. Cada legislador/a tenía 10 segundos para hacer una declaración después de emitir su voto en voz alta. Había cobertura en vivo y podía ser visto a través de varios sitios web.
Como actores ganadoras/es en una noche de los Oscar, la mayoría mencionó sus familiares, sus seres queridos, ciudades, dios o su país como la razón de su voto. Las/os que votaron “Sí” no hicieron mención alguna sobre de la legitimidad del juicio político.
Aplausos y gritos se escucharon e incluso confeti fue disparado con una pistola de juguete después de un voto “Sí”, mientras que el silencio seguía a los “No”. Definitivamente semejaba a un circo de gladiadores contra Rousseff.
Detrás del espectáculo, una acción más preocupante se llevaba a cabo: la absoluta ilegitimidad del juicio político. Incluso Luis Almagro, el secretario general de la OEA, no precisamente una organización progresista, escribió en una declaración: “Nuestra Organización ha realizado un análisis detallado del proceso de juicio político en contra de Dilma, y ha llegado a la conclusión de que no se ajusta a las normas que rigen este proceso.
No hay ninguna acusación penal contra la Presidente; más bien ha sido acusada de mala administración de los recursos públicos en 2014. Esta es una acusación que es de carácter político, y que no merece un proceso de destitución”. (OAS.org)
Peor aún, el mismo vicepresidente Temer, del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño, e instigador del juicio político contra Rousseff junto al presidente del Congreso Eduardo Cunha, ha sido implicado en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.
Y Eduardo Cunha, el Presidente de la Cámara de Diputados, un político evangélico derechista que abrió el proceso de juicio político, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por corrupción y lavado de dinero, acusado de recibir $5 millones en sobornos de una empresa de construcción relacionada con Petrobras, la empresa petrolera brasileña.
Muchos otros legisladores también son objeto de investigación. A los ojos de muchas/os brasileños, la credibilidad del Parlamento es cero.
Severa crisis
El gobierno y el propio país se encuentran en una crisis política, económica y social grave.
El proceso para la destitución se ha seguido de cerca no sólo por las/os residentes del país, sino por el mercado global. Un artículo de Bloomberg del 17 de abril, titulado “Brazil Investor Impeachment Euphoria Fades as Quickly as It Came” (La euforia del impeachment de los inversores en Brasil se desvanece tan rápidamente como vino), declaró que “Los inversores han acumulado activos brasileños este año esperando que la destitución de Rousseff permita a un nuevo gobierno aprobar medidas dirigidas a sacar la mayor economía de América Latina de su peor recesión en un siglo y hacer frente a un explosivo déficit presupuestario. Pero la gravedad de los problemas significa que su probable sucesor – el vicepresidente Michel Temer – tendrá poco margen de error”.
Algunas de las políticas del gobierno de Rousseff han afectado negativamente a la población. Estas incluyen medidas neoliberales de privatización y recortes. El Partido de los Trabajadores ha debilitado sus lazos con las masas, incluso desde la administración del ex presidente Lula da Silva. La economía, sin embargo, estaba en mejor salud en ese tiempo y mientras hacía alianzas con la clase capitalista rica de Brasil, su administración fue capaz de poner en práctica programas que mejoraron el nivel de vida de millones de personas que vivían en extrema pobreza.
Y aunque aún hay apoyo para el PT, no es suficiente para contrarrestar el ataque de la derecha.
En una entrevista de la revista virtual argentina, Página 12, João Pedro Stédile, coordinador del Movimiento de los Sin Tierra, MST, dijo:
“Un gobierno de Michel Temer y su partido, el Partido Movimiento Democrático Brasileño, representa el proyecto de las elites. Lo que está en juego el regreso al neoliberalismo. Ellos necesitan voltear a Dilma para esa restauración neoliberal, es ese el elemento central de este momento de la lucha de clases que se intensificó. La votación del impeachment es fundamental porque explicita los intereses de las clases dominantes y su decisión de descargar en las clases trabajadoras los perjuicios de la crisis económica mundial”.
Este proceso de destitución podría traer un resurgimiento de la izquierda en un movimiento progresista. Esto incluiría tanto las fuerzas alineadas con Rousseff, Lula y el PT, como a quienes siguen siendo críticos, pero se oponen a la derecha. Su objetivo sería la construcción de una propuesta verdaderamente democrática para el país, que tenga al pueblo en el centro y no a los financieros y las corporaciones.
Que tal movimiento podría tener apoyo se muestra en las protestas contra el juicio político llevadas a cabo los días previos a la votación en muchas ciudades y en la plaza frente al Congreso.
Y como dijo Stédile en la entrevista anterior, “Se deben rearticular y producir un gigantesco movimiento de masas para formular nuevas alternativas”. (pagina12.com.ar)
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