Trabajadoras/es federales bajo ataque

El Congreso ha desatado una cantidad de leyes derechistas que disminuirían la seguridad de empleo, el pago, y a las/os trabajadores federales, el derecho mismo a pertenecer a un sindicato que les represente.  Uno de los intentos más restrictivos de romper los sindicatos es cortar el derecho de las/os representantes sindicales a usar el llamado “tiempo oficial”  para representar y negociar los contratos laborales. El tiempo oficial significa sencillamente que las/os representantes sindicales pueden tomar tiempo para representar y negociar por una/un empleado, durante su día regular y recibir su pago regular, sin tener que usar su tiempo de ausencia al trabajo.

La propuesta legislación también exige que las agencias que tengan sindicatos, informen la cantidad de tiempo oficial tomado por oficiales del sindicato para ayudar y negociar por las/os trabajadores federales.  El propósito de esta demanda es golpear a los sindicatos al restringir, o eliminar, el tiempo oficial y convencer al público de que es un gasto del dinero de las/os contribuyentes.  Sin el derecho a tiempo oficial, los sindicatos no pueden defender efectivamente a las/os trabajadores contra la disciplina arbitraria y caprichosa, los despidos injustos y las reducciones del pago.

El presidente de una seccional del sindicato Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE por sus siglas en inglés) le dijo a WW-Mundo Obrero de otro intento de romper el sindicato: “AFGE es el sindicato más grande que representa a las/os trabajadores federales (600.000);  sin embargo, una decisión reciente de la Corte de Apelación limita la definición de quienes puedan ser protegidas/os por un sindicato, al reclasificar a las/os empleados como de ‘seguridad confidencial’ de la misma manera que la Agencia de Seguridad Nacional, la FBI y la CIA clasifican a esas/os empleados como de ‘confidencialidad crítica’ y así quedan impedidos de ejercer sus derechos sindicales.  Por lo tanto, esas/os empleados no tendrían derecho de apelación”.

La administración de Obama también propone legislación que cambiaría la definición de lo que es un “puesto de seguridad, y/o ‘confidencialidad crítica”.

En la edición del Washington Post del 21 de agosto de 2013, el experto del periódico sobre empleados federales, Joe Davidson, se refirió a la irracionalidad de estas decisiones en cuanto a los puestos “críticamente confidenciales”, especialmente para civiles que trabajan en bases militares.  En la decisión de la corte antes mencionada, un trabajador de grado inferior que administraba el inventario en un economato, el cual es básicamente un supermercado, fue descrito como alguien en un “puesto críticamente confidencial”. En el mismo artículo, Davidson escribe que según Tom Devine, director legal del Proyecto de Responsabilidad del Gobierno, “El trabajador está indefenso”.  La corte respaldó el argumento de la administración de Obama sobre la Merit Systems Protection Board, [que escucha los derechos de apelación de trabajadoras/es federales], de que no puede revisar o revocar las decisiones de una agencia a tomar acciones disciplinarias o adversas contra la posición sensible de un empleado.  Mientras, añadió Devine, la administración está proponiendo regulaciones que harían a casi todos los empleos federales elegibles para la designación de confidencial.

Resumiendo, los sindicatos en el sector federal están obstaculizados por innumerables leyes federales y de agencias, regulaciones y políticas que restringen los derechos y las actividades de las/os trabajadores federales.