¡No deportar refugiadas/os!
El gobierno de Obama recibió el Año Nuevo con una ola de terror contra las/os trabajadores indocumentados, en particular los centroamericanos.
En un acto sin precedentes, las incursiones se dirigieron a las/os niños, la primera vez en el país que se dirigen a menores de edad.
El Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson anunció el 3 de enero que 121 personas habían sido detenidas en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte durante el fin de semana de Año Nuevo en espera de deportación.
Él declaró: “Este fin de semana pasado, Inmigración y Control de Aduanas [ICE] llevó a cabo operaciones concertadas a nivel nacional para tener en custodia y devolver más adultos que ingresaron a este país ilegalmente con niños. Esto no debería sorprender. He dicho públicamente durante meses que los individuos que constituyen las prioridades de control, incluidas las familias y los niños no acompañados, serán expulsados “. (Politico, 4 de enero)
El Secretario de Prensa de la Casa Blanca Josh Earnest añadió en rueda de prensa que el presidente Barack Obama apoya la deportación de aquellos que recientemente entraron a los EE.UU. ilegalmente. Earnest dijo en la rueda de prensa diaria, “Ciertamente, las personas deben tomar esto para entender que la administración toma en serio el hacer cumplir nuestras leyes de inmigración”.
De hecho, el presidente Obama ha llevado a cabo más deportaciones que cualquier otro presidente de Estados Unidos. Desde su elección, más de 2 millones de trabajadores han sido deportados.
Redadas ilegales, inhumanas y sin precedentes
La respuesta a las redadas, no sólo por parte de asociaciones y defensores de derechos de los inmigrantes, sino también por una serie de entidades jurídicas, fue rápida y contundente.
La forma en que los allanamientos se llevaron a cabo condujeron a una condena inmediata por los defensores, y las organizaciones pro derechos humanos y de ayuda legal.
Agentes del ICE, según varias fuentes de noticias, por lo general llegaron en horas previas al amanecer a las casas de las personas con órdenes de deportación. Una mujer en Dallas dijo al noticiero VICE (5 de enero) que ella y sus dos hijos estaban dormidos en la casa de sus padres. Cuando su padre abrió la puerta, los agentes irrumpieron en el interior. Dijo que estaba vestida ligeramente puesto que estaba todavía en la cama. Sin embargo, el ICE se la llevó y a sus dos hijos a un centro de detención en el sur de Texas para deportarles.
Escenas similares se llevaron a cabo en Georgia y Carolina del Norte. Activistas de inmigración reportan que tales incursiones también ocurrieron en Maryland.
Una de las razones por la que las redadas fueron recibidas con tan rápida y fuerte condena es el contexto en el que los migrantes centroamericanos están aquí y su estado singular.
Muchos de los niños y padres que fueron objeto de deportación se enfrentaron a un proceso legal apresurado e injusto que nunca les dio su día en la corte. Los expertos legales y defensores de los inmigrantes señalan lo absolutamente injusto e ilegal que es apuntar a este grupo en particular para la deportación.
Michelle Chen escribe en la Nation (5 de enero), “Aquellos programado para ser deportados han pasado meses rebotando un guantelete legal que desconcierta incluso a los abogados, y mucho más a un niño de 7 años de edad que no habla inglés, o madres jóvenes que sufren estrés postraumático”.
El Southern Poverty Law Center de inmediato presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA ) apenas unas horas después del anuncio de las redadas. Escribieron que las redadas “plantean serios interrogantes acerca de si los agentes federales violaron las normas constitucionales o utilizaron tácticas ilegales para detener a las familias de inmigrantes que buscan seguridad”.
El grupo presentó una solicitud FOIA para investigar la legalidad de las redadas y calificó las acciones “sencillamente inconcebibles”. Ellos continúan, “Nuestra investigación preliminar indica que el ICE y las agencias policiales locales cooperantes utilizaron coacción y engaño como parte de las incursiones en los condados Cobb, DeKalb y Gwinnett en Georgia”.
En todo el país, grupos de inmigrantes y defensores respondieron con rapidez y se movilizaron en defensa de sus comunidades. Mítines de prensa, foros y enseñanzas sobre conocer sus derechos se llevaron a cabo en ciudades a través de Texas, Wisconsin, California, Nueva York y en otros lugares.
Se recomendó a los inmigrantes no abrir la puerta sin que se mostrara la orden de registro, porque los agentes de ICE llamaban a las puertas y usaban argucias y engaños para entrar. Los agentes dicen que están buscando a John Doe o Fulano de Tal – una persona que nadie conoce en ese hogar – y usar eso como un pretexto para entrar y coger a otra persona.
Deportados a morir
Enfocarse en los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala en redadas de Año Nuevo es especialmente inconcebible, así como racista y criminal, debido a las condiciones a las que están siendo deportadas estos jóvenes, niños y familias.
Décadas de intervención imperialista en América Central han creado condiciones sociales inestables. La llamada guerra de Estados Unidos contra las drogas sirvió no para detener las drogas ilegales, sino para construir y ampliar la narco industria, incluyendo los carteles.
Esta industria lucrativa para los bancos y todo el negocio de las drogas significa que las drogas no se detendrán hasta que el movimiento por la justicia se lo impida. Mientras tanto, la violencia del narcotráfico se eleva en América Central y México para que el negocio pueda continuar.
Los jóvenes centroamericanos, en particular, están siendo devueltos a su muerte. Muchas de las familias migrantes informan que huyeron de Honduras o El Salvador después de que miembros de la familia habían sido amenazados y a menudo asesinados por los narcotraficantes. Las familias están huyendo por sus vidas. Una madre migrante dijo a un miembro del Congreso que podía vivir en la pobreza, pero que no podía vivir en condiciones de guerra.
En 2014, más de 100.000 personas de la clase trabajadora cruzaron la frontera huyendo de estas condiciones. Miles fueron menores no acompañados. Los jóvenes relataron cómo fueron presionados para “unirse o morir” a las pandillas.
El 12 de octubre de 2015, un titular de periódico The Guardian decía: “Gobierno EE.UU. deporta a los migrantes centroamericanos a su muerte”. La investigación del periódico documentó que muchos de los deportados enviados de vuelta por la administración Obama habían sido asesinados a los pocos días o meses después de regresar a El Salvador, Guatemala u Honduras. El estudio dijo que tantos como 83 repatriados habían sido asesinados desde 2014. Los activistas de inmigración dicen que esto es sólo la punta del iceberg. Tres hombres hondureños fueron asesinados pocos días después de haber regresado a casa.
La sangre de los migrantes – ya sean asesinados por la violencia del narcotráfico, los ataques de los cárteles, durante el viaje a los EE.UU., o que pierden la vida en los desiertos o en las vías del ferrocarril cerca de la frontera – está en las manos del imperialismo estadounidense.
La inestabilidad en América Central, al igual que en México, es absolutamente y totalmente debida a la política imperialista de Estados Unidos. Es por esto que los migrantes centroamericanos en particular, merecen la condición de refugiados inmediatamente. Y los grupos pro inmigrantes están absolutamente en lo correcto al exigir el cese inmediato de las redadas y deportaciones.
¿Continuarán más redadas? Si lo hacen, el movimiento va a responder con una mayor lucha.
