Prisiones sureñas llenas de deudores

En todo EUA, las cárceles locales se han convertido en “cárceles de deudores” ya que las ciudades y los condados encarcelan a personas pobres que no pueden pagar las multas por violaciones de tráfico, delitos menores o “costos de la corte”. En ninguna parte es esto más dramático que en el ‘Sur Profundo’[n.t.: sur de EUA] donde las personas encarceladas son desproporcionadamente jóvenes negras/os, inmigrantes, personas de color y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y gente queer. (blackandpink.org)

El 17 de septiembre en Alabama, el juez de circuito del condado de Perry, Marvin Wiggins, dijo a una corte llena de gente durante una audiencia sobre multas sin pagar: “Si usted no tiene dinero y no quiere ir a la cárcel, considere donar sangre hoy y traer su recibo, o el alguacil tiene suficientes esposas para los que no tienen dinero”. (Equal Justice Initiative)

Debra Shoemaker Ford del condado de Shelby, fue encarcelada allí durante siete semanas sin audiencia judicial. ¿Cuál fue su delito? Ella no había pagado las cuotas mensuales cobradas por una empresa privada de libertad condicional, Servicios de Corrección Judicial (JCS por sus siglas en inglés). La compañía con sede en Georgia había proporcionado su fianza por una violación de tráfico. (themarshallproject.org)

En el condado de Chilton, el obrero metalúrgico jubilado y enfermo Richard Garrett, fue encarcelado durante dos años debiendo $10.000 sólo por violaciones de tráfico y de licencia, además de las cuotas y multas devengadas durante 10 años. (New York Times, 2 de julio de 2012)

Encarcelar a alguien que no puede pagar las deudas porque es demasiado pobre es una violación a los derechos civiles bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. También es ilegal en virtud del veredicto dictado en el caso Bearden v. Georgia de 1982 por la Corte Suprema de EUA.

Pero a pesar de que el encarcelamiento de deudores no está permitido por ley, de hecho va en aumento. Como parte del aumento de prisiones con fines de lucro de los últimos 20 años, iniciativas “financiadas por las/os infractores” en todo el sistema de “justicia” estadounidense han transferido gran parte del costo del sistema a las/os mismos presos.  Ciudades y condados empobrecidos han adoptado activamente este enfoque para agregar a su “fuente de ingresos”.

Los gobiernos locales también han aumentado los ingresos mediante la contratación de la Agencia de Inmigración y Aduanas para arrestar y encarcelar inmigrantes indocumentadas/os a fin de cumplir con las cuotas para mantener “las camas llenas” en centros de detención con fines de lucro operados por gigantes corporativos como Corrections Corporation of America y GEO Group. Inmigrantes encarceladas/os entonces incurren en costos en estos locales (Grassrootsleadership.org)

Empresas depredadoras como JCS son contratadas por ciudades y condados para cobrar multas, restitución y cargos de las personas condenadas o encarceladas. Subrayando que están “ahorrando el dinero de los contribuyentes,” estas empresas con fines de lucro atosigan a las/os pobres tratando de cobrar todo tipo de honorarios, incluyendo registro en la cárcel, solicitudes de defensores públicos, pruebas de drogas, pruebas de ADN, rehabilitación por adicción a drogas, vigilancia electrónica, así como costos diarios de encarcelación preventiva antes del juicio, etc. (globalresearch.ca)

Las empresas privadas no le cobran nada a los gobiernos locales; hacen sus ganancias mediante la adición de cargos extras a las/os acusados.

Las empresas son cobradores con el poder de decidir si alguien va a la cárcel por no pagar. Las/os acusados pobres tienen derecho a la asistencia judicial en los casos penales, pero no en los civiles – como el endeudamiento. Eso deja a las/os acusados pobres a merced de las empresas especulativas como la JCS.

Un estudio de 2010 por el Centro Brennan para la Justicia examinó las estructuras de tarifas en 15 estados de EUA con las poblaciones carcelarias más grandes, incluyendo California, Florida y Texas. El estudio encontró que las cuotas “crean nuevas rutas de encarcelamiento para aquellos que no pueden pagar sus deudas y hacen más difícil encontrar empleo y vivienda, así como cumplir con las obligaciones de manutención de niños”. La deuda por procesos penales también afecta la elegibilidad para la licencia de conducir y obtener crédito.

Prisioneras/os luchan

Una campaña nacional contra el encarcelamiento de deudores está tomado velocidad. El 21 de octubre la Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda federal contra JCS, la ciudad de Biloxi-Mississippi, su jefe de policía y un juez municipal, culpándoles de que operan “una prisión moderna de deudores … [que] arresta y encarcela personas empobrecidas en un esquema para generar ingresos municipales”.

En enero pasado, la ACLU presentó una demanda similar en Georgia contra el condado de DeKalb y rápidamente llegó a un acuerdo en marzo, logrando una limitada reforma sistémica. Bajo esta presión, el día antes de que la ACLU  presentara la demanda en Mississippi, la JCS anunció que cerraba sus negocios en Alabama.

Acciones militantes de prisioneros por todo el país precedieron estos desafíos legales y siguen alimentando la creciente lucha nacional contra las prisiones con fines de lucro y el encarcelamiento en masa. En 2011, los prisioneros en la Prisión Estatal de Pelican Bay de California lanzaron una huelga de hambre contra las sentencias de aislamiento que habitualmente duraban más de 10 años. Para el 2013, más de 30.000 prisioneros de California se habían sumado a la huelga, la más grande en la historia. Bajo la tremenda presión de los confinados, sus familias y sus comunidades, el gobernador Jerry Brown llegó a un acuerdo para eliminar el régimen de aislamiento indefinido.

En marzo, las madres en el centro Karnes, un campo de detención de familias inmigrantes en Texas, iniciaron una huelga de trabajo y de hambre, exigiendo ser liberadas con sus hijas/os. En junio, las madres en el Campo de Detención de la Familia en el Condado de Berks-Pensilvania, iniciaron una huelga similar. Un juez federal falló a su favor el 21 de agosto, ordenando al gobierno de Obama liberar a todas las madres y las/os niños detenidos para el 23 de octubre. (EndFamilyDentention.com)

El 1 de enero de 2014, el Movimiento de Liberación de Alabama anunció “una acción multirracial colectiva… por los Derechos Humanos y Civiles, en la forma de un paro laboral” que se extendió a las cárceles del condado de St. Clair y al condado de Elmore. MLA es una organización de base fundada por hombres encarcelados en Alabama.

El MLA es claro sobre la base de su estrategia de resistencia: “Las cárceles no funcionan sin el trabajo de los reclusos. Y cada día que la prisión no funcione, el margen de sus ganancias cae”.