Histórico acuerdo colombiano

Después de más de dos años de diálogo para la terminación del conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, finalmente se ha dado un paso importante que podría conducir a una paz duradera con justicia social.

El pasado miércoles 23 de septiembre, se reunieron por primera vez en la Habana-Cuba, el máximo líder de esa insurgencia, comandante Timoleón “Timochenko” Jiménez y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos para anunciar un acuerdo hacia la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La gran importancia de esta Jurisdicción es que proveerá el marco legal para juzgar a quienes participaron en el conflicto armado ya sea directa o indirectamente, de forma que no queden impunes los crímenes cometidos. Sobre todo, los crímenes cometidos por fuerzas del estado y paramilitares. La impunidad en Colombia es lo que ha mantenido hasta ahora las violaciones y asesinatos contra la población, el pueblo indígena y afrodescendiente, las/os activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes y todas/os aquellos que luchan por la justicia social en ese país.

Un ejemplo de impunidad ha sido la Ley de Justicia y Paz establecida bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para la desmovilización de los grupos paramilitares. Según una reciente entrevista por Anncol a Enrique Santiago Romero, asesor jurídico de las FARC en los presentes Diálogos de Paz, luego de 10 años de procesos jurídicos, sólo han resultado 10 sentencias que afectan a 150 paramilitares, de un total de 33.000-34.000 paramilitares “desmovilizados”. Además, la llamada ‘desmovilización’ realmente ha sido un cambio de nombre, pues en vez de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, resurgieron paramilitares bajo el nombre de Águilas Negras y otros. Las amenazas y asesinatos por fuerzas paramilitares no han cesado.

De hecho, según Santiago Romero, no puede haber acuerdo final para la paz si no se erradica el paramilitarismo.

Esta JEP se puede considerar como una victoria de la insurgencia. En el 2012, el gobierno de Santos había impuesto unilateralmente una Ley de Justicia Transicional donde se buscaba mayormente la penalización de las fuerzas insurgentes. Las FARC nunca aceptaron esta ley puesto que se había concebido durante el proceso de Diálogos de Paz por el gobierno santista sin ninguna intervención de la insurgencia. Además, se trataba de ignorar los crímenes cometidos por el Estado y los paramilitares.

Aquí hay que precisar que un informe de la Corte Penal Internacional sobre Colombia en noviembre del 2012, halló que los mayores victimarios en el conflicto armado han sido los agentes del Estado y los paramilitares. (http://www.icc-cpi.int)

El comandante “Timochenko”, en una rueda de prensa luego de la firma del 23 de septiembre, se dirigió a sus compatriotas y a las/os amigos de la paz de Colombia diciendo “Les traemos hoy, además de nuestro abrazo fraterno, un parte de victoria colectiva: hemos logrado, con la invaluable ayuda de la subcomisión jurídica, retirar muchos de los obstáculos que hacían más difícil el camino de nuestra reconciliación. Tenemos una Jurisdicción Especial para la Paz que, además de garantizar el respeto a los derechos de las víctimas, será factor dinamizador de la firma de nuevos acuerdos en este tramo fundamental para alcanzar la terminación del conflicto”.

Comunicado Conjunto

En una rueda de prensa y con la presencia del anfitrión de los Diálogos, el presidente Raúl Castro, y los representantes de los países acompañantes, se leyó el Comunicado Conjunto de las FARC-EP y el gobierno colombiano sobre el acuerdo. En él, ambas partes reafirmaron su compromiso con los pre acuerdos logrados hasta ahora: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.

Explica los puntos principales de la JEP que resumiendo, buscan “una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”. Para ello, se construirá un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” que se pondrá en movimiento a través de la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Se crearán Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz compuesto principalmente por magistrados colombianos, con la finalidad de “acabar con la impunidad, obtener Verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición”. (Telesurtv.net)

De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario en materias de conflictos armados, “el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. Esto implicaría que los “delitos” de la insurgencia, los cuales son catalogados como políticos, de rebelión, conllevarían una amplia amnistía. Por otro lado, el comunicado agrega que “En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves…..”.

La JEP tendrá dos tipos de procedimientos, “uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente”. “A los primeros se les impondrá una sentencia” y “los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal”. “Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado”.

Quienes voluntariamente reconozcan sus delitos, tendrán sanciones más livianas conducentes a la reparación de las víctimas; delitos muy graves tendrán penas de 5 años hasta un máximo de 8 en condiciones especiales. “Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias” (cárcel).

El comunicado termina diciendo que “en el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final, (el cual se espera que finalice en seis meses).

Y que la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.

Garantías de éxito

Si bien este es un acuerdo histórico, y según Santiago Romero, quien está muy versado en jurisprudencia internacional, no ha habido un marco jurídico tan integral en ningún otro proceso de paz, todo dependerá de la puesta en práctica del mismo.

Para ello se necesita primeramente, un financiamiento adecuado. También, la voluntad del gobierno actual y de futuras administraciones. Asimismo, es esencial la revelación de los actos criminales cometidos por el estado. Sobre este punto Santiago Romero recordó el caso de la dictadura militar en Chile, donde los altos mandos militares bajo Pinochet hicieron un pacto de silencio para no dar a conocer sus crímenes. Ese pacto duró hasta hace muy poco, lo que representa un silencio por más de 40 años.

En este contexto tenemos que tener presente el papel criminal, pasado y actual, del ex presidente Uribe y sus aliados paramilitares, los cuales será difícil que declaren fácilmente.

Toca también a la comunidad solidaria internacional de exponer los crímenes del estado colombiano y la participación de Estados Unidos como promotor de la militarización y la violencia en Colombia para beneficiar a sus grandes corporaciones.