Guatemala: una victoria democrática contra la corrupción
Olmedo Beluche es un sociólogo y analista político panameño miembro del Polo Ciudadano.
Luego de meses de creciente crisis política y de movilizaciones populares diarias, el 2 de septiembre último, de madrugada, presentó su renuncia como presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción y de dirigir una banda delincuencial, denominada “La Línea”, especializada en evadir millones de dólares de impuestos al estado. Pérez Molina fue directamente de la Presidencia de la República a rendir indagatoria a un juzgado y de allí a la cárcel. En abril, su vicepresidenta, Roxana Baldetti había seguido el mismo camino.
El mal de la corrupción se contagia por Centroamérica
La ola de indignación popular producida por el destape de este escándalo de corrupción de altas autoridades políticas no es exclusiva de Guatemala. En Honduras, este mismo año se han producido movilizaciones masivas autoconvocadas principalmente por jóvenes, a través de redes sociales, igual que en Guatemala, para protestar después que se destapara un robo de cientos de millones de dólares a los fondos de la seguridad social y para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández por haber admitido que su campaña electoral fue financiada en parte con esos millones de dólares robados.
En Panamá, ha habido poca movilización, pero hay gran sensibilidad de la ciudadanía frente al tema de la corrupción lo cual, sin duda, influyó en la derrota electoral del gobierno de Ricardo Martinelli, en 2014, y en la multitud de investigaciones por peculado a que están sometidos él y varios de sus ministros.
En todos lados, la crisis de credibilidad de la política y de los políticos tradicionales va asociada a la percepción generalizada de que mientras las clases populares ven disminuir sus ingresos por culpa de las políticas económicas neoliberales, mientras se deterioran los servicios sociales por falta de inversiones públicas, los gobernantes y sus socios empresariales se enriquecen descaradamente gracias al erario estatal.
Guatemala un régimen antidemocrático y corrupto hasta el tuétano
Desde que, a mediados de la década de 1950, Estados Unidos promoviera un sanguinario golpe de estado contra el presidente Jacobo Arbenz, por atreverse a nacionalizar parte de las tierras de la transnacional bananera United Brands, Guatemala ha padecido uno de los regímenes más represivos del continente americano.
No es casualidad que, paralelo al escándalo de la La Línea, hemos visto en los noticieros el juicio al general Efraín Ríos Montt, acusado del genocidio sistemático de una de las etnias del pueblo maya, durante su feroz dictadura de los años 80. Condena que ha estado eludiendo gracias a subterfugios legales, entre ellos aducir “demencia senil”.
Pese a que los medios de comunicación pintan a la Guatemala posterior a los acuerdos de paz con la guerrilla (de 1996) como una sociedad “democrática”, los cierto es que el país sigue siendo manipulado por una oligarquía financiera y una cúpula militar corrupta. El propio Otto Pérez Molina fue uno de esos oficiales violadores de los derechos humanos al servicio de Ríos Montt, bajo el apodo de “Tito”, y, lo que es peor, su gobierno expresaba el acuerdo entre dos facciones militares corruptas, una conocida como “El Sindicato” (representada por él) y otra por su ex vicepresidenta (Baldetti), denominada la “Cofradía”. Ambas especializadas en todo tipo de ilícitos, entre ellos la evasión fiscal.
El fraude fiscal es de tal magnitud que, desde 2012, empezaron a caer los ingresos del estado provenientes de la recaudación impositiva, hasta llegar a producir un déficit de unos 7.000 millones de quetzales, que ha sido cubierto con mayor endeudamiento.
El sistema político guatemalteco es altamente corrupto y carente de credibilidad, tanto que la burguesía se ve obligada a reinventar constantemente nuevos partidos ya que los que gobiernan se queman y no logran sobrevivir a las siguientes elecciones.
La falta de credibilidad también ha afectado a los partidos de izquierda, que no solo han visto descender sus votos y autoridades electas desde la década pasada, sino que en las recientes elecciones su principal partido URNG-Maíz, sufrió la renuncia de su candidato presidencial en medio de la campaña electoral, el ambientalista Yuri Giovanni Melini; y tuvo una traumática VII Asamblea Nacional (el 3 de mayo) con fuertes rupturas internas y acusaciones de corrupción contra sus dos diputados, señalados de traicionar y aprobar leyes antipopulares (como la de Protección y Obtención de Vegetales- léase transgénicos).
La CICIG y su papel en el conflicto interno
Es en ese marco de descrédito generalizado del régimen político, por la impunidad como funcionan algunos grupos vinculados al poder económico y militar, no solo para robar sino también para mantener el clima de represión mediante asesinatos selectivos a los dirigentes populares es que, a instancias de diversos sectores internos (como la Premio Nóbel, Rigoberta Menchú), y externos (incluyendo a Estados Unidos, que intenta introducir algo de racionalidad y legitimidad al sistema para que funcione), se crea la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG).
La CICIG fue creada en 2006 mediante un acuerdo entre el estado guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas, con un carácter independiente y con la finalidad de asesorar y apoyar a las autoridades judiciales en la desarticulación de cuerpos ilegales de seguridad (paramilitares).
Es con la asesoría de la CICIG que se ha producido el juicio a Ríos Montt, y se han destapado otros escándalos, entre ellos el del capitán Byron Lima Oliva, acusado del asesinato del obispo Juan José Girardi, quien desde la cárcel dirigía todo el sistema penitenciario del país. Es la CICIG la que asesora en las escuchas telefónicas que permiten destapar el fraude de La Línea, en abril de 2015, en principio relacionándolo con un asesor de la vicepresidenta, Juan C. Monzón.
El 20 de mayo estalló otro escándalo que sumó sus efectos al de aduanas, cuando se desveló pagos de sobornos a funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por parte de la empresa mexicana PISA, para obtener la privatización del servicio de diálisis peritoneal, el cual además fue mal administrado produciendo la muerte de hasta 10 personas y decenas de afectados. Y luego otro, el caso “redes”, que involucra al secretario de la presidencia y yerno de Pérez Molina.
Estados Unidos y el CACIF apoyaron a Pérez Molina casi hasta el final
Un debate larvado atraviesa a las izquierdas de Centroamérica, quienes sospechan del papel jugado en la caída de Otto Pérez Molina por el imperialismo norteamericano, especialmente a través de ese organismo supranacional que es la CICIG, y de los medios de comunicación, especialmente los ligados a “El Periódico”, propiedad del aspirante presidencial opositor, el empresario Manuel Baldizón.
Pero un análisis detallado de la cronología de acontecimientos muestra con claridad que, si bien e indudablemente existen fuertes contradicciones interburguesas en Guatemala, y que sin duda el imperialismo yanqui sigue interviniendo como siempre en busca de la mejor salida posible para sus intereses, es la participación de las masas populares que van ganando la calle conforme se va conociendo la envergadura de la corrupción, la que decide el curso de los sucesos.
En marzo de 2015, antes que se destapara el escándalo, el vicepresidente norteamericano Joseph Biden visitó Guatemala en claro gesto de respaldo al presidente Otto Pérez M., con quien logró diversos entendimientos, entre ellos, la renovación del mandato de la CICIG por dos años más.
En junio, luego de la renuncia de la vicepresidenta y cuando el escándalo y las movilizaciones estaban en apogeo, el embajador norteamericano, Todd Robinson, se presentó junto a Pérez Molina en conferencia de prensa para decir que su país apoyaba los cambios y la depuración de la Superintendencia de Administración Tributaria, hechos por el gobierno de Guatemala, y que los mismos contaban con el respaldo del Departamento del Tesoro y del Banco Mundial.
Por otro lado, la poderosa Cámara de Comercio y Servicios (CACIF), que agrupa a la élite empresarial del país, todavía el 19 de mayo mostraba su respaldo a Otto Pérez M. mediante un comunicado que le pedía un inmediato y efectivo combate a la corrupción y sugería revisar los contratos millonarios de varios ministerios.
Fue la movilización popular la que echó a Otto Pérez Molina
El despertar de la movilización popular fue lento, en un país cargado por décadas de dura represión en que el 53 por ciento de su población vive en la pobreza absoluta. Inclusive las movilizaciones no fueron convocadas por los organismos de masas tradicionales (sindicatos o partidos de izquierda electoral), sino que fueron espontáneas convocadas por jóvenes estudiantes de capas medias (en realidad de familias de asalariados de ingresos medios), mediante llamados como: “#Renuncia Ya”, o “#revolucion” y “#planB”.
Desde el 25 de abril unos 20.000 manifestantes acudieron a la Plaza de la Constitución a exigir la renuncia de Baldetti y Pérez Molina, entre los que destacaban los estudiantes de la Universidad de San Marcos (por lo menos 3.000). El 27 de abril se rumoraba la convocatoria a una huelga general, y es cuando recién Pérez Molina ordena la búsqueda y captura del Sr. Monzón señalado como cabecilla de la red de corrupción. El 29 de abril, representantes de 72 comunidades indígenas hacen una declaración de repudio a la corrupción e impunidad y señalan que el presidente carece de legitimidad y debe renunciar.
El 1 de mayo en medio de la conmemoración del Día de los Trabajadores, sindicatos y organizaciones populares marchan hasta la Plaza de la Constitución denunciando entre otras cosas la corrupción e impunidad. El 2 de mayo hubo grandes movilizaciones que exigieron la renuncia del presidente y la vicepresidenta.
El 8 de mayo, tras la renuncia de Baldetti, los indignados guatemaltecos ganaron nuevamente la calle para gritar “¡Sigue Tito!”, en alusión al presidente. El 16 de mayo se produjo una movilización enorme, superior a las 50.000 personas.
El 20 de ese mes las organizaciones campesinas coparon la plaza con miles de personas provenientes de las provincias bajo las consignas: “¡Fuera políticos, empresarios y militares corruptos! ¡Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional!”. Es bajo esa presión que se produce, el 19 de mayo, el pronunciamiento de CACIF al que hemos aludido antes, exigiendo a Otto Pérez Molina actuar en serio contra la corrupción.
Recién el 3 de junio, el arzobispado de la iglesia católica se pronuncia expresando su preocupación de que se incrementa “la brecha entre la ciudadanía y los partidos que no son interlocutores válidos de la población”, y propone que se sostenga el proceso electoral con algunas reformas (para darle credibilidad) ante el peligro de “grupos variados” aprovechen las circunstancias “para fines particulares”. Es en este momento cuando se produce la conferencia de prensa del embajador norteamericano que hemos citado.
El 5 de junio, una organización poco conocida, la Alianza Obrero Campesina, bloqueó los accesos a la ciudad de Guatemala para protestar, aunque otros sectores le acusan de ser un instrumento político del partido LIDER
Finalmente, el 27 de agosto se produjo un paro nacional, el primero en décadas, y una enorme movilización de 100.000 personas en ciudad de Guatemala y de bloqueo de caminos en el resto del país. Es este punto culminante de la movilización popular el que obliga a que, pocos días después, el 2 de septiembre, Otto Pérez Molina renuncie a la presidencia y se someta a la justicia.
Las elecciones y el intento burgués de cerrar la crisis
Para llevar el país al momento electoral y la transición posterior quedó como presidente encargado Alejandro Maldonado Aguirre, que venía de encabezar la Corte Constitucional. Las elecciones se realizaron el domingo 6 de septiembre, con una alta participación pero también con una gran fragmentación del voto y la aparición tanto de votos nulos, como del boicot activo de algunos sectores.
Los resultados electorales expresan la crisis: ningún candidato logró la mayoría para obtener en la primera vuelta. El comediante televisivo, Jimmy Morales, obtuvo el 24,5 por ciento; Sandra Torres, ex primera dama del ex presidente Álvaro Colom obtuvo un empate del 19,6 por ciento con el empresario de los medios de comunicación Manuel Baldizón.
Sea como sea el resultado final de las elecciones, es previsible que no se cerrará fácilmente la crisis política y que la “Caja de Pandora” de la movilización popular ha sido abierta y no se dejará cerrar. Tanto la crisis objetiva del sistema capitalista, que tiene en la corrupción generalizada una de sus aristas, como la entrada en escena de miles de activistas políticos, especialmente jóvenes, dan para que la izquierda guatemalteca supere la debacle de sus propuestas tradicionales y cree nuevas alternativas políticas.
Crisis capitalista, acumulación por desposesión y corrupción
Como dice el pensador inglés David Harvey, una de las características centrales del sistema capitalista imperialista en su crisis senil del siglo XXI es la “acumulación por desposesión”, es decir, el proceso por el cual una gran parte del funcionamiento económico “normal” del sistema (explotación del trabajo mediante extracción de plusvalía) es sustituido por la apropiación para beneficio privado de bienes que antes pertenecían a la colectividad o a la naturaleza, usando para ello todo tipo de mecanismos coercitivos.
La corrupción bajo la forma robo o estafa directamente al estado y los bienes públicos, es parte de esa “acumulación por desposesión” de la que habla Harvey. Este concepto de Harvey proviene de otro que Carlos Marx desarrolla en el tomo I de El Capital, “la acumulación primitiva”, consistente en que, para que el sistema pudiera funcionar con aparente “normalidad”, y se aceptaran como “naturales” sus condiciones de explotación del trabajo, hubo una época precedente entre los siglos XVI y XVIII en que por la violencia se expropió a la mayor parte de la humanidad sus medios de subsistencia forzándolos a vender sus fuerza de trabajo.
La lógica sugerida por Harvey es que, en la actual fase de decadencia del sistema capitalista, hay una vuelta a mecanismos de rapiña, saqueo y robo de bienes que hasta hace poco escapaban a la acumulación privada. De ahí que la lucha contra la corrupción sea un aspecto fundamental de cualquier programa de lucha alternativo, es una demanda de “peso transicional”, como diría León Trotsky, porque sintetiza la lucha contra el capitalismo que mediante mecanismos espurios se apropia de la riqueza social.
Como respecto a cualquier demanda democrática, no basta a los revolucionarios socialistas quedarse en los límites de la exigencia de sanción a los corruptos, sino que nuestro deber es que la clase trabajadora comprenda que, mientras no tome el poder y desplace a los capitalistas del gobierno no habrá ni fin de la corrupción, ni de la impunidad.
Panamá, 13 de septiembre de 2015.
