Editorial Workers World-Mundo Obrero del 21 de julio 2015
El 16 de julio, el presidente Barack Obama hizo una visita a una prisión federal en Reno-Oklahoma para a su manera, llamar la atención a la criminalidad del sistema de justicia penal de Estados Unidos y sus leyes sesgadas, sobre todo hacia las personas condenadas por delitos no violentos de drogas.
Es la primera vez que un presidente de EUA ha visitado una cárcel federal. Obama declaró que como joven que fumaba marihuana y experimentó con cocaína, él fácilmente hubiera podido encontrarse en la misma situación que cientos de miles de personas como los seis presos con quienes habló en la prisión. HBO en el otoño, sacará al aire la entrevista como parte de un documental de Vicios.
Sólo tres días antes de su visita, el 13 de julio, Obama conmutó las sentencias de 46 personas condenadas por delitos no violentos, en su mayoría asociadas con el consumo de drogas o su venta en pequeñas cantidades. En la página de Facebook de la Casa Blanca aparecía una declaración diciendo que los que habían recibido indulto tenían sentencias que iban de 20 años a prisión perpetua. Hay debates en el Congreso sobre “reforma” de sentencias para delincuentes no violentos. Si bien esto es realmente un escándalo nacional e incluso internacional de proporciones monstruosas, es sólo la punta del témpano, sobre todo cuando se trata de apuntar a personas de color y a personas pobres.
Es importante plantear, ante todo, que EUA tiene la población carcelaria más grande del mundo con 2,2 millones de personas, lo cual marca un aumento de 500 por ciento en los últimos 30 años. Según el Proyecto de Sentencias, la mitad de todas/os los presos federales fueron condenados por drogas, con un aumento del 13 por ciento de las/os prisioneros en las cárceles estatales desde 1980. La mayoría de estas/os presos, federal y estatal, no tenía récords penales anteriores. Estas cifras ni siquiera incluyen los miles de inmigrantes, incluyendo mujeres y jóvenes, que están confinadas/os en centros de detención.
Para exponer el racismo institucionalizado de la política de imposición de los denominados delitos, vemos que las dos terceras partes de la población carcelaria son personas de color, y uno de cada 10 hombres negros en sus años treinta está en prisión en un día cualquiera. La “guerra contra las drogas”, que se intensificó durante el gobierno de Reagan en la década de los 80, se ha convertido en una guerra genocida contra la gente de color, especialmente en la comunidad afroamericana. Junto a los asesinatos diarios de hombres y mujeres negras por la policía y vigilantes, incluyendo los asesinatos de personas trans, y alimentado por una crisis económica sin precedentes donde no hay empleos y los que hay son con salarios bajos, esta guerra genocida es cada vez más devastadora.
Desglosando esto aún más, un análisis de Upshot del 20 de abril señaló que 1,5 millones de hombres negros en EUA han desaparecido: lo cual significa que han sufrido ya sea muertes tempranas o encarcelamiento masivo. El estudio revela que más de uno de cada seis hombres que hoy debería estar entre los 25 y 54 años de edad, ha desaparecido de la vida cotidiana.
Cualquier debate que esté teniendo lugar en el Congreso o la Casa Blanca es equivalente a poner una curita en un cáncer cuando se trata de cualquier tipo de reforma penitenciaria. Darle indulto a un puñado de víctimas es un buen comienzo pero está lejos de ser la solución.
La verdad es que todo el sistema penitenciario de EUA no puede ser reformado, sino que tiene que ser desarraigado desde sus raíces. Los miles de millones de dólares en fondos federales y privados que se invierten en las cárceles para obtener ganancias, deben ser puestos en un programa de empleo masivo, incluyendo entrenamiento para trabajos que paguen un salario digno y proporcionen beneficios.
Esta es la única solución que iniciaría el proceso de despenalización de las/os trabajadores jóvenes de color. Y esta solución sólo puede venir con una lucha anticapitalista unida de todas/os los trabajadores y las/os oprimidos.
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