Una vez más la derecha nacional con apoyo internacional arremete contra otro país latinoamericano que busca, como muchos otros en la región, un cambio en beneficio de las masas más excluidas. Esta vez le ha tocado al Ecuador.
Antes de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa saliera rumbo a Europa para asistir a la II Cumbre CELAC-UE, sometió el proyecto de Ley de Redistribución de la Riqueza conocida como Ley de Herencias, al Congreso donde será discutida por 30 días antes de ser aprobada. Ésta nueva ley aumentaría los tributos a quienes hereden sobre $35.400 dólares en patrimonio. Actualmente, los herederos pagan gravamen a partir de los $68.000, bajo una ley que data de 1927.
El proyecto, que está avalado por el partido de Correa, Alianza PAÍS, tiene como propósito garantizar el cobro justo de impuestos y que los ricos paguen lo debido. Es un impuesto progresivo, donde se aplicaría un porcentaje que va desde 2,5 por ciento, hasta un 77,5 por ciento según el monto de la herencia.
Dice el mandatario: “Por supuesto, mete el dedo en la llaga, la excesiva concentración de la riqueza, pero calculamos que eso afectará a menos del 2 por ciento de la población. De esta minoría absoluta son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños del poder económico y hoy tenemos graves disturbios en Ecuador” (teleSUR)
Según un estudio citado por el presidente Correa, “Tres de cada mil ecuatorianos reciben una herencia cada año y tres de cada 100.000 reciben un patrimonio mayor a 50.000 dólares. Entre 2010 y 2014 solo cinco ecuatorianos, de los 16 millones de habitantes, heredaron más de un millón de dólares”.
Este proyecto ha despertado a la derecha opositora que no solo quiere derrotar el proyecto de ley, sino que pretende derrocar al gobierno de Correa y el programa de la llamada Revolución Ciudadana de Alianza PAÍS. Tienen también la vista fija en las elecciones presidenciales del 2017 y aspiran a debilitar el apoyo de las masas al gobierno actual.
Desde el lunes 8 de junio, y parece que aprovechando la ausencia del Primer Mandatario, la extrema derecha, junto con los medios de comunicación corporativos nacionales e internacionales ha desatado una ola de protestas principalmente en Quito pero también en otras ciudades ecuatorianas en contra del gobierno. Han tratado de montar una campaña de desinformación al pueblo aduciendo que la nueva ley le afectaría a todo el pueblo, incluyendo a la clase media y a la clase trabajadora. Desinformación que el gobierno ha tratado de combatir explicando la ley en detalle.
En ocasiones, esta turba derechista, de políticos de derecha, empresarios y gente rica, se ha tornado violenta, agrediendo a manifestantes pro gobierno que también han salido a las calles para defender su proceso. Una fuerza policial que se interpone entre los dos bandos, ha evitado más confrontaciones directas.
La Revolución Ciudadana, como todo proceso político, tiene contradicciones, errores y fortalezas. Sin embargo, el movimiento progresista a nivel internacional debe tener claras las prioridades. Es el pueblo quien es el soberano y quien tiene que decidir por sí solo cuál será su destino. Y hasta ahora, las masas están defendiendo el proceso de la Revolución Ciudadana. Un retroceso, sería una ganancia para la derecha y los planes imperialistas liderados por Estados Unidos.
No sorprende un artículo sobre el canciller del Ecuador Ricardo Patiño, publicado en Cubadebate el 6 de junio, justo antes del comienzo de las protestas opositoras el 8 de junio. En él, se responde a unas alegaciones enviadas el 4 de junio en un tuit por Roberta Jacobson, la subsecretaria de Estado adjunta de EUA para Latinoamérica. El tuit lee “Llamado al gob. de #Ecuador para que respete la libertad de expresión y la #libertaddeprensa como derechos democráticos fundamentales”. (twitter.com/whaasstsecty)
Parecería que Jacobson, a nombre del imperio, preparaba sutilmente el escenario que se desarrollaría días después. “Al tachar de “ofensivas” las alegaciones del Gobierno de Washington, el canciller ha indicado que, en lugar de contestarle, el Gobierno de Quito enviará al Departamento de Estado de EUA una documentación que pone de relieve la libertad de expresión en los medios de prensa ecuatorianos”. Agregando que EUA no tiene la moral para una acusación cuando continúa encarcelando en Guantánamo. Dijo que se enviarán miles de copias a todas las víctimas de EUA, incluyendo a víctimas y familiares de aviones teledirigidos, y de la invasión de Irak.
El lunes 15 de junio, el pueblo ecuatoriano asistió masivamente a una concentración frente al palacio de Carondelet en apoyo al gobierno de Rafael Correa quien había regresado unas horas antes al país. Muestras de apoyo también inundan las diferentes redes sociales.
Más tarde esa misma noche, el presidente Correa se dirigió al pueblo en un mensaje transmitido por televisión informando que retiraría temporalmente el proyecto de Ley de Herencias para evitar más violencia y tener un clima de paz para la visita del Papa Francisco el próximo julio.
Mientras tanto abrirá un debate nacional en todos los sectores sobre el proyecto de ley para aclarar las dudas que puedan existir, sobre todo las que pueda tener el pueblo pobre, dado la enorme campaña de desinformación montada por los medios corporativos de la derecha.
Preguntando “¿se puede llamar democracia cuando menos del dos por ciento de las familias ecuatorianas acumula la riqueza”?, (teleSUR) desafió a la derecha a que si quiere derrocarlo, que lo intenten por los medios establecidos en la constitución, utilizando el referendo revocatorio. Para esto, deberán recoger 1,8 millones de firmas, un 15 por ciento de las/os votantes, ante el Consejo Nacional Electoral.
Según Rolando Segura, enviado especial de teleSUR a Quito, en un reportaje del 19 de junio, dijo que además del número de firmas, “la derecha deberá mostrar ante el órgano electoral (compuesto por 148 organizaciones políticas con plena participación de indígenas, afroecuatorianos, mestizos y movimientos populares) las supuestas fallas de la gestión de Correa y argumentos viables de los errores que pudieran provocar un referendo revocatorio de su mandato”.
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