Por Olmedo Beluche
Desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, México no es el mismo. Pregunto al chofer que nos lleva al hotel sede del Seminario Internacional del Partido del Trabajo (PT), ¿cómo está la cosa para Peña Nieto? Contesta, palabras más palabras menos: “Todo el mundo le está dando, lo quieren bajar”. ¿Y el resto de los partidos? “También, todos están cuestionados, no hay credibilidad en los políticos”.
Lo sucedido en Iguala ha puesto sobre la mesa toda la corrupción, la represión, las desapariciones, torturas y asesinatos políticos (ni hablar de la criminalidad común) que a diario se cometen en la República Mexicana, en especial en los estados más conflictivos, históricamente hablando: Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y un largo etc. Con asombro, muchos se preguntan, no sólo en México, sino en todo el mundo, ¿Cómo es posible que sucedan cosas así en pleno siglo XXI?
Edgar Sánchez, histórico dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) me proporciona posteriormente una fotografía dramática de la situación: “Lo verdaderamente nuevo, que no sucedió ni en el 68, ni cuando los fraudes contra López Obrador; que no sucede desde la Revolución; es que la gente empieza a exigir la destitución o renuncia del Presidente, antes de terminar su sexenio”.
La crisis de credibilidad lo es del régimen de conjunto, ya que Peña Nieto impuso tan pronto llegar al poder, un Pacto por México, al cual se sumaron el PAN y el PRD, por el cual los partidos de oposición avalaron de hecho y derecho las reformas neoliberales que se propuso: del sector energético (revirtiendo la histórica nacionalización de PEMEX por Lázaro Cárdenas en la década del 30); la reforma educativa (para someter los poderosos gremios docentes con evaluaciones que condicionan la estabilidad); a las comunicaciones (abriendo a nuevos actores privados) y otras, como la privatización del agua.
Pese a que el gobierno de Peña Nieto justificó sus reformas en la idea de que estimularían la economía, la realidad es que existe un estancamiento, reforzado ahora por la devaluación del peso, un notable proceso inflacionario y la caída de los precios del crudo, sin que se vea ningún proyecto que relance el crecimiento. Ahora bien, conviene no equivocarse, México sigue siendo un país con “mucha grasa”, riqueza proveniente en su mayor parte de los recursos que el petróleo genera y que permiten un estado faraónico que no aparenta la pobreza que padece la mayoría de sus habitantes. Para captar esta última hay que alejarse del circuito turístico.
Esa situación “coyuntural” que se suma al acumulado de 30 años de neoliberalismo: 8,6 millones de jóvenes que no encontraron empleo en el sexenio anterior, 2,6 millones de mexicanos en desempleo abierto; 6,4 millones en situación de desempleo encubierto; y 29,3 millones (59 por ciento de la población) que hace parte de la economía informal. La compensación de esta crisis social son los 10 millones de mexicanos que emigraron a Estados Unidos en ese período y que enviaron remesas por casi 22 mil millones en 2013. Para una fuerza laboral que ha visto disminuir el salario real en 72 por ciento en 30 años (Trabajadores, año 18, No. 105, noviembre-diciembre 2014).
‘Los 43 de Ayotzinapa’ y el PRD
Aparte del desprestigio del ejecutivo por su inoperancia, el partido que más ha perdido en esta crisis es el de la “Revolución Democrática” (PRD). El que fuera el partido de la esperanza de un cambio “progresista” con Cuauhtémoc Cárdenas y con Andrés Manuel López Obrador, se hunde cada día que pasa en el descrédito como un satélite dócil del PRI. El caso de “los 43 de Ayotzinapa” se ha demostrado la penetración, no sólo de políticos de la oligarquía disfrazados como “izquierda”, sino de agentes directos de la mafia y del narcotráfico, en el PRD.
El PRD, al cual ya había sido abandonado por su último gran dirigente, López Obrador, cuya segunda candidatura presidencial sabotearon los jefes del aparato “perredista”, aunque al final se tuvieron que resignar a apoyarlo con desgano, frente a la pujanza de una candidatura garantizada por fuera del partido; ahora ha sido abandonado por su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, el cual salió criticando a la actual directiva, no sin antes haber sido casi linchado por una multitud que se manifestaba en el Zócalo exigiendo la aparición con vida de los 43 jóvenes.
La sangría del PRD incluye a Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del DF, a Rosario Robles, Alejandro Encinas, y el último en sumarse a los renunciantes fue Agustín Guerrero, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1987, en la UNAM, que ha dicho: “La actual dirección, los Chuchos y sus aliados, han conducido al partido a ser un satélite del gobierno. El PRD de hoy es una mala réplica del PRI. Considero que no tiene remedio”. (Excelsior, 11 de marzo).
El último escándalo ha sido el secuestro y decapitación de Aideé Nava González, candidata a alcalde de Ahuacuotzingo, estado de Guerrero, por el PRD, cuyo marido había sido asesinado y su hijo desaparecido. Crimen que algunos militantes de ese partido atribuyen a dirigentes del PRD de la zona, lo cual, de ser cierto, indicaría la degradación moral en la que ha caído el viejo referente de la izquierda electoral.
Esta situación del PRD, que ya era evidente desde el gobierno de Felipe Calderón, llevó a Andrés M. López Obrador (AMLO), primero, a organizar por su cuenta y por fuera de ese partido su segunda campaña presidencial, y luego, a organizar su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), al que ha emigrado buena parte del PRD. MORENA acaba de lograr su registro electoral y debe estrenarse en las elecciones parciales (congreso y alcaldías) del próximo 7 de junio.
“Ya obtuvimos 16 millones de votos en 2012, para 2018 contaremos con el apoyo de 25 millones de votos, y no le va a servir a la mafia en el poder ningún truco”, dice optimista AMLO (La Jornada, 15 de marzo). Sin embargo, por ahora las encuestas no le atribuyen más del 10 por ciento de la intención de voto.
El otro obstáculo con que cuenta AMLO y MORENA es que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, con el apoyo de gremios magisteriales, en particular en Guerrero, y con la Asamblea Nacional Popular (ANP), que agrupa a cerca de 100 organizaciones, están convocando a boicotear las elecciones próximas, hasta que aparezcan con vida los jóvenes. Boicot, que no es abstención, lo que implica: “…que no haya elecciones, y por tanto se impedirá la instalación de las casillas”, ha dicho Felipe De la Cruz, vocero de los familiares (La Jornada, 15 de marzo).
Boicot electoral en Guerrero
El boicot electoral es un hecho en Guerrero, donde lo cobija la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), las organizaciones de la ANP, los familiares de los 43, los normalistas y otras organizaciones. Lo que los movimiento populares y organizaciones de izquierda debaten ahora es si hay condiciones para hacer extensivo el boicot a todo la República.
El movimiento por el boicot es tan fuerte que los políticos tradicionales y los medios de comunicación mantienen campañas permanentes oponiéndose y llamando a la participación electoral. Por otra parte, las autoridades del Instituto Nacional Electoral han amenazado con llamar a la fuerza pública para garantizar los comicios en Guerrero. A lo que responde Juan Melchor, de la comisión política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que “… ni con la fuerza pública van a poder llevar a cabo las elecciones” (Milenio, 15 de marzo).
Esta decisión, por supuesto, genera tensión y debate con la izquierda electoral, la cual sostiene que “un voto nulo, en blanco o por candidatos no registrados es un voto a favor de la derecha gobernante y sólo beneficia a los poderes fácticos. Es una manera de mantener las cosas como están…”, ha dicho Alberto Anaya diputado federal por el Partido del Trabajo (Nueva Sociedad, marzo 2015).
Para otros, como Edgar Sánchez, del PRT, las elecciones son la vía por la cual el régimen pretende acabar con la movilización iniciada tras la desaparición de los normalistas, y que no se ha detenido hasta ahora. Así está la discusión. Habrá que ver cuál de las dos salidas se impone en el conjunto de la izquierda y el movimiento popular como vía de enfrentamiento al régimen y al gobierno de Peña: la electoral o el boicot.
Mientras tanto, en este momento los padres de los normalistas han iniciado tres caravanas hacia la costa oeste, el centro y el oriente de Estados Unidos para denunciar la difícil situación de los derechos humanos en México, y recibir la solidaridad de las organizaciones norteamericanas y los emigrados.
Panamá, 21 de marzo de 2015.
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