Una pobreza devastadora se impuso a la población rural de Méjico en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte propulsado por Washington. Sus disposiciones destruyeron la economía rural y terminaron los medios de subsistencia de muchas/os agricultores al comenzar la invasión de corporaciones y mercancías estadounidenses. Esto fomentó el auge de los carteles de la droga. Otro factor en su ascenso ha sido la fuerte demanda por drogas y las ganancias del narcotráfico procedentes del lado estadounidense de la frontera.
La intervención forzada de los traficantes de armas de Estados Unidos y las fuerzas represivas mejicanas sólo ha intensificado este conflicto que ahora se ha extendido por todo el país. Los EUA han invadido Méjico y violado la soberanía del país y la seguridad durante años.
Las leyes de control de armas son mucho más rigurosas en Méjico que en los EUA. Los rifles de gran calibre o pistolas de alta potencia, consideradas como armas de guerra, no pueden ser propiedad legal de ciudadanos civiles.
EUA proporciona armas para ‘guerra contra el narco’
Sin embargo, en los cuatro estados estadounidenses limítrofes con el norte de Méjico – California, Arizona, Nuevo Méjico y Texas – hay 8.500 comerciantes de armas con licencia. Agentes o “compradores fantasmas” de las bandas de narcotraficantes compran allí armas como AR-15 y AK-47, a menudo en grandes cantidades, y las llevan a Méjico para transferirlas a los capos de la droga.
Las armas comenzaron a ser llevadas a Méjico en cantidades masivas cuando se intensificaron las guerras del narco en el 2005, continuando luego. Pero las decenas de miles de tropas militares estadounidenses en el lado EUA de la frontera nunca han tratado de detener el tráfico de armas. Están estacionadas a lo largo de la frontera con el único propósito inhumano de detener a inmigrantes para que no entren a EUA.
Las autoridades mejicanas han dicho que se apoderaron de 20.000 armas procedentes de bandas del narco en el 2008, la mayoría traídas de EUA. Funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [ATF por las siglas en inglés] estimaron en 2009 que el 90 por ciento de las armas recuperadas en la violencia del narco provenían de los EUA.
Entre 2006 y 2011, la ATF operó el Proyecto Traficante de Armas y la rama del ATF de Arizona la Operación Rápido y Furioso (OFF). Estas operaciones aparentemente eran para detener el flujo de armas a Méjico. Trazaban la ruta de las armas desde los concesionarios en EUA hasta los traficantes en Méjico. Agentes de la ATF secundaban a los compradores fantasmas y vigilaban y establecían relaciones con los jefes de los cárteles de la droga, especialmente los de Sinaloa.
Pero estos programas no intentaron activamente detener los envíos de armas desde EUA a Méjico, cuyos agentes de la ley ni siquiera eran notificados sobre las operaciones de la ATF. Mientras estas operaciones se llevaban a cabo, las guerras del narco se tornaron sustancialmente violentas en la ciudad fronteriza de Tijuana y a todo a lo largo del lado mexicano de la frontera con Texas.
En Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, 10.000 muertes por la guerra contra las drogas se registraron entre 2009 y 2012. Ahora, una vez más la violencia se ha desplazado hacia el sur hasta el centro de Méjico.
Sin embargo, la derecha estadounidense, con el Rep. Darrell Issa a la cabeza, ha utilizado el tema de tráfico de armas de EUA y OFF para atacar al fiscal general Eric Holder. La derecha tiene una vendetta contra Holder; una de las razones es que un agente de la Patrulla Fronteriza fue supuestamente asesinado con un arma suministrada por OFF en 2010.
El ATF y OFF supuestamente están bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de EUA. Sin embargo, organismos de represión como la ATF son a menudo poderes en sí mismos, aunque son parte del estado capitalista represivo.
Aviones estadounidenses y drones sobrevuelan Méjico
Washington ha estado involucrado con Méjico en una “nueva iniciativa de seguridad” para combatir el tráfico de droga llamada la Iniciativa Mérida/Plan Méjico, a un costo de $3 mil millones. Ahora aviones pilotados y drones estadounidenses vuelan sobre Méjico, no sólo a lo largo de la frontera. Y Washington entrena a miles de soldados y agentes de seguridad mejicanos.
De acuerdo con oficiales de inteligencia de EUA, Washington colabora con agentes escogidos de seguridad mejicana. Todo esto no es muy conocido porque la Constitución mejicana prohíbe operar en Méjico a agentes militares y policiales extranjeros. Los funcionarios quieren evitar que esto salga a la luz pública. No sorprende que ninguna de estas relaciones haya detenido o disminuido la guerra del narco.
En realidad, EUA contribuye a la guerra del narco en Méjico. El ejército y las fuerzas de inteligencia estadounidenses dentro de ese país trabajan con e influencian la policía de Méjico e interactúan con las bandas de narcotraficantes.
El gobierno de EUA no está ayudando a combatir la violencia relacionada con las drogas en Méjico. Por el contrario. El imperialismo estadounidense sólo está fomentando el sufrimiento causado por la guerra del narco y no tiene ningún interés en detenerlo – no importa cuán brutal sea para las/os trabajadores y las/os pobres de Méjico.
Washington mantendrá las fuerzas represivas en Méjico para asegurarse que las ganancias corporativas estadounidenses sigan fluyendo del trabajo de la clase obrera mejicana, pero no para mejorar o proteger sus vidas. Al imperialismo estadounidense no le importa las vidas de las masas mejicanas.
Sus vidas sí importan, sin embargo, a las/os trabajadores y los pueblos oprimidos del mundo que están de pie junto a ellas/os contra el Coloso del Norte.
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