Puerto Rico: Crisis creciente del régimen colonial

El siguiente artículo fue escrito por el sociólogo panameño Olmedo Beluche quien recientemente visitó Puerto Rico para participar en una serie de conferencias sobre la lucha anticolonial en Panamá y Puerto Rico.

Una crisis económica y social se abate sobre el “Estado Libre Asociado”, eufemismo con que el imperialismo norteamericano trata de disfrazar el régimen colonial bajo el cual somete a la isla desde 1898. Las políticas neoliberales que empezaron a imponerse desde la década del 80 del siglo pasado, combinadas con la crisis económica mundial, que golpea con fuerza desde 2008, llevan al régimen colonial de Puerto Rico a una situación insostenible que podría explotar en cualquier momento.

La privatización de las empresas públicas, de la industria estatal, de los servicios y hasta de las carreteras, ha disminuido los ingresos del gobierno estatal que no provienen directamente de impuestos, llevando al estado borinqueño a una crisis fiscal enorme que se está cargando sobre las espaldas de la clase trabajadora. Según reporta el diario El Nuevo Día, los déficits presupuestarios se vienen resolviendo cada año mediante la adquisición de nuevos empréstitos (22.845 millones desde el año 2000) hasta alcanzar la deuda la cifra de 72.000 millones de dólares y 3,7 mil millones anuales en intereses (elnuevodia.com, 7 de noviembre).

Deuda que, según la Constitución Política colonial impuesta en 1952, el estado debe saldar a los bonistas con prioridad sobre las necesidades vitales de la población. Deuda que ha llevado al actual gobernador, Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD) a lanzar una feroz contención del gasto público y a proponer un alza de impuestos al petróleo que subirá el combustible en un 40 por ciento, pasando de 9,25 a 15,50 dólares por barril que entre al país, en un momento en que hay una baja considerable de su precio internacional.

De acuerdo al gobernador y sus asesores, el alza impositiva es necesaria para salvar a las tres instituciones de servicios que administra de la ruina y nuevas privatizaciones: la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este enfoque de la política económica ha llevado la tasa de desempleo a una fluctuación entre 13 y 15 por ciento, a una alta dependencia de la población del sistema de subsidios federales al desempleo (sistema de “cupones”) y a una migración hacia Estados Unidos que promedia los 3.000 jóvenes por mes.

Según las encuestas de El Nuevo Día, el 60 por ciento de la población puertorriqueña desaprueba la gestión del gobernador García Padilla; el 92 por ciento cree que las cosas van mal o muy mal; el 93 por ciento cree que su situación está ahora peor o igual a hace un año; y el 79 por ciento cree que la cosa estará peor dentro de otro año (elnuevodia.com, 8 de noviembre).

La oposición parlamentaria, del también derechista Partido Nuevo “Progresista” (PNP), procura bloquear las reformas del PPD, más por tácticas electoreras que por principios, y su única propuesta de fondo frente a la crisis es promover la “estadidad” de Puerto Rico, es decir, pasar de “Estado Libre Asociado” a ser un estado de pleno derecho de los Estados Unidos de América. Pese a que al PNP le coquetean sectores republicanos, la cuestión es que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso federal, tras los resultados del 4 de noviembre, no parecen favorecer a los anexionistas.

El Partido Republicano, cuya ala extremista (el Tea Party) se ha opuesto a cualquier reforma migratoria que permita legalizar a los 50 millones inmigrantes latinoamericanos residentes en Estados Unidos, ¿va a favorecer la estadidad de Puerto Rico para sumar de golpe a 4 millones de latinos más con plenos derechos políticos y sociales? No parece lógico.

Aunque el histórico Partido Independentista desapareció electoralmente al no obtener el 3 por ciento requerido por la legislación en los comicios de hace dos años, en el horizonte político despuntó un proyecto de partido político de corte clasista, el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), dirigido por el profesor Rafael Bernabe, el cual tampoco subsistió pero insiste en su reinscripción de cara a los próximos comicios. No le fue tan mal al obtener una concejalía en el municipio de Vieques.

El sindicalismo clasista lucha en Borinquen

Puerto Rico cuenta con una larga tradición de lucha sindical de sus trabajadores y sectores populares. De época reciente, la que todo el mundo recuerda es la “Huelga del Pueblo” contra la priva­tización de la empresa telefónica en 1998, cuyo combativo sindicato contó con la amplia solidaridad popular, aunque posteriormente fuera derrotada. Las/os estudiantes de la Universidad de Puerto Rico protagonizaron una huelga combativa con ocupación del recinto de Río ­Piedras hace un par de años. Este año las/os docentes estuvieron en una huelga por mejoras salariales.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y su presidente Ángel Figueroa Jaramillo son el referente del sindicalismo clasista que enfrenta las medidas neoliberales que golpean los derechos de la clase trabajadora borinqueña. Jaramillo nos explica que UTIER practica el sindicalismo bajo el “principio de la lucha de clases no economicista que trasciende a la solidaridad con otros sectores”. Principio que los llevó a romper con AFL-CIO y relacionarse con la Federación Sindical Mundial.

Jaramillo traza la historia de UTIER desde que se nacionalizó la industria eléctrica en 1942, dividiéndola en dos momentos, el del establecimiento de las conquistas y derechos que se transformaron en derechos laborales para el conjunto de la clase (bono navideño, estabilidad laboral, sistema de pensiones y retiro, etc.) período que dura hasta inicios de los 70, y el de la defensa de los derechos frente a los ataques neoliberales, desde entonces hasta el presente, con cuatro grandes huelgas (1973, 1977, 1981 y 2012).

El presidente de UTIER explica que frente al déficit del estado, el gobierno pretende reducir en 1.000 millones el presupuesto, lo cual afecta la calidad de los servicios públicos por la reducción del personal necesario, pero lo más grave ha sido la imposición de la Ley 66 de “Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno”, contra los derechos adquiridos de 160 mil empleados públicos y sus familias y otros 55 mil empleados municipales.

La Ley 66 pretende que los sindicatos acepten la suspensión provisional de algunos derechos refrendados por las convenciones colectivas a cambio de la supuesta estabilidad laboral. Es una negociación con una pistola en la cabeza, pues la misma ley establece que, mientras los sindicatos están obligados a ceder derechos (al menos hasta julio de 2017), las corporaciones públicas no están obligadas a respetar ningún acuerdo y pueden imponer continuamente nuevos ataques a derechos adquiridos.

Desde la UTIER se promueve el reagrupamiento no sólo del sindicalismo clasista y combativo, con la Coordinadora Sindical, sino con otros movimientos sociales y políticos a través de instancias como el Frente de Solidaridad y Lucha.

Vieques sigue luchando y confrontando al Pentágono

Junto con la lucha contra la privatización de la telefónica, alrededor del año 2000, la otra gran lucha que estremeció a Puerto Rico y levantó la solidaridad de Latinoamérica y el mundo, fue la de la comunidad de la isla de Vieques exigiendo a las fuerzas armadas de EUA cerrar sus bases militares y descontaminar los polígonos de tiro. Esa lucha se transformó en victoria en 2003, cuando las bases militares fueron cerradas y cesaron los bombardeos de práctica.

Durante una reunión, la señora Carmen Valencia, de 70 años, cuenta cómo Vieques era una isla dedicada mayormente al cultivo de la caña de azúcar, labor a la que se dedicaba su padre hasta los años 40, cuando llegó la marina, cerró los ingenios y se apoderó de dos tercios de la isla para bases militares y polígonos. “Sin luz ni abanico, teníamos que encerrarnos en la casa a las 5 de la tarde, por los abusos que cometían los militares contra las mujeres”.

La lucha de Vieques continúa en la actualidad exigiendo la descontaminación adecuada de los polígonos de tiro. La reverenda Eunice Santana Melecio señala: “… la respuesta del imperio en cuanto a la limpieza e los terrenos no deja de sorprendernos e indignarnos. Comprueba el menosprecio que le tiene a la vida, la avaricia desmedida que siempre le empuja a gastar lo mínimo y la forma manipuladora y tramposa de actuar para no cumplir con los requisitos básicos de decencia y humanidad” (Compartir es Vivir, octubre 2014).

Santana narra cómo la supuesta descontaminación ejecutada por el Pentágono consiste en quemar al aire libre la bombas para hacerlas explotar, con lo que esparce sus contaminantes; cómo sigue hundido en una bahía de Vieques el buque de guerra USS Killen, usado en prácticas con armas nucleares y cargado con 200 barriles cuyo contenido se desconoce; cómo la Laguna de Anones, “el lugar más contaminado” se le ha abierto un canal que desahoga sus tóxicos al mar.

La compañera Nilda Medina explica que el problema no sólo es la descontaminación, sino que no hay adecuados servicios médicos para los muchos casos de cáncer y otras enfermedades que padece la población. A lo que hay que agregar los múltiples problemas sociales de una población que sigue perdiendo sus formas de vida, ahora a manos de un creciente turismo controlado por y al servicio de los norteamericanos.

Algo se mueve en el movimiento independentista

Un observador lejano podría suponer que el tema del independentismo y la descolonización serían temas subversivos y prohibidos en Puerto Rico, pero sucede todo lo contrario, la memoria histórica y la reivindicación de los próceres boricuas está en todas partes. En muchas esquinas puede uno encontrar monumentos a Betances, Hostos e incluso a Albizu. En Ponce, por ejemplo, se ha inaugurado un Museo Casa de la Masacre, ocurrida allí en 1937 contra activistas del Partido Nacionalista de Albizu por parte de la policía colonial.

Las/os independentistas alegan que el principal factor que impide un vuelco masivo hacia la independencia de Puerto Rico, es la propia crisis económica y la dependencia de un gran porcentaje de la población en el sistema de cupones federales, lo cual crea una cultura y actitud conservadora entre personas ­desclasadas.

Francisco Torres, presidente actual del Partido Nacionalista, continuador de la lucha de Albizu, Lolita Lebrón y otros, explica que en este momento se ha constituido una Mesa de Diálogo Independentista para tratar de unir a este fragmentado segmento de la sociedad. Al menos diez organizaciones participan de esta mesa: el Partido Nacionalista, el PRT-Macheteros, el MINH y el Frente Socialista, entre otras. Se han establecido seis puntos de discusión con miras a un acercamiento programático que permita la acción conjunta del independentismo.

Por otro lado, un grupo aún minoritario ha lanzado la propuesta osada de fundar de hecho el Estado Nacional Soberano de Borinken, desconociendo al gobierno colonial y actuando como un gobierno paralelo en torno al cual se unifique el independentismo mediante una Asamblea Nacional del Pueblo Boricua.

Pase lo que pase, suponemos que la debacle final del régimen colonial provendrá de una combinación dialéctica entre la lucha social y obrera anticapitalista con las demandas por la autodeterminación e independencia nacional. En ambas, el pueblo de Borinken cuenta con el apoyo incondicional de sus hermanos de Latinoamérica.