Corte Suprema confirma ley racista de Texas

Una vez más la mayoría derechista de la Corte Suprema estadounidense ha cometido un escandaloso atentado contra los derechos democráticos duramente logrados por la población negra y latina. El 18 de octubre, la Corte mantuvo la ley de identificación de votantes de Texas, la más draconiana y restrictiva en el país.

Las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan discreparon. Ginsburg escribió un fuerte documento de siete páginas denunciando la decisión: “La mayor amenaza para la confianza pública en las elecciones en este caso es la perspectiva de la aplicación de una ley deliberadamente discriminatoria, una que probablemente impone un impuesto inconstitucional y corre el riesgo de negar el derecho al voto a cientos de miles de votantes”, afirma Ginsburg. (houstonchronicle.com, 18 de octubre)

Esta decisión se produce una semana después de que un tribunal federal de distrito encontró que la ley de Texas era inconstitucional. La jueza Nelva Gonzales Ramos presidió un juicio de nueve días sobre la ley de Texas. En un detallado documento de 143 páginas, encontró que la ley de Texas significaría un impuesto al sufragio y por tanto, era inconstitucional. Ella dictaminó que la ley de Texas podría privar de derechos a 600.000 votantes, en su mayoría latinas/os y negras/os.

En el pasado Texas ha tenido normas restrictivas de identificación de votantes. Pero estas normas habían sido bloqueadas en virtud del artículo 5 de la Ley Federal de Derechos Electorales de 1965, que requiere a aquellos estados con una historia de discriminación obtener permiso federal antes de cambiar el procedimiento de votación.

Pero en el 2013, la Corte Suprema revocó la Sección 5, allanando el camino para que la Legislatura de derecha y el gobernador hicieran cumplir esta ley de identificación.

Sólo siete formas de identificación, incluyendo las licencias para portar armas, se pueden utilizar para obtener una identificación de votante de Texas. No se permiten otras formas de identificación, como ID de la universidad, tarjetas de seguro social y las de las tribus nativas reconocidas por el gobierno federal.

La ley de Texas requiere un certificado de nacimiento para obtener una credencial de votante. El costo para este es generalmente de $22, aunque si hay cambios necesarios debido a cambios de nombre por matrimonio u otras razones, el costo sube.

Y muchas personas necesitarían viajar dos o tres horas a una oficina del gobierno para obtener la credencial de elector. Aunque el estado ofrece una versión de la partida de nacimiento por $2 o $3 para las/os votantes, no ha hecho nada para que esa opción se sepa en las comunidades pobres. Es por ello que el tribunal de distrito federal dictaminó que esta ley asciende a un impuesto de sufragio.

En respuesta a esta decisión, Natasha Korgaonkar del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, declaró: “Esta batalla aún no ha terminado. Estamos comprometidos a asegurar que las próximas elecciones de noviembre de 2014 sean las últimas contaminadas por esta medida discriminatoria”. (Houstonchronicle.com, 18 de octubre)

Detrás del voto reaccionario

¿Por qué la Corte Suprema de Justicia, siempre en sintonía con los deseos de Wall Street, defiende esta ley racista de Texas? Después de todo, las/os activistas de derechos civiles habían luchado durante décadas, soportando palizas, ataques de manguera contra incendios, e incluso linchamientos a manos de policías y del Klan, para ganar el derecho al voto para las personas oprimidas. ¿Por qué debe ahora ser quitado ese derecho?

La explicación “pública” del Tribunal Supremo es que no deseaban hacer un cambio “de última hora” a los procedimientos de votación en Texas. Por supuesto, eso es absurdo. Es mucho más perjudicial para el proceso de votación bloquear el derecho de la gente a votar en lugar de permitir que lo hagan.

No, la verdadera razón se encuentra dentro del mismo sistema capitalista, encerrado en las garras de una crisis económica que no puede superar.

Sumidos en una recuperación sin empleo después de la Gran Recesión, sin perspectivas de crecimiento y expansión económica, los bancos y las corporaciones que gobiernan sobre el panorama político están recurriendo cada vez más a medidas de austeridad, recortes, extracción de plusvalía de la mano de obra barata aquí y en el exterior, para mantener su dominio parasitario.

Conscientes de que esto crea resentimiento público y resistencia, han elegido erosionar todo el derecho democrático duramente ganado, sobre todo en las comunidades oprimidas, con el fin de prevenir cualquier desafío a su dominio. Hasta el derecho de escoger entre candidatos que en su mayor parte son completamente leales al sistema capitalista, es ahora una gran amenaza para ellos. Podría ser utilizado como herramienta por un público desafiante y organizarse en una fuerza vital para lograr un cambio fundamental. Eso es lo que los banqueros, sus políticos y sus tribunales temen.

Junto con los asesinatos por la policía y los vigilantes, el encarcelamiento de millones de jóvenes oprimidos y pobres, y la deportación de millones de trabajadoras/es indocumentados y sus familias, la amenaza del ID del votante debe ser recibida por la lucha decidida de una clase trabajadora multinacional unida.