El Tribunal más alto ataca a las mujeres

El Tribunal Supremo lo ha hecho de nuevo. Otorgó nuevos derechos a las corporaciones. Todo lo que una corporación tiene que hacer estos días es abogar por una nueva interpretación de una ley y — abracadabra — la corte ondea su varita mágica sobre el tema y se concede el deseo.

En el caso de la objeción de la tienda Hobby Lobby al mandato de anticonceptivos en la Ley de Asistencia Asequible [de la salud], el propio tribunal se contorsionó en la decisión 5-4 expedida el 30 de junio. Los cinco jueces, hombres conservadores, concedieron derechos religiosos a una corporación con fines de lucro que pasará por alto las opciones de cuidado de la salud de sus empleadas o beneficiarias designadas.

Ahora, no solo las empresas son “personas”, como los mismos cinco jueces dictaminaron en el caso Ciudadanos Unidos en 2010, sino que tienen derechos religiosos. Derechos que discriminan contra las necesidades de salud de las trabajadoras. Pero la concesión de otorgar derechos religiosos “sentidos fervientemente” a las corporaciones, está en acorde a la decisión de la mayoría el 5 de mayo, que autorizó rezos en las reuniones públicas.

En un discurso de disenso de 35 páginas, marcado por sarcasmo, el cual Huffington Post calificó de mordaz — la jueza Ruth Bader Ginsburg, acompañada por las juezas Breyer, Kagan y Sotomayor, respondieron a las muchas contorsiones y distorsiones de la mayoría. Deshaciendo metódicamente la ilógica de la mayoría al medir el caso de Hobby Lobby contra la Ley de Restauración de Libertad Religiosa (RFRA por sus siglas en inglés) de 1993, la jueza Ginsburg señaló que de acuerdo con la ley RFRA ninguna creencia religiosa debe “afectar de manera significativa los intereses de un tercero”.

Clavó el punto cuando aseveró: “Ninguna tradición, y ninguna decisión anterior bajo RFRA, permite una exención basada en la religión cuando la adaptación hubiera sido perjudicial para los demás — aquí, las mismas personas que el requisito de cobertura de anticonceptivos haya sido diseñado a proteger.”

La ironía es, que de los cuatro tipos de anticonceptivos que la empresa se opuso a pagar — porque dijeron que causan abortos — dos de ellos, el Plan B y la píldora para la mañana después que se llama Ella, habían estado en el plan de salud de las/os empleados por años. Un artículo en Mother Jones del 21 de marzo llegó a la médula en ese respecto: “Las etiquetas de estos productos han sido puestas al día en Europa para reflejar la ciencia, y la Iglesia Católica en Alemania abandonó su oposición a que los hospitales católicos locales proporcionaran anticoncepción de emergencia a víctimas de violación después de revisar la evidencia”.

Las otras dos formas de control de la natalidad son los dispositivos intrauterinos, los cuales un número de estudios ha mostrado que no causan abortos. Sin embargo, todos los jueces ignoraron la evidencia científica o eligieron ignorar la cuestión. Predeciblemente, los únicos grupos médicos que apoyaron la noción de que la píldora del día después y los DIU causan abortos, son la Asociación Médica Cristiana y los Obstetras y Ginecólogos Pro-Vida.

Todo este asunto se pudiera haber evitado si el proyecto de ley de atención médica hubiera establecido un sistema de pagador único como Medicare. Pero debido a que el gobierno de Obama se rindió ante el establecimiento médico de pago por servicio y las gigantes compañías aseguradoras, tenemos ahora un rompecabezas de servicios de salud que está pagado – y ahora controlado — por las corporaciones. Alrededor del 55 por ciento de las/os trabajadores obtienen atención de salud a través de sus puestos de trabajo.

Como declaró Monica Moorehead en un comunicado de prensa que anunciaba un día de manifestación convocado por la Coalición del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de Nueva York: “Esta decisión expone porqué el servicio de salud debe ser proporcionado a todas/os para que todas las personas tengan igualdad de acceso a la atención. Sabemos que esta decisión va a caer más pesadamente sobre las mujeres pobres trabajadoras, desproporcionadamente sobre las mujeres de color, inmigrantes, jóvenes, lesbianas y transexuales, así como las mujeres que viven en zonas rurales. Por eso nos oponemos a ella”.

En su decisión, la mayoría trató de cubrirse al afirmar que “no debe ser entendido que todos los mandatos de seguro de cobertura, por ejemplo, de vacunas o transfusiones de sangre, deban suspenderse necesariamente si entran en conflicto con las creencias religiosas de un empleador”. No obstante, Ginsburg predijo que la decisión introduciría “caos”.

Pero el caos es un arma de doble filo. Esta decisión expone aún más la no democrática Corte Suprema, que no ha sido elegida, como un brazo del estado capitalista al servicio de las corporaciones y no para el bienestar de las masas del pueblo trabajador. No debe ser ni reverenciada ni obedecida.

La lucha sobre esta cuestión solo está comenzando.