Destitución del alcalde de Bogotá amenaza conversaciones de paz

El derechista Procurador General de Colombia, usando métodos ilegales depuso al alcalde de Bogotá quien fuera popularmente elegido, amenazando así el futuro de las vitales conversaciones de paz con el movimiento político guerrillero FARC-EP y el futuro de la democracia en Colombia.

El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado “medidas cautelares” al alcalde elegido por el pueblo de Bogotá, Gustavo Petro, solicitando al gobierno colombiano que no retirara al alcalde en espera de nuevos procedimientos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A diferencia de Estados Unidos, Colombia es signataria de la presente Convención. La CIADH consideró que era inminente la posibilidad de una violación de los derechos políticos de Petro y consiguientemente, de los derechos políticos de la población bogotana, por lo que se justificaban medidas cautelares para proteger contra violaciones de la Convención.

El Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez encontró a Petro no apto para el cargo debido al hecho de que él trató de poner los servicios de recolección de basura de Bogotá de nuevo bajo el control público a fin de garantizar precios más bajos y mejores servicios para las/os habitantes de la ciudad. También había planes para introducir servicios de reciclaje. Petro solicitó a la CIADH protección y ayuda.

Un grupo de capitalistas que se lucran de la recolección de basura de la ciudad se quejó a Ordóñez sobre los planes de cambio a estos servicios. Posteriormente, el Procurador General abrió una investigación de Petro. El 13 de diciembre, Ordóñez, quien no ha sido elegido por nadie, declaró a Petro, quien sí fue elegido popularmente, no apto para el cargo, por entre otros delitos, interferir con el derecho a contratar.

La expulsión de Petro por el Procurador General es un método que la oligarquía gobernante colombiana ha utilizado para eliminar líderes izquierdistas. Este procedimiento fue utilizado anteriormente contra la popular senadora afrocolombiana Piedad Córdoba. Se ha informado también que Ordóñez investiga actualmente al Representante progresista Iván Cepeda Vargas.

Una historia de terror derechista

Otro método de eliminación de líderes populares en Colombia ha sido el uso del terror y el asesinato. En la década de 1980 la Unión Patriótica representó un desafío electoral al dominio del poder de la oligarquía gobernante. Una campaña genocida de terror y asesinatos se produjo cuando entre 4.000 y 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica y sus seguidores fueron asesinadas/os, entre ellos dos candidatos presidenciales. Miles más fueron obligadas/os al exilio.

Más recientemente, 31 líderes de la organización popular Marcha Patriótica, han sido asesinadas/os desde su fundación en abril de 2012. Asesinatos, amenazas de muerte y detenciones arbitrarias continúan plagando a las/os dirigentes populares y de izquierda. Mientras tanto, la ayuda militar de los Estados Unidos sigue llegando a Colombia para mantener el status quo.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos había declarado anteriormente que si la CIADH prohibiera el despido de Petro, él respetaría esa decisión. En virtud del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados previamente tienen prioridad en el ordenamiento jurídico colombiano. Por lo tanto, una decisión de la CIADH debe ser vinculante para el gobierno colombiano.

Hipócritamente y en alianza con otros sectores de la oligarquía, el presidente Santos se ha negado a vetar la eliminación de Petro desde la publicación de las medidas cautelares, lo que significa que Petro está ahora fuera del puesto.

Iván Márquez, portavoz del grupo guerrillero más grande de Colombia, las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), afirmó que la “decisión absurda” de eliminar a Petro tendría “un impacto muy negativo” en las conversaciones de paz. Este líder de las FARC habló de una pérdida de confianza en las conversaciones debido a la destitución arbitraria y antidemocrática.

Las FARC-EP y el gobierno colombiano han estado en conversaciones de paz desde octubre de 2012, en un intento por poner fin a la guerra civil de 50 años de Colombia. En estas conversaciones en La Habana, las FARC han exigido reiteradamente que debe haber un cambio social en el país para eliminar las condiciones que llevaron al conflicto armado. Las conversaciones de paz son apoyadas por una abrumadora mayoría de la población, con múltiples encuestas de opinión pública que muestran más del 60 por ciento a favor de las conversaciones.

Las conversaciones tienen una agenda de múltiples puntos, siendo uno de ellos la participación política. La decisión de retirar a un funcionario electo da un golpe al centro de este tema del programa al momento cuando las FARC y muchos otros sectores políticos están buscando una participación política más amplia, con garantías de seguridad para la izquierda como parte de cualquier acuerdo abarcador de paz.

Sin embargo, ante este revés, las/os colombianos continúan movilizándose. En las fechas de Marzo 15 al 17 se dio la Cumbre Agraria, donde se discutieron planes para organizar otra huelga agraria para defender a las/os campesinos en contra de la devastación que resultará de los acuerdos de libre comercio recientemente impuestos. La demanda de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, más progresista e incluyente se escucha por todo el país. A pesar de esta eliminación no democrática del alcalde de Bogotá, continúa la lucha por una Colombia nueva y más justa.

Mark Burton es un abogado criminalista y de derechos civiles en Denver, Colorado, EE.UU.