Senado mexicano accede a venta recursos energéticos

Con 3.500 policías fuertemente armados rodeando el edificio que alberga al Senado Mexicano, una mayoría de ese órgano aprobó un proyecto de ley de “reforma energética” en la medianoche del 11 de diciembre. La amplia legislación fue aprobada con sólo 10 horas de discusión. Esta abrirá el camino a la privatización de los activos más valiosos del país: el sector de la energía, incluyendo petróleo, gas natural y electricidad.

Horas más tarde, el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y se envió a los 31 estados de la república mexicana para su confirmación. Antes de que esta ley pueda ser promulgada, debe obtener la aprobación de 17 estados, ya que requiere un cambio de varios artículos de la Constitución. Para el 16 de diciembre, ya 16 estados la habían endosado.

Esta ley tendrá enormes consecuencias negativas para las masas populares y su aprobación ya ha despertado la oposición de las masas. La única forma en que se podía aprobar era a través del proceso de “vía rápida”, que dio a algunos diputados sólo 10 minutos para emitir su voto, junto con la fuerte presencia policial. En algunas zonas, los senadores y/o diputados fueron escoltados a las cámaras en camiones policiales. Cambios de última hora de la agenda en algunos estados impidieron que diputados de la oposición dieran sus votos.

La “reforma” permitirá la inversión privada, tanto nacional como transnacional, en el sector energético, que ha estado bajo la propiedad y control del Estado mexicano a través de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos conocida como Pemex. Esta ley otorgará derechos amplios a empresas privadas para la exploración, extracción, refinación y comercialización de petróleo y gas natural. También eliminará por completo las cinco plazas ocupadas por el sindicato de los trabajadores petroleros en el consejo de Pemex compuesto de 15 miembros.

Los que promueven la privatización tratan de justificarlo diciendo que Pemex no cuenta con los recursos necesarios para extraer petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, donde hay depósitos significativos – se estima en un 50 por ciento de los recursos de petróleo sin explotar del país. También dicen que se necesitan mejoras tecnológicas con el fin de ser “más competitivo”. Los privatizadores afirman que Pemex quedará en bancarrota dentro de 20 años si no hay cambios. (jornada.unam.mx )

Impacto potencial

Pemex proporciona la mayor fuente de ingresos de México. Según Manuel Bartlett, un senador de la oposición perteneciente al izquierdista Partido del Trabajo (PT), “los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario pasarían de 68 por ciento actual a 55 por ciento, en el mejor de los casos, y hasta 27 por ciento en el peor de los escenarios, según el tipo de contrato de que se trate”. (jornada.unam.mx, 13 de diciembre) Pemex actualmente ayuda a financiar muchos servicios y programas sociales como la educación y la atención de la salud.

En virtud de la reforma, los recursos que ahora pagan por estos servicios se desplazarán a manos privadas, en su mayoría fuera del país y lejos del pueblo mexicano quien más lo necesita. Según la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), México en este momento es el único país de América Latina donde la pobreza ha ido en aumento. Un estudio reciente mostró que el número de mexicanas/os que viven por debajo del nivel de pobreza ha aumentado a 60 millones, en una población de poco más de 112 millones. Es revelador que el Estado de México tenga la mayor pobreza. El actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del Estado de México desde el 2005 hasta el 2011.

También se predicen impactos no económicos como la posible destrucción del medio ambiente y la devastación ­cultural.

La riqueza de Pemex

La Jornada, el periódico de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, en un artículo titulado “Petroleras tendrán acceso a riqueza de 3 billones de dólares”, refutó la afirmación hecha por los autores de la reforma que aducen que Pemex está en bancarrota. Citando a economistas mexicanos, Israel Rodríguez escribe: “los cálculos más conservadores indican que México posee reservas probadas de crudo por 14 mil millones de barriles. En hidrocarburos de lutitas (shale), las existencias de crudo en México son de 13 mil millones de barriles adicionales, y las de gas natural de 545 billones de pies cúbicos”.

Rodríguez continúa diciendo que: “Pemex se mantiene como el quinto productor mundial de petróleo, es también el quinto exportador y las reservas mexicanas se ubican en el decimotercer lugar mundial; los costos de extracción son los más bajos: 6.84 dólares por barril frente a 7.55 de Statoil, 9.55 de Exxon o 13.62 de Petrobras. Sus ingresos antes de intereses, impuestos y amortizaciones (EBITDA) pasaron de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012; durante los últimos tres años ha mantenido un promedio de inversión de 22 mil millones de dólares, mientras que empresas como Exxon o British Petroleum realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares; además, el pago de su deuda ocupa 6.4 por ciento en proporción de su capital de operación, por lo que resulta muy discutible la afirmación de que carece de recursos para afrontar nuevos retos”.

¿Quién está detrás de la reforma?

El presidente Peña Nieto pertenece al derechista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país durante décadas hasta el año 2000. Cuando recuperó el poder hace un año, después de una elección ampliamente corrupta, prometió un plan completamente neoliberal disfrazado de un plan para “salvar a la nación”. Este plan, llamado el Pacto por México, abarca entre otras, grandes reformas en la educación, las finanzas, las telecomunicaciones y la seguridad.

Estas reformas han sido un camino directo a las políticas anti sindicales y de privatización. Los tres partidos principales apoyaron el Pacto: el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), que bajo el predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, militarizó el país y desató una violencia terrible, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde entonces, el PRD se ha separado del Pacto, sobre todo por su oposición a la reforma.

Básicamente, tanto el PRI como el PAN quieren imponer una agenda neoliberal en nombre de los ricos y las empresas transnacionales. Ambos sirven como sustitutos del imperialismo estadounidense en México y en la región.

Los primeros elogios aprobando la reforma fueron Washington y los grandes medios corporativos de Estados Unidos. La oposición ha señalado desde el principio que la reforma fue redactada por y en nombre de Exxon Mobil, Chevron y otras grandes corporaciones energéticas. La dominación imperialista avanzará en México con terribles consecuencias.

La oposición mexicana considera a la reforma energética como el desarrollo más devastador en la historia reciente, igual a la aprobación del TLC en 1994. Señala el fin de la soberanía mexicana en el sector energético. Fue en 1938, cuando las empresas petroleras extranjeras estaban robando el petróleo del pueblo mexicano y otros recursos naturales, que el entonces presidente Lázaro Cárdenas lo aseguró a través de una legislación que nacionalizó la industria petrolera. Ahora, 75 años más tarde, las compañías petroleras de Estados Unidos finalmente han logrado, después de muchos intentos, abrir los recursos naturales más importantes de México para su posterior explotación.

La oposición

La reforma energética, así como otras medidas anti-populares en materia de educación, transporte y otras, ha sido opuesta por senadoras/es y diputadas/os izquierdistas, así como por sindicatos y movimientos sociales. Esfuerzos por detener la legislación fueron hechos por el PT, el Movimiento Ciudadano y el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue despojado de la elección presidencial en el año 2006 por las maquinaciones de los partidos institucionales de la derecha. Sin embargo, la abrumadora presencia de la policía y la velocidad del proceso impidieron una enérgica resistencia exitosa y oportuna.

La militarización y la violencia del estado han desempeñado un importante papel en la prevención de una lucha eficaz. La represión e incluso los asesinatos de activistas políticos, son comunes en México. El Estado ha aprobado una nueva legislación para reducir las manifestaciones públicas en la capital, yendo tan lejos como prohibiendo las marchas que hacen demandas a la ciudad o al gobierno federal.

Las fuerzas progresistas han realizado varios intentos de unirse para llevar una lucha más concertada. Varias movilizaciones han tenido lugar, convocadas por diversas organizaciones. Un frente unido está formándose organizado por el PT, PRD, Movimiento Ciudadano, Unión Nacional de Trabajadores, y los sindicatos de trabajadoras/es universitarios y teléfono, entre otros. Las/os artistas se han unido para oponerse a la reforma en un colectivo llamado “El Grito Más Fuerte”.

Y se están recogiendo firmas en una petición para que se lleve a cabo una consulta popular para la derogación de la ley.

La insatisfacción aumenta. Ningún acuerdo puede tener éxito si el pueblo une sus fuerzas para luchar conjuntamente. El movimiento progresista en los Estados Unidos debe ayudar a las fuerzas progresistas en México en todas las formas posibles y exponer la crueldad y la hipocresía del gobierno capitalista estadounidense, que no sólo no ha logrado aprobar una reforma inmigratoria plena que pueda ayudar a las/os inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, sino que ahora va a devastarles en su propio país a través de la intensificación de la explotación de los recursos mexicanos.