El significado del Proceso de Paz colombiano

Este último año, Colombia ha ­estado repleta de eventos históricos. Paros agrarios, negociaciones de paz, consultas populares, grandes manifestaciones estudiantiles, en fin, un gran dinamismo en el entorno de los movimientos sociales. Aunque no sea lo suficientemente ­masivo para cambiar la balanza del poder, si es lo suficiente para que se vislumbre el ­camino a la esperanza para este pueblo al que ­tanto ésta se le ha negado.

Negociaciones de paz

Ya hace un año que representantes de las FARC-EP y el gobierno del presi­dente Juan Manuel Santos se encuentran en negociaciones en la ciudad de la Habana, Cuba con el fin de buscar el fin del conflicto armado en ese país andino.

Estas conversaciones que se iniciaron bajo un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, no son meramente diálogos entre fuerzas opuestas para lograr un consenso. Son y reflejan la dura realidad colombiana que afecta a la gran mayoría de su población. Exponen la enorme desigualdad que existe en este país, lo que hace imposible una paz con justicia social. Exponen también la falta de garantías democráticas para quienes se opongan a las políticas neoliberales impuestas por los EE.UU. y llevadas a cabo por el gobierno nacional.

La insurgencia armada, tanto las FARC-EP como el ELN, no son sino la expresión de un pueblo ante tanta pobreza, hambre y desamparo sin otra posibilidad de lucha. En Colombia, la lucha por los derechos humanos, sociales y sindicales se paga con sangre y con la vida, como lo han demostrado las cientos de miles de personas muertas, activistas sociales, de derechos humanos, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas, etc.

Es por esto que este Proceso de Paz va dirigido a toda la población ­colombiana. De hecho, las FARC han creado una ­página en el internet “mesadeconversaciones.com.co” donde no solo están las propuestas, sino que se pide a la población en general escribir sus comentarios y propuestas. Éstas han sido estudiadas por la insurgencia en la mesa de diálogos e incorporadas a las propuestas dirigidas al gobierno. La mesa de diálogo también hizo una convocatoria para la celebración de foros temáticos en Colombia y así fomentar la participación activa en las negociaciones.

De los seis puntos de la agenda de discusiones, (1) política de desarrollo agrario integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al problema de las drogas ilícitas, (5) víctimas y (6) la implementación, verificación y refrendación, sólo los primeros dos han concluido.

Cada paso de las conversaciones se ha visto entorpecido por una clara renuencia del gobierno a lograr una solución que no sea otra que la insurgencia deponga sus armas unilateralmente. Por una parte el gobierno ha negado la posibilidad de un cese a las confrontaciones armadas mientras se lleve a cabo el proceso, y por otra no ha permitido un diálogo abierto de la ciudadanía con las fuerzas insurgentes.

Sólo hace muy poco, el 1º de octubre, se vio en la televisión colombiana una entre­vista por el periodista Antonio Caba­llero a Pablo Catatumbo e Iván Márquez, voceros de las FARC desde Cuba, en el programa “Las Claves” en el Canal Capi­tal donde explican al pueblo cómo se están desarrollando las conversaciones. (canalcapital.gov.co)

Paro agrario nacional

La gran necesidad de una política agraria que beneficie al pueblo, primer punto de la agenda de las negociaciones, fue expuesta el pasado 19 de agosto ­cuando comenzó en Colombia un gran Paro Nacional Agrario y Popular.

Si bien el problema de la tenencia de tierras ha sido central en el conflicto, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. en mayo del 2012 ha agravado la situación económica sobre todo para las poblaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. El aumento del transporte, de los insumos, la inundación de productos baratos desde EE.UU. para competir con los productos colombianos, etc., hacen recordar el levantamiento en Chiapas a raíz de la puesta en marcha del TLCAN entre México y EE.UU. en enero de 1994. Las consecuencias del TLCAN destruyó la agricultura mexicana lan­zando a millones a la pobreza extrema y a la migración.

En todos los sectores campesinos del país colombiano ha habido una profunda y creciente insatisfacción que finalmente explotó en el mes de agosto.

“El paro nacional agrario es consecuencia del descontento social de la situación ­calamitosa en la que vive la mayor parte de la población rural en Colombia (…) debido a la firma del TLC que fue diseñado fundamentalmente para favorecer a los capitales extranjeros y a unos cuantos oligarcas nacionales que están asociados a ellos, dijo Jairo Jurado, miembro de Marcha Patriótica’’. (andes.info.ec)

El paro, con bloqueos de importantes carreteras, iniciado por organizaciones campesinas en defensa de su territorio y contra los efectos del TLC, en pocos días se amplía por todo el país sumándose además otros sectores sociales, sindicatos, estudiantes, etc.

El gobierno de Santos respondió con una enorme violencia. Para el 8 de septiembre, ya había 660 casos de violaciones a los derechos humanos, 485 heridos, 12 campesinos asesinados, 262 detenciones arbitrarias y 52 hostigamientos y amenazas.

Aunque Santos trató de desestimar el paro y su lucha a nivel nacional, para finales de agosto “más de trescientas mil personas, entre campesinos, indígenas, afrocolombianos, trabajadores, trasportadores, estudiantes, y colombianos y colombianas en general parti­cipan activamente en esta justa lucha”. (viacampesina.org)

Luego de 21 días de bloqueos, se ­levantó el paro a nivel nacional, pero no las movilizaciones. Se había formado una Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Inter­locución y Acuerdo (MIA) para entablar un diálogo con el gobierno nacional y hacerle ver sus exigencias, pero a pesar de varias reuniones con el gobierno, éste aún no ha respondido a las necesidades y verdaderas propuestas de la MIA. Las organizaciones convocantes dicen que las medidas concedidas por el gobierno no han sido suficientes y que el gobierno habla y promete, pero no cumple su pala­bra. Una de las exigencias del pliego de peticiones del Paro era la de “Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países”.
(viacampesina.org)

La respuesta del gobierno ha sido en cambio, intensificar la criminalización de la protesta social en general. Por ­largo tiempo el gobierno colombiano ha acusado a líderes y activistas sociales, estu­diantiles y sindicales de pertenecer a la guerrilla. Muchas mujeres y hombres han sido asesinados por paramilitares o por fuerzas policiales o militares. Hay más de 10.000 prisioneros y prisioneras políticas. Hay muchas personas aún desaparecidas y amenazadas.

El gobierno de Santos pretende borrar esta realidad y aparecer con una ­nueva cara luego de la terrible gestión de su antecesor, el presidente paramilitar, ­Álvaro Uribe. Pero no sólo la situación sigue igual, sino que ha empeorado por la ­intensificación de la invasión de corporaciones transnacionales, particularmente de EE.UU. y el robo subsecuente de los territorios a sectores campesinos, afrocolombianos e indígenas.

Uno de los últimos sucesos que ha indignado al pueblo, ha sido el encarcelamiento de un líder sindical que era vocero nacional de la MIA, vicepresidente de FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, y miembro de la junta Patriótica Nacional del Movimiento Político y Social – Marcha Patriótica, Huber Ballesteros Gómez, acusado falsamente de los delitos de rebelión y terrorismo. Lanzaron una campaña nacional e internacional exigiendo la liberación inmediata de Ballesteros.

Ésta es la verdadera respuesta del gobierno a las justas exigencias del pueblo colombiano.

Por eso es imprescindible que los movimientos progresistas a nivel internacional acompañen el Proceso de Paz de todos y todas las colombianas y rechacen la violencia de parte del estado hacia los sectores populares. Y, quienes estamos en los EE.UU., exigir la terminación de la ayuda militar estadounidense a la máquina militar colombiana.