Bancos rescatados, pero el pueblo vendido

Dos acuerdos fueron anunciados el 7 de enero en acciones legales contra los grandes bancos por abusos en poner millones de hogares en ejecución hipotecaria en Estados Unidos. Pero ambos acuerdos ayudaron solamente a los bancos, no a los/as propietarios/as.

En un acuerdo, la Oficina del Contralor de la Moneda (una agencia del Departamento del Tesoro Federal, OCC por las siglas en inglés) y la Reserva Federal, a cambio de un exiguo pago de $8,5 mil millones por los bancos, acordaron levantar decretos de consentimiento bajo los cuales habían colocado a los principales prestamistas hipotecarios. Bajo los decretos, los prestamistas debían revisar 4,3 millones de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2009 y 2010. Los bancos involucrados en el acuerdo eran Aurora, Bank of America, Citibank, JP Morgan Chase, Bank de MetLife, PNC, Sovereign, SunTrust, U.S. Bank, y Wells Fargo.

La Oficina del Contralor había ordenado revisiones independientes de cada ejecución hipotecaria realizada o iniciada en 2009 y 2010 por dos razones. Una fue debido a los enormes abusos por parte de los bancos en poner a los/as propietarios/as en ejecución hipotecaria sin haber estado en mora. La otra era por el fracaso de los prestamistas en aplicar los programas federales que exigen evaluaciones de los/as propietarios/as para la modificación del préstamo bajo el Programa de Modificación para Préstamos Asequibles.

En el Marco de Corrección Financiera de la OCC del 21 de junio de 2012, los/as propietarios/as de casas que alegasen errores de servicios en sus hipotecas debían tener sus embargos suspendidos pendiente a una revisión, cancelada la ejecución si se hubiera encontrado violaciones, y pagada una indemnización de $5.000 hasta $15.000 para quienes aún estuviesen en sus hogares y $125.000 o más del capital perdido a quienes perdieron sus hogares ilegalmente.

La OCC pagó a contratistas privados $1,5 mil millones para llevar a cabo las revisiones para los/as 495.000 dueños/as de casas que solicitaron. Otros/as 3,8 millones propietarios/as elegibles para una revisión no solicitaron porque nunca recibieron solicitudes o porque estaban desmoralizados/as por las malas noticias que constante recibían de los bancos. (huffingtonpost.com, 7 de enero)

¡Ni un/a solo/a propietario/a recibió la ayuda prometida! Y a pesar de las normas publicadas, ni una sola ejecución hipotecaria fue suspendida pendiente a revisión con abogados representantes de los bancos. El gobierno federal sigue ejecutando embargos en directa violación a sus propios reglamentos.

El acuerdo provee la suma de $3,3 mil millones en pagos directos a los/as prestatarios/as elegibles. Esto equivale a sólo $868 por propietario/a, comparable a los magros pagos a propietarios/as bajo el acuerdo federal anterior del Fiscal General anunciado hace varios meses. Otro $5,5 mil millones se destinarán a las modificaciones de préstamos — probablemente para “incentivar” a los mismos bancos que se negaron a efectuar las modificaciones en primer lugar — y para el perdón de los juicios por deficiencia de las ejecuciones hipotecarias que nunca deberían haber ocurrido.

Acuerdo del Bank of America y Fannie Mae

En el segundo acuerdo sobre ejecuciones hipotecarias también revelado el 7 de enero, el Bank of America anunció que pagaría $8,5 mil millones a Fannie Mae para resolver las demandas montadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Bank of America y Countrywide, el notorio prestamista de hipotecas de alto riesgo tomado por Bank of America, de que Fannie Mae y Freddie Mac habían vendido 30.000 hipotecas defectuosas y fraudulentas con valor de $1,4 billones desde el 1o de enero de 2000, hasta el 31 de diciembre de 2008. Los $8,5 mil millones es una pequeña fracción de los $300 mil millones que se perdieron en estas hipotecas como consecuencia de las prácticas de Countrywide y Bank of America. (Deutsche Welle, 7 de enero; huffingtonpost.com, 7 de enero)

Como Fannie Mae y Freddie Mac fueron adquiridos totalmente en 2008 por el gobierno federal como parte de la Ley de Vivienda y Recuperación Económica, este acuerdo significa que los/as contribuyentes de impuestos serán los/as responsables por los $290 mil millones en pérdidas que no se recuperaron de los bancos.

Federales todavía rescatan a los bancos mientras el pueblo sufre

Estos nuevos “acuerdos” hipotecarios reflejan la complicidad del gobierno federal con los bancos en el debacle de viviendas que sigue costando a millones de familias de la clase trabajadora sus hogares.

Mientras los medios de comunicación corporativos intentan hacer creer que la crisis hipotecaria ha finalizado, para el tercer trimestre del 2012 había 1,17 millones de hogares en proceso de ejecución hipotecaria. (dsnews.com, 21 de diciembre) En ese trimestre, los administradores de hipoteca iniciaron 252.604 nuevos embargos. Más del 11 por ciento de todas las hipotecas estaban morosas, con un 4.4 por ciento seriamente atrasada, lo que significa 60 días o más vencida. (Informe OCC, 21 de diciembre) Una tasa del 1 por ciento seriamente atrasada hubiera sido considerada una crisis nacional hace 10 años.

El gobierno federal ha nacionalizado completamente la industria hipotecaria. Setenta y cinco por ciento de todas las hipotecas que se originaron desde 2008, están garantizadas por Fannie Mae o Freddie Mac. El resto de los préstamos está asegurado por la Agencia Federal de la Vivienda. El aseguramiento de las hipotecas privadas ha desaparecido completamente.

Los/as contribuyentes ya han pagado $180 mil millones para cubrir las pérdidas en los pagos a los bancos por fallidas hipotecas aseguradas por el gobierno. Según el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso de enero de 2010, la OPC calcula en $389 mil millones, el costo para este rescate pagado por los/as contribuyentes, con muchas estimaciones mucho mayores.

Mientras los bancos tienen ganancias récord por el servicio de hipotecas respaldadas por el gobierno y por venderlas a los/as prestatarios/as con infladas tasas de interés, los/as propietarios/as siguen quedando privados/as de sus hogares por las prácticas fraudulentas y crueles de los bancos rescatados.

Los/as propietarios/as, los/as inquilinos/as y los/as activistas deben continuar organizándose y exigiendo que el gobierno federal ponga al pueblo primero, antes de los bancos. Necesitamos una moratoria de todas las ejecuciones hipotecarias y los desalojos relacionados con la ejecución hipotecaria y una reducción inmediata en el costo del principal, para que las hipotecas reflejen el verdadero valor de las viviendas. Con la toma federal del poder de la industria hipotecaria, el presidente Barack Obama podría implementar estas políticas hoy mismo a través de una orden inmediata ejecutiva.

Goldberg es un abogado del pueblo en Detroit que lucha contra los bancos en casos de ejecuciones hipotecarias, así como un organizador importante en la Coalición Moratoria AHORA! para Detener las Ejecuciones Hipotecarias, Desalojos y Cierres de Utilidades.