Editorial: No es acto de caridad

Impulsada por la financiación de capitalistas racistas y de extrema derecha, está arrasando por todo Estados Unidos una campaña para restringir y negar el derecho a votar a los/as afroamericanos, latinos/as, y otras comunidades pobres y oprimidas. ¿Hasta dónde llegará?

Apenas tres semanas antes de las elecciones, comenzaron a aparecer en las principales ciudades de Wisconsin y Ohio, carteleras diciendo: “El fraude electoral es un delito grave —hasta 3-1/2 años y $10.000 de multa”. Los carteles — todos publicados en barrios con altas poblaciones afroamericanas— son un intento directo para intimidar a los/as votantes tratando de convencer a la gente que la votación es una actividad riesgosa.

La cuestión del derecho a votar para los/as afroamericanos se remonta al período posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos conocido como la Era de la Reconstrucción. Desde el 1866 hasta 1876, la gente anteriormente esclavizada en el sur, con protección armada de las tropas federales del Norte, lucharon por la igualdad al mismo nivel que los blancos, especialmente en las áreas de representación política, educación y posesión de tierra. Este período profundamente progresista se truncó violentamente con la retirada de las tropas, lo que dio origen al Ku Klux Klan, un grupo terrorista que favorecía a los estados sureños (Confederación) derrotados en la guerra, a condiciones de semi-esclavitud y eventualmente, a una segregación profundamente arraigada.

Muchas personas en estas comunidades recuerdan cuando el desafío a las leyes de Jim Crow y otras restricciones a los/as votantes negros/as en el Sur resultaban en multas, encarcelamientos, violencia e incluso, en muerte. La Ley de Derechos Electorales de 1965 que fue ganada a través del movimiento de Derechos Civiles, ha sido severamente debilitada durante décadas, como tantas otras concesiones progresistas.

Con las políticas de “detener y cachear” puestas en vigor en muchas áreas urbanas, el solo caminar-mientras-se es-negro/a puede resultar en acoso policial, arrestos o en algo peor. En todos menos dos estados, más de 4,4 millones personas que anteriormente estaban encarceladas, son etiquetadas como criminales y les está permanentemente negado el derecho a votar.

A pesar de una decisión de la corte estatal de limitar la implementación de la represiva ley de identificación del votante en Pensilvania, el estado sigue produciendo información a través de la radio y anuncios de televisión, carteles en autobuses y propaganda que es enviada a miles de personas mayores en un programa de medicamentos recetados, que un carnet de identidad es necesario para votar. En un barrio predominantemente latino en el norte de Filadelfia, un cartel representando a una mujer que sostiene una licencia de conducir todavía dice, “Si quieres votar, muéstrala”.

Para agregar más a la confusión, la empresa de energía de Filadelfia, PECO, envió a 840.000 clientes un anuncio en sus facturas de octubre que dice que la gente debe tener identificación válida con fotografía para votar.

Las manos de los capitalistas estadounidenses se pueden encontrar en todas estas campañas. Todos los anuncios de carteleras en el medio oeste fueron publicados por el monopolio de medios de comunicación Clear Channel, el cual dice que una “fundación familiar” anónima pagó por casi 150 anuncios de fraude electoral amenazantes.

Las carteleras siguen una campaña promovida por el derechista Consejo Americano de Intercambio Legislativo, ALEC por sus siglas en inglés, financiado por corporaciones, para pasar leyes en más de 34 estados para restringir el voto al exigir una identificación con foto u otra prueba de ciudadanía. Muy poco esfuerzo se ha hecho para ocultar el racismo que motiva esta campaña.

Entre los asociados principales de ALEC están David y Charles Koch, quienes son también la fuerza mayor detrás de los esfuerzos recientes para re segregar las escuelas públicas de Carolina de Norte. Su padre, Fred Koch, fundador de las Industrias Koch, una de las más grandes corporaciones privadas en los Estados Unidos, ganó notoriedad en la década de los 50 como miembro fundador del John Birch Society, una organización neonazi y oponente principal de la integración racial.

El intento de hoy en día de privar a millones de votantes de sus derechos civiles está motivado en gran parte por racistas como los hermanos Koch que parecen decididos a asegurar que el primer Presidente negro de los Estados Unidos no vea un segundo mandato. Pero la cuestión es más profunda que eso.

La clase dominante capitalista en los EE.UU. tiene toda la intención de aplicar el tipo de medidas severas de austeridad ya impuestas a los/as trabajadores/as en muchos países europeos, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales del 2012. En las comunidades oprimidas, donde la policía ya es una fuerza de ocupación, disuadir a las personas de ejercer su derecho al voto es otra forma de suprimir la oposición.

Lo que nunca se debe olvidar es que el fundamental “derecho a votar” no fue regalado por la clase capitalista. Fue ganado a través de décadas de lucha. Por lo tanto, la defensa del derecho a votar no debe ser considerado como un acto de caridad. Es un acto de solidaridad anti-racista con los/as más oprimidos/as, de parte de la izquierda y otras fuerzas progresistas que ayuda a construir la unidad de clase. Nuestras hermanas y hermanos que están luchando contra las medidas de austeridad por el mundo nos están mostrando que el resultado de esta lucha será determinado en las calles, no las cabinas de votación.