Protestan ley racista de votación en Pensilvania
Filadelfia — El 18 de septiembre, la Corte Suprema de Pensilvania envió la controvertida ley estatal de identificación de votantes de regreso a un tribunal inferior para una “opinión suplementaria”, dejando a la ley en un limbo transitorio. Aduciendo que no tolerarían “la privación de derechos del votante”, la decisión mayoritaria de tres jueces republicanos y uno demócrata dio al juez del Tribunal de la Mancomunidad (Commonwealth) de Pennsylvania Robert E. Simpson Jr. hasta el 2 de octubre para decidir si el Estado tiene el tiempo suficiente para acomodar a los posibles votantes que en la actualidad carecen de la identificación requerida.
Algunos han calificado la división de la decisión en 4-2 del tribunal superior como una victoria para los opositores de la ley. Una decisión dividida en 3-3 hubiera dado lugar a que la ley fuera confirmada. Sin embargo, las preocupaciones continúan sobre si la gente tendrá tiempo para cumplir con la ley si es finalmente confirmada. La ley de Pensilvania requiere que los/as nuevos/as votantes estén registrados/as el 9 de octubre para poder votar en noviembre.
Muchos temen que la decisión del tribunal superior solo añada más confusión a las aguas ya enturbiadas por políticas contradictorias emitidas por el Departamento de Transporte de Pensilvania, el cual ha sido encargado de emitir las nuevas identificaciones. La jueza Debra McCloskey Todd, una de los dos jueces disidentes del Tribunal Supremo que criticaban a sus colegas por no bloquear directamente la ley, declaró: “Hay amplia evidencia de desorden en el registro. . . . Los ojos de la nación están sobre nosotros, y este tribunal ha decidido jugar en lugar de actuar”. (Philly.com, 19 de septiembre)
Apenas unos días antes de la decisión de la corte, cientos se manifestaron en Filadelfia en contra de la ley que muchos ven como un intento racista de privar de sus derechos a más de un millón de votantes de Pensilvania — predominantemente personas de color que son pobres, ancianos y viven en zonas urbanas, y que son los/as que menos que suelen tener licencias de conducir o pasaportes. Manifestaciones semejantes han tenido lugar en todo el estado desde que la ley fue aprobada en marzo de 2012 bajo el gobernador Tom Corbett y una legislatura estatal dominada por republicanos.
Con la excusa de que tenía la intención de evitar el fraude “generalizado” de votantes, la nueva ley requiere que los/as votantes muestren una identificación con foto con una fecha de vencimiento para poder votar en noviembre. Para aquellos/as que no tienen una licencia de conducir de Pensilvania o pasaporte de los EE.UU, el Dept. de Transporte PennDOT, dice que emitirá tarjetas de identificación — si las personas presentan certificados originales de nacimiento y tarjetas de seguro social.
Un análisis de los records de conducir a principios de este año encontró que 9 por ciento de los/as votantes en todo el estado, o 758.939 individuos, no podían ser encontrados en la base de datos de PennDOT. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, denunció que otros/as 500.000 votantes registrados/as tienen tarjetas de PennDOT vencidas que pudieran ser rechazadas por los observadores electorales. En agosto, la ACLU disputando la ley como un impuesto de votación del siglo 21, pidió una orden judicial para impedir que la ley sea puesta en efecto, lo que el juez Simpson negó el 15 de agosto.
Un día después de la decisión del Tribunal Supremo, un estudio publicado por el New York Public Interest Research Group reportó que al menos 28.500 estudiantes de más de 15 universidades no podrían utilizar sus identificaciones escolares actuales para votar en Pensilvania en noviembre porque sus tarjetas de identificación carecen de una fecha de vencimiento. Si bien muchas de las casi 100 universidades del estado están emitiendo nuevas tarjetas de identificación estudiantil o distribuyendo pegatinas con fecha de vencimiento, las universidades en el estudio citado no planean ningún cambio.
Un estudio hecho por un profesor de la Universidad de Washington estima que un 37 por ciento de los/as votantes de Pensilvania no están conscientes de la nueva ley y otro 13 por ciento equivocadamente piensan que tienen una identificación aceptable.
