Mundo indignado por el caso de Troy Davis

Frente a la oficina de la Junta en el centro de Atlanta, el reverendo Marvin Morgan se encadenó a un asta para protestar por la negación del indulto. Luego declaró que había comenzado una huelga de hambre. Morgan dijo: “Si el estado de Georgia puede matar intencionalmente una persona en un caso que está rodeado de tanta duda, entonces estamos todos enfrentando la misma suerte”. (Los Angeles Times, 20 de septiembre)

De las largas cadenas que lo sujetaban, cerradas con un candado Master, dijo que “representaban el que cuando una persona está en condiciones esclavitud, estamos todos en condiciones de esclavitud. No estoy loco. Creo que esta acción indica mi cordura más que otra cosa”. Morgan, de 63 años de edad, fue detenido luego por una media docena de policías por entrar a propiedad estatal.

Davis fue acusado de asesinato en primer grado por el disparo a un oficial de policía en 1989, Mark MacPhail en Savannah, Georgia. Fue condenado a muerte en 1991, basado en el testimonio de varios testigos oculares. Años más tarde, al menos siete de esos testigos se retractaron de su testimonio, diciendo que fueron coaccionados por la policía para implicar a Davis.

Una miembro del jurado, Brenda Forest, dijo públicamente que si hubiera tenido toda la información durante el juicio de ­Davis, nunca lo hubiera declarado culpable.

Edward DuBose, presidente de la Conferencia del Estado de Georgia del NAACP, quien visitó a Davis después de la decisión de la Junta, dijo: “Esto es más grande que Troy. Refleja verdaderamente la actitud de un país y un estado que todavía ven la vida de los negros como algo carente de sentido. Esa es la única conclusión que se puede sacar de la decisión tomada por la junta de libertad condicional”. (www.eons.com, 20 de sept.)

Como reacción a la decisión sobre el indulto, Laura Moye, una represente en Georgia de Amnistía Internacional, declaró en una rueda de prensa el 20 de septiembre: “Ésta es una afrenta a los derechos humanos. Esto no es solamente un caso aquí en Georgia donde más de 40.000 personas han unido sus voces al firmar nuestras peticiones. Éste es un caso internacional de derechos humanos. Estamos enfrentando un escándalo internacional de derechos humanos mañana”. (MSNBC)

Cuando fue preguntada por un reportero de MSNBC ¿qué seguirá a la negación del indulto?, Dianne Mathiowetz, una líder del IAC-CAI de Atlanta, dijo “Nunca se termina la lucha por la justicia. Troy mismo lo ha dicho muchas veces. Él quiere que a todos/as sus seguidores/as les preocupe no solamente los hechos de su caso y la negación de justicia en su caso, sino que extendamos ese activismo a los/as miles y miles de otros/as que están encarcelados/as y están enfrentando la muerte. Vamos a continuar con la lucha. Todavía estamos tratando de parar esta ejecución aquí en Georgia. No nos damos por vencido”. (20 de sept.)

Cuando le preguntaron sobre la gente que demanda la justicia para Troy, Mathiowetz contestó, “Las millones de personas que están observando este caso no son personas de alto perfil. Es gente que está perdiendo sus empleos, sus casas, enfrentando sus propias situaciones con el sistema de justicia criminal, ya sean los bancos que ilegalmente ejecutan una hipoteca, los patronos que les despiden, etc.

“La cuestión del porqué de esta decisión de la junta cuando ellos previamente habían dicho que ningún/a prisionero/a sería ejecutado/a en Georgia si quedaba alguna duda, y claramente no había no sólo una sombra de duda, sino montañas. En mi opinión, esta es una decisión política, una decisión que no está basada en la ley”.

Esta reciente atrocidad ha destacado nuevamente la injusticia racista que está tejida en la sociedad estadounidense, especialmente cuando un hombre negro es acusado de matar a un policía blanco. En nueve de cada diez casos, la pena capital está envuelta. El caso del prisionero político con condena de muerte en Pensilvania Mumia Abu-Jamal, es un caso puntual.

La decisión de la junta de Georgia era sobre la protección de la reputación de la policía que forzó a testigos a testificar contra Davis. En otras palabras, si la vida de Davis tiene que ser sacrificada para cubrir la mala conducta de la policía, que así sea. Este punto de vista es la norma, no la excepción.

Mathiowetz dijo a WW/MO: “Si todavía hay alguna persona que tenga dudas sobre la inocencia de Troy Davis, ahora no hay duda sobre la culpa del estado de Georgia de ir hacia adelante con una sentencia de muerte cuando tanta duda ha salido sobre el veredicto original del juicio.

“Para todos los millones de personas que están observando este caso, la decisión de la junta deja claro que este sistema no tiene nada que ofrecer al pueblo — ni justicia, ni empleos, ni cuidado de salud, ni educación, ni imparcialidad”.

Parece que la sangre de otra persona oprimida, la de Troy Davis, goteará de las manos ya sangrientas de Georgia.