Siguen abusos contra prisioneros politicos puertorriqueños

Artículo por Cándida Cotto tomado del periódico Claridad de Puerto Rico www.claridadpuertorico.com

Los prisioneros políticos puertorriqueños Carlos Alberto Torres y Avelino González Claudio son blancos una vez más de las arbitrariedades del Gobierno de Estados Unidos.

En una acción que no tiene otro propósito que evitar su salida de prisión el pasado mes de junio las autoridades volvieron a plantar fisgas en la celda donde se encuentra Carlos Alberto Torres, en la prisión federal Pekín, en Illinois. Es la segunda ocasión en que la oficialidad de la prisión comete este acto contra Torres.

El pasado mes de enero de este año, Torres, quien ya lleva 29 años en prisión, tenía derecho a una vista ante el Buró Federal de Libertad Bajo Palabra (BFLP). A una semana de que se celebrara la vista, de manera sorpresiva los oficiales de la prisión dijeron encontrar varias fisgas en la celda que Torres comparte con otros nueves reclusos. A raíz de esta acusación la vista ante el BFLP tuvo que ser pospuesta hasta que se diera un proceso administrativo en la prisión. Pese a que uno de los presos se hizo responsable por las armas, las autoridades del penal declararon culpables a los 10 ocupantes de la celda. La representación legal de Carlos Alberto apeló esta decisión y logró que le retiraran el cargo.

En mayo se celebró la vista ante el BFLP. El oficial examinador recomendó otorgar libertad bajo palabra a Carlos Alberto en abril del 2010, fecha en que cumple exactamente 30 años de prisión. Tras la recomendación el Buró se suponía que comunicara su decisión final en 21 días. Estando bajo la expectativa de la decisión del Buró, en las primeras semanas de junio el Negociado de Prisiones (NP) volvió a tenderle la misma trampa al luchador independentista puertorriqueño. Este 28 de julio el Buró le informó que habían aplazado su decisión por 90 días, pendientes de la resolución de los nuevos cargos radicados.

En reacción a lo ocurrido Jan Susler, asesora legal del prisionero político puertorriqueño, denunció: “Es obvio que hay alguien en el poder que no quiere que Carlos Alberto salga y están usando una manera sucia e injusta. Vamos a seguir peleando hasta que esté fuera”. Indicó que se proponen impugnar lo sucedido una vez más, según el proceso administrativo, y agregó que como ocurrió en la primera ocasión la misma persona admitió que actuó solo y asumió la responsabilidad por las armas y otra vez el NP atribuyó cargos a todos los presos.

Susler prosiguió que de ser encontrado culpable Torres, la situación es una muy adversa para la decisión del BFLP. De haberse dado el proceso sin incidentes y el Buró aceptado la recomendación del oficial examinador, se suponía que en octubre próximo Carlos Alberto fuera trasladado a una casa de transición.

Denunció además de que aunque a Torres no lo han puesto en segregación y no le han dado por escrito la resolución de los cargos, ya le suspendieron por 60 días poder hacer y recibir llamadas telefónicas, visitas familiares y el acceso a la comisaría. Más aun, perdió 40 días de crédito de tiempo en prisión. El adelanto de los castigos tiene el efecto de que si se gana el proceso administrativo de todas maneras ya habrá cumplido los castigos, censuró.

Niegan atención médica a Avelino

Por otro lado, al prisionero político Avelino González Claudio, quien se encuentra en la prisión MacDougall –Walker, en Suffield, Conneticut, se le está negando atención médica.

Hilton Fernández Diamante, portavoz del Comité de Amigos (CAAGC) contó a Claridad que meses después de ser ingresado a prisión en febrero de 2008, González Claudio comenzó a padecer de alta presión y de temblores en sus extremidades. A reclamos de los familiares y su defensa, el Negociado de Prisiones le hizo las pruebas médicas rutinarias pero se niega a que éste sea examinado por un neurólogo. Fernández Diamante dijo que los síntomas se han incrementado por lo que temen que el compañero pueda estar desarrollando una condición grave como el mal de Parkinson y es evidente que no está recibiendo la atención médica requerida. Señaló que incluso se le ha comunicado a la prisión que están dispuestos a asumir los costos médicos de ser necesario.

Por su parte, el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), licenciado Eduardo Villanueva denunció que las situaciones en que se encuentran los dos Prisioneros Políticos Puertorriqueños constituyen una violación a sus derechos humanos. En el caso de González Claudio reveló que las autoridades de la prisión se niegan a darle los servicios médicos porque alegan que “lo han visto hacer ejercicios”.

Sobre el caso de Carlos Alberto, al censurar la conducta del NP, Villanueva enfatizó que “nadie en su sano juicio puede pensar que un recluso que está a punto de salir con vista de libertad bajo palabra de alguna manera va a conspirar para tener una fisga en su celda. Han hecho ese operativo fatulo para mantenerlo preso. Estados Unidos, que le pide a otros países del mundo que excarcele a presos políticos, no sabe hacer justicia en su propio patio”.

En vista de que el presidente Obama nombró como secretario de Justicia a Eric Holder, quien fue la persona que le recomendó en el 1999 al entonces presidente Bill Clinton, la excarcelación de los once Prisioneros Políticos Puertorriqueños y ahora parece mostrar una postura diferente, el licenciado Villanueva comentó que en el proceso de confirmación de Holder los Republicanos levantaron precisamente ese elemento en su contra, lo que parece haber creado en éste un “efecto de congelamiento”.

“Obama tiene la facultad constitucional del perdón ejecutivo pero aparentemente también se ha congelado y está actuando de manera conservadora. Prefiere asumir el costo político de la brecha de credibilidad que abre esa actuación discriminatoria contra estos puertorriqueños”, manifestó Villanueva.

El portavoz del CPDH exhortó a que “ahora es más importante que nunca retomar las acciones de presión tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos y a nivel internacional, en todos los foros posibles para que Obama sepa que estos puertorriqueños tienen el apoyo y respaldo de un pueblo, comunidad internacional y de los organismos que velan por los derechos humanos del mundo”, expresó.

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